Por Álvaro José Aurane
26 Marzo 2016
Pobre 2016. Nacido bajo la estrella del Bicentenario de la Independencia, a poco de nacer lo estrellaron en Tucumán. Su primer trimestre termina con el Poder Ejecutivo conducido por un gobernador procesado por la Justicia Nacional; un Poder Legislativo que sigue sin transparentar los “gastos sociales” (esos que viajaban en valijas a mediados de 2015); y una Justicia con cumbres borrascosas por peleas pura y exclusivamente personales.
En este lodazal de la historia, sin embargo, es el oficialismo el que avanza (aunque lo haga en el barro de las instituciones), mientras la oposición da signos de estar empantanada en tierra firme.
Para el binomio de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo el año político comenzó hace una semana, cuando se sintieron finalmente vindicados por el Gobierno nacional. El ala política del macrismo (ese que hizo campaña en 2015 con el escándalo de las elecciones provinciales infamadas de maniobras fraudulentas) almorzó en la casa del mandatario tucumano.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, retribuyeron las gestiones del gobernador y del vice para que diputados tucumanos peronistas votaran la derogación de la Ley Cerrojo y la de Pago Soberano. Jaldo se había encargado temprano de hacer visible esos esfuerzos: el 26 de febrero se concretó en la Casa de Gobierno, con Manzur como anfitrión, el encuentro que venía tejiendo con los cinco diputados y los dos senadores tucumanos del PJ.
El gobernador pidió respaldar las negociaciones de la Nación con los fondos “buitre”. El senador José Alperovich, en ámbitos nacionales, ya había comprometido su voto favorable y el de Beatriz Mirkin. En cuanto a los diputados, José Orellana fue el primero en decir “sí”. El resto dejó las puertas abiertas… hasta el pasado lunes 15.
Durante la tarde de ese día comenzó la sesión de la Cámara Baja, que culminó al día siguiente con 165 votos en favor del acuerdo con los “holdouts”, y 86 en contra. Por la mañana, los “camporistas” Marcelo Santillán, Mabel Carrizo y Alicia Soraire avisaron que habían recibido llamados del mismísimo Máximo Kirchner pidiendo que votaran en contra, tal como lo hicieron. Miriam Gallardo, a esa hora, también tenía “pintada la cara” con una “K”, pero luego cambió el maquillaje. Ella fue el segundo voto favorable al macrismo que consiguieron Manzur y Jaldo, instalados en Buenos Aires, donde les convidaron buen café y mejor charla en el mismísimo despacho de Frigerio. Allí se acordó el almuerzo tucumano que degustaron el viernes siguiente.
Por supuesto, el macrismo no vino a agradecer dos votos de diputados, sino el demostrado esfuerzo del Gobierno tucumano en favor de la “gobernabilidad”. Justamente, “gobernabilidad” es lo que se negocia este año. Macri la necesita traducida en apoyos en el Congreso. Manzur la requiere en doble formato: financiación federal y gestos bendicentes de la Casa Rosada, que le brinden legitimidad de ejercicio para compensar su deficitaria legitimidad de origen. Lo que ya tramita el tucumano, justamente, es un encuentro mano a mano con el Presidente. Si aún no lo ha conseguido (aunque es probable que haya novedades en breve) es porque Manzur necesita más de Macri que Macri de Manzur… durante este año.
En 2017 se renovará media Cámara Baja y un tercio de la Cámara Alta, y no estarán en juego votos de diputados ni de senadores, sino sufragios que consagren parlamentarios nacionales. La negociación entre Provincia y Nación, entonces, será diferente.
Por cierto, los dos diputados aportados por el manzurismo son pocos si se los coteja con los 165 sumados en la votación; pero son muchos si se los compara con los que aportó José Cano. Al principal referente de la oposición tucumana, en principio, deberían responderle los radicales Juan Casañas y María Teresita Villavicencio; y Federico Masso (Libres del Sur), quien completa el mandato del propio Cano, luego de que renunciara para asumir como titular del Plan Belgrano (la representación tucumana en Diputados se completa con Facundo Garretón, del PRO). Casañas y Villavicencio votaron con el Gobierno nacional, pero abandonaron la bancada radical para formar el bloque del Bicentenario. Y Masso, como se sabía, votó en contra. Pero su coherencia ideológica no le pareció virtuosa al macrismo. “Ya le pasamos la factura a Cano”, dijo Frigerio en lo de Manzur. Tal vez, el gesto de respaldo del ala política del Presidente de la Nación hacia el gobernador de Tucumán era la cuenta por ese plato roto.
En el canismo alegan que no pueden endilgar al ex senador las decisiones individuales de los diputados. Es más: rezan un rosario de dirigentes que lograron cargos electivos gracias a que Cano encabezaba la campaña, pero que se olvidaron de ello y hasta devinieron antagonistas del líder radical. En todo caso, si Cano no es culpable de cómo se conducen sus socios, si es responsable de los socios que escoge.
Mentiras y silencios
La comida con Frigerio y Monzó, así como sirvió de tranquilizante en las relaciones con la Nación, también exhibió los frentes internos del dueño de casa. Cuando arribó Alperovich, Manzur lo presentó como “el jefe de este proyecto político”. Un halago acorde con los públicos pronunciamientos del ahora senador, que pide “ayudar a Juan”. Y, a la vez, una confirmación de que el predecesor y el sucesor se mienten mucho. Pero mucho. A juzgar por el hecho de que Manzur tiene muy presente que la Constitución le permite competir por la reelección en 2019; año en que Alperovich planea disputar la gobernación en 2019, según dicen que él anda diciendo.
Tal vez en ese contexto haya que reinterpretar que Manzur recibiera a sus invitados teniendo al pleno de los legisladores oficialistas como acompañantes. El marco es el mensaje. Pero a Alperovich (que de exhibir parlamentarios encolumnados sabía bastante) lo que puede haber llegado a inquietarle no es la presencia pasiva de tantos representantes populares en ese asado, sino la nula reacción de esos mismos parlamentarios cuando, días después, Stella Maris Córdoba pidió en la sesión de la Legislatura la renuncia de Beatriz Rojkés como titular del PJ. Silvia Rojkés, hermana de la aludida, no estaba en el recinto y entonces nadie hizo el menor amague por defender a la ex primera dama, que según el dictamen del Inadi discriminó a un inundado tucumano.
Sapos y castigos
Dicho sea de paso, así como Manzur y Alperovich se mienten, los legisladores hacen otro tanto con el actual gobernador. Muchos de los mismos que sonreían en la residencia del mandatario hace dos viernes, el lunes pasado se quejaron amargamente, en la reunión de bloque, del destrato que dicen sufrir por parte de la Casa de Gobierno.
No fueron pocos los oficialistas que habían decidido manifestarse en apoyo de la ley que declara inembargables las cuentas públicas, pero que guardaron el discurso porque en las barras del público había jubilados preguntando cuántos años tenían que vivir para que este gobierno de millonarios se dignara en pagarles el 82% móvil. Esa ley que castiga criminalmente a nuestros viejos para que la Casa de Gobierno pueda castigar cobardemente a los abogados que accionan contra los abusos del poder político es -según dijeron los propios peronistas- otro sapo que tragaron, gentileza de un Poder Ejecutivo. En contrapartida, describieron que las salidas del gobernador no incluyen a los legisladores de las zonas donde inauguran obras. Que piden adscripciones y jamás reciben respuestas. Que ni los secretarios de Estado los atienden... Que se quejen no es nuevo, la novedad es que lo hagan tan temprano.
Interpretaciones y coherencias
El frente interno que en verdad inquieta al poder político es el del Poder Judicial, aunque no porque les importe un ápice la calidad institucional en los tribunales, sino porque le ha preocupado en los últimos días que se intente involucrar al Gobierno en la pelea que se libra en la cúpula de la Justicia.
La semana pasada ingresó un pedido de juicio político en contra del presidente de la Corte, Antonio Gandur, promovido por Pedro Brito, quien ha sido abogado del gobernador. Y esta semana entró otro pedido de destitución contra los camaristas Ebe López Piossek y Sergio Gandur, inmediatamente después de que se conociera que un fallo de esos jueces obliga al Poder Ejecutivo a dar a conocer cuánto costó construir el actual edificio de la Legislatura. Ambas presentaciones seguramente serán rechazadas sin mayores trámites, porque el oficialismo quiere dejar en claro lo que jura y perjura: que nada tiene que ver con esas acciones.
No pocos exégetas oficialistas creen adivinar la mano del ministro fiscal, Edmundo Jiménez, detrás de esas movidas. Pero así como sorprendieron esas presentaciones inesperadas, también llamó la atención el juicio político que no ingresó: el anunciado planteo en contra de Jiménez, que voceros oficiosos del Colegio de Abogados pregonaron en la Cámara que iba a ser promovido, a más tardar, hasta el miércoles pasado. La excusa esgrimida es que, al haber un planteo contra Gandur, presentar uno contra “Pirincho” habilitaría a que ambos fueran rechazados con un criterio de “compensación”. Entonces, no pocos exégetas oficialistas creen adivinar en esas especulaciones el “timing” del titular de la Corte.
Hasta aquí, el oficialismo amaga con un primer criterio frente a la batalla judicial en la que asegura no querer involucrarse. Sostienen que en la Legislatura sólo se admitirán pedidos de juicio político “serios”. Un criterio lo suficientemente impreciso como para que las facciones judiciales en pugna sepan que el Gobierno está comenzando a hartarse de la reyerta. Hartazgo que, por cierto, hace rato que ya se instaló en la mayoría de los jueces cimeros.
El manzurismo, gestado en la matriz de anormalidad institucional que fue el alperovichismo, no puede declararse inocente respecto de la crisis judicial. Pero si se anima a hacerse el distraído es porque, en materia de incoherencias políticas, la intendencia de Yerba Buena se encargó de cubrir por sí sola la cuota trimestral. Fue cuando el intendente Mariano Campero vetó la ordenanza presentada en la gestión anterior por el edil Mariano Campero, para que las urbanizaciones especiales que avale el jefe municipal deban pasar por el Concejo Deliberante.
Con opositores que gobiernan con ejemplos semejantes, ¿quién necesita aliados extrapartidarios?
En este lodazal de la historia, sin embargo, es el oficialismo el que avanza (aunque lo haga en el barro de las instituciones), mientras la oposición da signos de estar empantanada en tierra firme.
Para el binomio de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo el año político comenzó hace una semana, cuando se sintieron finalmente vindicados por el Gobierno nacional. El ala política del macrismo (ese que hizo campaña en 2015 con el escándalo de las elecciones provinciales infamadas de maniobras fraudulentas) almorzó en la casa del mandatario tucumano.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, retribuyeron las gestiones del gobernador y del vice para que diputados tucumanos peronistas votaran la derogación de la Ley Cerrojo y la de Pago Soberano. Jaldo se había encargado temprano de hacer visible esos esfuerzos: el 26 de febrero se concretó en la Casa de Gobierno, con Manzur como anfitrión, el encuentro que venía tejiendo con los cinco diputados y los dos senadores tucumanos del PJ.
El gobernador pidió respaldar las negociaciones de la Nación con los fondos “buitre”. El senador José Alperovich, en ámbitos nacionales, ya había comprometido su voto favorable y el de Beatriz Mirkin. En cuanto a los diputados, José Orellana fue el primero en decir “sí”. El resto dejó las puertas abiertas… hasta el pasado lunes 15.
Durante la tarde de ese día comenzó la sesión de la Cámara Baja, que culminó al día siguiente con 165 votos en favor del acuerdo con los “holdouts”, y 86 en contra. Por la mañana, los “camporistas” Marcelo Santillán, Mabel Carrizo y Alicia Soraire avisaron que habían recibido llamados del mismísimo Máximo Kirchner pidiendo que votaran en contra, tal como lo hicieron. Miriam Gallardo, a esa hora, también tenía “pintada la cara” con una “K”, pero luego cambió el maquillaje. Ella fue el segundo voto favorable al macrismo que consiguieron Manzur y Jaldo, instalados en Buenos Aires, donde les convidaron buen café y mejor charla en el mismísimo despacho de Frigerio. Allí se acordó el almuerzo tucumano que degustaron el viernes siguiente.
Por supuesto, el macrismo no vino a agradecer dos votos de diputados, sino el demostrado esfuerzo del Gobierno tucumano en favor de la “gobernabilidad”. Justamente, “gobernabilidad” es lo que se negocia este año. Macri la necesita traducida en apoyos en el Congreso. Manzur la requiere en doble formato: financiación federal y gestos bendicentes de la Casa Rosada, que le brinden legitimidad de ejercicio para compensar su deficitaria legitimidad de origen. Lo que ya tramita el tucumano, justamente, es un encuentro mano a mano con el Presidente. Si aún no lo ha conseguido (aunque es probable que haya novedades en breve) es porque Manzur necesita más de Macri que Macri de Manzur… durante este año.
En 2017 se renovará media Cámara Baja y un tercio de la Cámara Alta, y no estarán en juego votos de diputados ni de senadores, sino sufragios que consagren parlamentarios nacionales. La negociación entre Provincia y Nación, entonces, será diferente.
Por cierto, los dos diputados aportados por el manzurismo son pocos si se los coteja con los 165 sumados en la votación; pero son muchos si se los compara con los que aportó José Cano. Al principal referente de la oposición tucumana, en principio, deberían responderle los radicales Juan Casañas y María Teresita Villavicencio; y Federico Masso (Libres del Sur), quien completa el mandato del propio Cano, luego de que renunciara para asumir como titular del Plan Belgrano (la representación tucumana en Diputados se completa con Facundo Garretón, del PRO). Casañas y Villavicencio votaron con el Gobierno nacional, pero abandonaron la bancada radical para formar el bloque del Bicentenario. Y Masso, como se sabía, votó en contra. Pero su coherencia ideológica no le pareció virtuosa al macrismo. “Ya le pasamos la factura a Cano”, dijo Frigerio en lo de Manzur. Tal vez, el gesto de respaldo del ala política del Presidente de la Nación hacia el gobernador de Tucumán era la cuenta por ese plato roto.
En el canismo alegan que no pueden endilgar al ex senador las decisiones individuales de los diputados. Es más: rezan un rosario de dirigentes que lograron cargos electivos gracias a que Cano encabezaba la campaña, pero que se olvidaron de ello y hasta devinieron antagonistas del líder radical. En todo caso, si Cano no es culpable de cómo se conducen sus socios, si es responsable de los socios que escoge.
Mentiras y silencios
La comida con Frigerio y Monzó, así como sirvió de tranquilizante en las relaciones con la Nación, también exhibió los frentes internos del dueño de casa. Cuando arribó Alperovich, Manzur lo presentó como “el jefe de este proyecto político”. Un halago acorde con los públicos pronunciamientos del ahora senador, que pide “ayudar a Juan”. Y, a la vez, una confirmación de que el predecesor y el sucesor se mienten mucho. Pero mucho. A juzgar por el hecho de que Manzur tiene muy presente que la Constitución le permite competir por la reelección en 2019; año en que Alperovich planea disputar la gobernación en 2019, según dicen que él anda diciendo.
Tal vez en ese contexto haya que reinterpretar que Manzur recibiera a sus invitados teniendo al pleno de los legisladores oficialistas como acompañantes. El marco es el mensaje. Pero a Alperovich (que de exhibir parlamentarios encolumnados sabía bastante) lo que puede haber llegado a inquietarle no es la presencia pasiva de tantos representantes populares en ese asado, sino la nula reacción de esos mismos parlamentarios cuando, días después, Stella Maris Córdoba pidió en la sesión de la Legislatura la renuncia de Beatriz Rojkés como titular del PJ. Silvia Rojkés, hermana de la aludida, no estaba en el recinto y entonces nadie hizo el menor amague por defender a la ex primera dama, que según el dictamen del Inadi discriminó a un inundado tucumano.
Sapos y castigos
Dicho sea de paso, así como Manzur y Alperovich se mienten, los legisladores hacen otro tanto con el actual gobernador. Muchos de los mismos que sonreían en la residencia del mandatario hace dos viernes, el lunes pasado se quejaron amargamente, en la reunión de bloque, del destrato que dicen sufrir por parte de la Casa de Gobierno.
No fueron pocos los oficialistas que habían decidido manifestarse en apoyo de la ley que declara inembargables las cuentas públicas, pero que guardaron el discurso porque en las barras del público había jubilados preguntando cuántos años tenían que vivir para que este gobierno de millonarios se dignara en pagarles el 82% móvil. Esa ley que castiga criminalmente a nuestros viejos para que la Casa de Gobierno pueda castigar cobardemente a los abogados que accionan contra los abusos del poder político es -según dijeron los propios peronistas- otro sapo que tragaron, gentileza de un Poder Ejecutivo. En contrapartida, describieron que las salidas del gobernador no incluyen a los legisladores de las zonas donde inauguran obras. Que piden adscripciones y jamás reciben respuestas. Que ni los secretarios de Estado los atienden... Que se quejen no es nuevo, la novedad es que lo hagan tan temprano.
Interpretaciones y coherencias
El frente interno que en verdad inquieta al poder político es el del Poder Judicial, aunque no porque les importe un ápice la calidad institucional en los tribunales, sino porque le ha preocupado en los últimos días que se intente involucrar al Gobierno en la pelea que se libra en la cúpula de la Justicia.
La semana pasada ingresó un pedido de juicio político en contra del presidente de la Corte, Antonio Gandur, promovido por Pedro Brito, quien ha sido abogado del gobernador. Y esta semana entró otro pedido de destitución contra los camaristas Ebe López Piossek y Sergio Gandur, inmediatamente después de que se conociera que un fallo de esos jueces obliga al Poder Ejecutivo a dar a conocer cuánto costó construir el actual edificio de la Legislatura. Ambas presentaciones seguramente serán rechazadas sin mayores trámites, porque el oficialismo quiere dejar en claro lo que jura y perjura: que nada tiene que ver con esas acciones.
No pocos exégetas oficialistas creen adivinar la mano del ministro fiscal, Edmundo Jiménez, detrás de esas movidas. Pero así como sorprendieron esas presentaciones inesperadas, también llamó la atención el juicio político que no ingresó: el anunciado planteo en contra de Jiménez, que voceros oficiosos del Colegio de Abogados pregonaron en la Cámara que iba a ser promovido, a más tardar, hasta el miércoles pasado. La excusa esgrimida es que, al haber un planteo contra Gandur, presentar uno contra “Pirincho” habilitaría a que ambos fueran rechazados con un criterio de “compensación”. Entonces, no pocos exégetas oficialistas creen adivinar en esas especulaciones el “timing” del titular de la Corte.
Hasta aquí, el oficialismo amaga con un primer criterio frente a la batalla judicial en la que asegura no querer involucrarse. Sostienen que en la Legislatura sólo se admitirán pedidos de juicio político “serios”. Un criterio lo suficientemente impreciso como para que las facciones judiciales en pugna sepan que el Gobierno está comenzando a hartarse de la reyerta. Hartazgo que, por cierto, hace rato que ya se instaló en la mayoría de los jueces cimeros.
El manzurismo, gestado en la matriz de anormalidad institucional que fue el alperovichismo, no puede declararse inocente respecto de la crisis judicial. Pero si se anima a hacerse el distraído es porque, en materia de incoherencias políticas, la intendencia de Yerba Buena se encargó de cubrir por sí sola la cuota trimestral. Fue cuando el intendente Mariano Campero vetó la ordenanza presentada en la gestión anterior por el edil Mariano Campero, para que las urbanizaciones especiales que avale el jefe municipal deban pasar por el Concejo Deliberante.
Con opositores que gobiernan con ejemplos semejantes, ¿quién necesita aliados extrapartidarios?
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