09 Febrero 2016
Empleados también cobran gastos sociales
Un informe interno del Tribunal de Cuentas revela que la polémica partida alcanza a los 49 legisladores y a funcionarios de ese poder. Un documento firmado en 2015 por el contador fiscal general del ente de control indica que el vicegobernador había pedido fondos para “legisladores y funcionarios”.
TRASLADO. Una investigación de LA GACETA develó en noviembre que los millones correspondientes a los gastos sociales eran trasladados en valijas. la gaceta / foto de inés quinteros orio (archivo)
El manejo por parte de la Legislatura de cientos de millones de pesos destinados a “ayudas sociales a personas” sigue generando interrogantes. A las preguntas sobre cómo se distribuye y en qué se gasta ese dinero se agregó una nueva: ¿quiénes perciben fondos pertenecientes a esa controvertida partida?
Un informe interno del Tribunal de Cuentas (TC) confirma que los gastos sociales no sólo son cobrados por los legisladores, como hasta el momento habían admitido tanto parlamentarios como autoridades legislativas. Quienes también estarían incluidos en la distribución serían algunos funcionarios del cuerpo.
El documento en cuestión fue firmado el 13 de octubre de 2015 por el contador fiscal general del TC, Ricardo Contino, y dirigido al presidente del ente de contralor, Miguel Chaibén Terraf. A partir de un pedido de informes realizado por el ciudadano Carlos Duguech, Contino sostuvo que no encontró inconsistencias en la rendición de cuentas de los gastos sociales realizada durante la gestión del hoy gobernador, Juan Manzur, al frente de la Cámara.
El dato que llama la atención, sin embargo, es el que deslizó el profesional en el tercer párrafo del escrito: “el presidente del Poder Legislativo, mediante acto administrativo solicita a la Tesorería General de la Provincia, los fondos financieros necesarios para atender los gastos sociales de los cuarenta y nueve (49) legisladores y funcionarios de la Legislatura”.
Ante esta información, Duguech le solicitó al actual vicegobernador, Osvaldo Jaldo, que le informe quiénes reciben dinero destinado a las “ayudas sociales a personas”.
Partida misteriosa
Los gastos sociales son un misterio para la sociedad, ya que nunca se informó en forma oficial cómo se distribuye el dinero entre los legisladores ni en qué lo gastan. Según versiones, a fines del año pasado los parlamentarios habrían percibido en promedio unos $ 80.000 mensuales. De todas formas, el reparto que hace la Presidencia de la Legislatura sería discrecional, y algunos integrantes del cuerpo habrían recibido hasta $ 200.000 por mes.
Para rendir cuentas, los legisladores necesitan apenas recibos que indiquen la percepción del dinero liquidado.
Tampoco se conoce qué norma regula esa partida, inicialmente incluida en la Ley de Residencia Oficial (N° 6.398), de 1992. En su artículo 3, la normativa establece el sistema de rendición de los fondos reservados de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, ese apartado fue posteriormente derogado ante la puesta en vigencia de la Ley de Administración Financiera.
Fuera de micrófono, parlamentarios deslizaron que no sólo ellos eran destinatarios de las sumas correspondientes a la controvertida partida. Por este motivo, a mediados de diciembre, LA GACETA le consultó al legislador Juan Antonio Ruiz Olivares si autoridades de la Cámara u otras personas también percibían los gastos sociales. La negativa de quien se desempeñó como secretario de la Legislatura entre 2007 y 2015 no fue rotunda: “eso lo decide el presidente (del Poder Legislativo). La verdad que no… que yo sepa, no, únicamente los legisladores”.
Valijas en la Justicia
En noviembre del año pasado, la modalidad de distribución de las “ayudas sociales a personas” llegó a la Justicia, luego de que LA GACETA revelara que los millones destinados a esa partida eran trasladados en valijas desde la sucursal de San Martín al 700 del Banco de Tucumán-Grupo Macro hasta el edificio de la Legislatura. El abogado Oscar López presentó una denuncia en los Tribunales locales por la presunta violación de la Ley de Administración Financiera. El fiscal federal general Antonio Gustavo Gómez, por su parte, inició un expediente en la Justicia Federal, por la supuesta comisión del delito de lavado de activos.
La semana pasada, en tanto, el propio López demandó en el fuero federal a la anterior gestión de la Legislatura por presunta evasión fiscal.
En 2015, y tras ampliar el Presupuesto provincial en septiembre, la Cámara distribuyó más de $ 500 millones pertenecientes a los gastos sociales.
Un informe interno del Tribunal de Cuentas (TC) confirma que los gastos sociales no sólo son cobrados por los legisladores, como hasta el momento habían admitido tanto parlamentarios como autoridades legislativas. Quienes también estarían incluidos en la distribución serían algunos funcionarios del cuerpo.
El documento en cuestión fue firmado el 13 de octubre de 2015 por el contador fiscal general del TC, Ricardo Contino, y dirigido al presidente del ente de contralor, Miguel Chaibén Terraf. A partir de un pedido de informes realizado por el ciudadano Carlos Duguech, Contino sostuvo que no encontró inconsistencias en la rendición de cuentas de los gastos sociales realizada durante la gestión del hoy gobernador, Juan Manzur, al frente de la Cámara.
El dato que llama la atención, sin embargo, es el que deslizó el profesional en el tercer párrafo del escrito: “el presidente del Poder Legislativo, mediante acto administrativo solicita a la Tesorería General de la Provincia, los fondos financieros necesarios para atender los gastos sociales de los cuarenta y nueve (49) legisladores y funcionarios de la Legislatura”.
Ante esta información, Duguech le solicitó al actual vicegobernador, Osvaldo Jaldo, que le informe quiénes reciben dinero destinado a las “ayudas sociales a personas”.
Partida misteriosa
Los gastos sociales son un misterio para la sociedad, ya que nunca se informó en forma oficial cómo se distribuye el dinero entre los legisladores ni en qué lo gastan. Según versiones, a fines del año pasado los parlamentarios habrían percibido en promedio unos $ 80.000 mensuales. De todas formas, el reparto que hace la Presidencia de la Legislatura sería discrecional, y algunos integrantes del cuerpo habrían recibido hasta $ 200.000 por mes.
Para rendir cuentas, los legisladores necesitan apenas recibos que indiquen la percepción del dinero liquidado.
Tampoco se conoce qué norma regula esa partida, inicialmente incluida en la Ley de Residencia Oficial (N° 6.398), de 1992. En su artículo 3, la normativa establece el sistema de rendición de los fondos reservados de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, ese apartado fue posteriormente derogado ante la puesta en vigencia de la Ley de Administración Financiera.
Fuera de micrófono, parlamentarios deslizaron que no sólo ellos eran destinatarios de las sumas correspondientes a la controvertida partida. Por este motivo, a mediados de diciembre, LA GACETA le consultó al legislador Juan Antonio Ruiz Olivares si autoridades de la Cámara u otras personas también percibían los gastos sociales. La negativa de quien se desempeñó como secretario de la Legislatura entre 2007 y 2015 no fue rotunda: “eso lo decide el presidente (del Poder Legislativo). La verdad que no… que yo sepa, no, únicamente los legisladores”.
Valijas en la Justicia
En noviembre del año pasado, la modalidad de distribución de las “ayudas sociales a personas” llegó a la Justicia, luego de que LA GACETA revelara que los millones destinados a esa partida eran trasladados en valijas desde la sucursal de San Martín al 700 del Banco de Tucumán-Grupo Macro hasta el edificio de la Legislatura. El abogado Oscar López presentó una denuncia en los Tribunales locales por la presunta violación de la Ley de Administración Financiera. El fiscal federal general Antonio Gustavo Gómez, por su parte, inició un expediente en la Justicia Federal, por la supuesta comisión del delito de lavado de activos.
La semana pasada, en tanto, el propio López demandó en el fuero federal a la anterior gestión de la Legislatura por presunta evasión fiscal.
En 2015, y tras ampliar el Presupuesto provincial en septiembre, la Cámara distribuyó más de $ 500 millones pertenecientes a los gastos sociales.
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