El Senado aprobó en general la Ley de Reparación Histórica a Jubilados

BUENOS AIRES.- El pago de deudas a jubilados por juicios pendientes y reajuste de haberes, que será financiado en parte con el nuevo blanqueo, fue convertido en ley con amplio apoyo de la oposición, al cabo de un debate de más de siete horas.

La iniciativa, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso bajo el título de “Régimen de Reparación Histórica”, dividió en dos al Frente para la Victoria. Mientras que el grueso del bloque liderado por Miguel Pichetto acompañó el proyecto -al igual que los senadores peronistas de San Luis y La Pampa-, el kirchnerismo duro referenciado en La Cámpora alzó duras críticas y se definió por el rechazo. Hubo una sola abstención, la de Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur). La flamante ley tiene como objetivo pagar deudas a los jubilados por sentencias y reajuste de haberes mal liquidados a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y el dinero obtenido del blanqueo que el Gobierno estima en un piso de 20.000 millones de dólares, agrega el portal.

Además, se crea una Pensión Universal a la Vejez para mayores de 65 años, se establecen reformas impositivas y se ratifica el acuerdo entre la Nación y las provincias por la devolución del 15% de los fondos coparticipables. Las mayores críticas de la oposición se dirigieron al blanqueo -el quinto desde el regreso a la democracia-, aunque desde distintos bloques ponderaron que esos capitales se destinen a saldar las deudas con los jubilados. “Nunca he votado un blanqueo, pero lo voto por haber una asignación específica para la reparación a jubilados”, comentó Liliana Negre, mano derecha de Adolfo Rodríguez Saá. El senador radical Alfredo Martínez sostuvo que “debemos evitar que sigan proliferando juicios. Uno de los objetivos del programa es bajar la litigiosidad previsional”. Su par, Julio Cobos, subrayó que el proyecto busca “terminar de hacer peregrinar a los jubilados por los palacios de Justicia”.

Por el contrario, María Sacnun (FpV-PJ) advirtió que “esta ley tiende a llevar adelante una quita respecto de los montos de los haberes, de los valores retroactivos, de los criterios de actualización, plazos y condiciones”. Además, alertó que “con las políticas económicas que se están llevando adelante, se pone en riesgo la sustentabilidad del sistema”. Entre las voces más duras, la camporista Anabel Fernández Sagasti sentenció que “este proyecto no tiene nada de reparador ni de histórico”, porque significa “una extorsión al federalismo y un retroceso atroz sobre el sistema previsional argentino”.

A jubilados con sentencia judicial firme o en vías de obtenerla (70.000 personas), se les pagará la mitad de la sentencia en efectivo y el resto en 12 cuotas.

Jubilados con juicio en trámite (380.000) recibirán una oferta de pago igual a los que ya tengan oferta firme. Les reconocerán un retroactivo de cuatro años. 

1,8 millón de jubilados, que pueden iniciar juicio pero aún no lo hicieron, recibirán un aumento del 45% a cambio de desistir del comienzo del proceso.

Habrá una pensión universal a la vejez, equivalente al 80% de la jubilación mínima, que será para mayores de 65 años que no tengan aportes suficientes.