Por Juan Manuel Asis
10 Enero 2016
La coparticipación federal y el Pacto Social son primos hermanos, herramientas financieras para distribuir recursos del Estado entre provincias y municipios pero, además, en manos de dirigentes con una concepción centralista del poder se convierten en instrumentos políticos para premiar lealtades o castigar a los no alineados. Las gestiones anteriores, nacional y provincial, los usaron como medios de sometimiento llegando a naturalizar el clientelismo institucional: municipios dependientes de la Provincia, provincias subordinadas a la Nación; hombres atados a la voluntad de hombres, o de mujeres. Los calificados como radicales “K” fueron un ejemplo, entre ellos Gerardo Zamora, el ex gobernador santiagueño; o Julio Cobos, cuando se asoció con Kirchner, o intendentes tucumanos de la UCR que militaron en el alperovichismo. No podían ser radicales peronistas, un insólito oxímoron político; a lo sumo aceptar que los identifiquen como aliados “K” y bajo el creativo paraguas de la transversalidad.
La necesidad de dinero permite estas flexibilidades ideológicas. Conceptos para justificarse sobran: diálogo, consenso, ejercicio democrático. En Tucumán se mantendrá el mecanismo porque el ciclo manzurista viene con mañas alperovichistas, por lo que no hay que sorprenderse de que se reflote el Pacto Social y que los intendentes se muestren ávidos de suscribirlo para obtener efectivo para sueldos y para obras. El precio a pagar es la independencia política. A esa dependencia económica no la quiere, por ejemplo, el intendente Alfaro, que privilegia la acción política, y por la que se enfrascó en una batalla con el Ejecutivo para dilucidar quién le debe a quién, no tanto para cerrar los números sino para liberarse del posible ahogo del Gobierno. El alfarismo quiere terciar como nuevo espacio de poder y desde sectores alperovichistas -según los capitalinos- se pretende evitar que crezca y se consolide.
La disputa se puede resumir en: exigencia de pagos del PE al Municipio, negativa comunal a la demanda de la Provincia, amenaza del Gobierno de retener los fondos municipales y advertencia de denuncia penal contra el Ejecutivo por retención indebida si ocurre. Todo por plata, pero con trasfondo político. Juego de presiones con la finalidad del más débil por tratar de conseguir fondos para administrar sin asfixia; y con la intención del más fuerte por doblegar al adversario para mantenerlo bajo su órbita de influencia. El bolsillo es la víscera más sensible del hombre, decía Perón.
Esa es la batalla comarcana; la nacional es por la coparticipación federal, y transcurre con similares características y motivos: por la plata que libera del yugo, o que lo profundiza. En este marco, el macrismo no puede mantener la forma kirchnerista porque renegó públicamente de sus modos. Cuestionó esa dinámica y debe escaparle a esa inercia de sometimiento del otro. Quedó entrampado en sus palabras y promesas; y deberá respetar y ejecutarlas con diálogo y consenso en la disputa institucional por los recursos coparticipables. La que debe dar en la primera mitad de este año. Justicia de por medio. Por este tema, el Gobierno nacional atravesó varias etapas: sorpresa, alarma y alivio, aunque todavía no se garantizó la calma final.
Así es como el macrismo se sorprendió el 24 de noviembre, sólo dos días después de ganar el balotaje, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional el descuento del 15% sobre los impuestos coparticipables que la Nación realiza para financiar la Anses; y que benefició a Santa Fe, Córdoba y San Luis. Se alarmó luego, el 1 de diciembre, cuando Cristina Fernández, por decreto, extendió la devolución del 15% de descuento de la coparticipación a todos los distritos y dispuso cubrir los montos que deja de percibir la Nación con fondos del Tesoro Nacional. ¿Por qué la alarma? Porque obligaba a Macri a desembolsar $ 120.000 millones. No asumía y ya debía. A Tucumán le correspondían $ 10.000 millones. Aplausos de los gobernadores peronistas, Manzur incluido. La ex mandataria le proporcionaba a los jefes provinciales un excelente medio de negociación con la Nación para obtener recursos. Sin embargo, el macrismo respiró aliviado cuando el 9 de diciembre la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Liliana Heiland resolvió la suspensión del decreto de Cristina. Sonrisas. Otra vez, como antes, no debía nada. La magistrada le daba a Macri un medio para discutir sobre dinero con las provincias, pero ya no desde la debilidad económica.
Dos decisiones judiciales y una política, o tres sucesos de alto contenido político. La Corte, primero, pareció refregarle a Macri su independencia como Poder y exponerle dramáticamente cuánto puede afectar a su gestión una medida del máximo tribunal, aunque en la resolución inste a negociar una nueva ley de coparticipación, como fija la Constitución de 1994. Cristina, anticipándose a su rol de primera opositora, firmó un decreto para hacer tambalear las finanzas de su sucesor con la excusa de que los otros 21 distritos quedaban en desventaja respecto de lo resuelto por la Corte. Innegable y tan cierto como el dolor de cabeza que le ocasionaba a Macri. Manzur aplaudió a su ex jefa. El suplicio de uno era el alivio del otro. El fallo de Heiland fue una bocanada de oxígeno político para el Gobierno nacional. ¿Decisión política de la jueza?
En tiempos donde la Justicia es observada con lupa y es acusada de recostarse con el gobierno de turno o de responder por afinidades al poder político -como Justicia Legítima, por ejemplo-, cabe detenerse en algunos fallos de Heiland: en junio de 2008 declaró inconstitucional el sistema de retenciones móviles; en junio de 2013 suspendió por seis meses la aplicación de cinco artículos de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura y el decreto que convocó a elecciones primarias y obligatorias para candidatos a consejeros; el 4 de septiembre de 2013 extendió una medida cautelar en favor de la aerolínea privada LAN para que el Estado se abstenga de desalojar el hangar del aeropuerto Jorge Newbery; el 11 de diciembre de 2013 ordenó al Estado nacional que se abstenga de concretar el desmantelamiento o traslado de la estatua de Cristóbal Colón en la Ciudad de Buenos Aires; el 3 de noviembre de 2015 hizo lugar a la medida cautelar pedida por el gobierno porteño contra la Secretaría de Comercio de la Nación por demorar el ingreso de 28 coches al país destinados al subte porteño; el 7 de diciembre de 2015 falló en contra de que el Gobierno nacional pueda designar los jueces del Tribunal Fiscal. ¿Más fallos en favor del anterior gobierno de la Ciudad, encabezado por Macri, y en contra del cristinismo? Puede ser pura coincidencia.
Pero, atención, en julio de 1998 diputados peronistas -encabezados por Miguel Angel Pichetto- pidieron juicio político contra 10 jueces del fuero contencioso administrativo considerando que cometieron irregularidades en causas iniciadas contra el Estado. Entre esos magistrados estaba, precisamente, Heiland. Uno de los diputados firmantes de entonces era el sanjuanino Guillermo de Sanctis, actualmente fiscal de Estado de San Juan. Este fue uno de los que suscribió el reciente planteo judicial de 13 provincias en contra de la resolución de la jueza del 9 de diciembre. Es incompetente en la materia, apuntó el funcionario. Casualidades de la vida. Otra: en marzo de 2010, los diputados Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Alfonso Prat Gay acudieron al juzgado de Heiland para oponerse a un decreto de Cristina que decidía tomar reservas del Banco Central. Que los tres mencionados ocupen un lugar en la gestión macrista puede ser mera coincidencia. Entonces, que la magistrada haya fallado el 9 de diciembre -un día antes del cambio de ciclo- para alivio de Macri y en contra de Cristina no debería sorprender, si se analiza su conducta bajo la perspectiva política, más allá del contenido jurídico de su decisión de suspender el decreto presidencial 2.635/15.
En su línea de todos estamos en el mismo barco y navegamos juntos, remando y conversando en la misma sintonía, Macri recibió a todos los gobernadores el 12 de diciembre y -con aquel fallo favorable- prometió analizar cambios en la coparticipación. Otra vez el correcto diálogo y consenso como marco de relación institucional. Pero la amistad y los buenos modos duraron unos pocos días, ya que el 28 de diciembre varias provincias cuestionaron en la Justicia la suspensión resuelta por Heiland, entendiendo que la jueza no es competente y que debía actuar la Corte. Firmaron Tucumán (PJ), Formosa (PJ), Entre Ríos (PJ), San Juan (PJ), Santiago del Estero (FpV), Neuquén (MPN), Catamarca (PJ), Corrientes (UCR), Chaco (PJ), Río Negro (FpV) y Tierra del Fuego (PJ). Después se sumaron Santa Cruz (PJ) y Chubut (PJ). El fiscal de Estado de Mendoza (UCR) coincidió con sus pares, pero el gobernador, Alfredo Cornejo -aliado de Cambiemos-, no suscribió la demanda, aunque luego pidió un diálogo federal. Algo parecido ocurrió con el fiscal de Estado de Buenos Aires: comparto, dijo, pero advirtió que no había hablado con María Eugenia Vidal. Finalmente, nueve distritos no firmaron, entre ellas las macristas Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Jujuy y Mendoza. Política en el fondo, distribución de recursos en la superficie.
Funcionarios tucumanos arguyeron que la Nación debía respetar el decreto de Cristina entendiendo que el Estado tiene continuidad. Y deslizaron que después de la decisión de la ex presidenta hubo un goteo de recursos en ese marco de devolución del 15%. Y hubo más: Tucumán decidió acudir a la Corte Suprema de Justicia para reclamar la inconstitucionalidad de la resolución que permite la detracción del 15% de los fondos coparticipables. Nuevo hito en la pelea por los dineros públicos entre la Nación y la Provincia, y con la Justicia siempre en el medio. Otra vez la disputa por dineros con finalidades políticas. Manzur, más allá de asistir a la asunción de Macri y al convite con el resto de sus pares el 12 de diciembre, tiene que presentarse frente al Gobierno nacional como el dirigente tucumano con quien se debe negociar. Y lo hace desde el planteo judicial. Claro, arreglar con él, no con Alperovich. Un elemento colateral en el juego de los espacios de poder y de negociación. El ex gobernador hará lo propio haciendo valer las dos bancas del Senado que maneja, la suya y la de Beatriz Mirkin. Dos votos que valen.
Cada cual juega su partido, atiende sus intereses desde sus cargos públicos, involucrando a la Justicia -si es necesario-, tratando de presionar al adversario desde una posición de fuerza. Todo para manejar recursos que lleven paz a sus administraciones; y para erigirse en los dueños del poder real. Macro y Manzur se amenazan, se tienden la mano y hablan de diálogo; lo mismo replican en la provincia Manzur y Alfaro, y entre ambas relaciones institucionales meten la cola Cristina y Alperovich. Jugadas que apuntan a 2017. Según Manzur, los macristas están elaborando una propuesta de coparticipación para calmar a las provincias; según Macri, si la intención de los gobiernos peronistas es superar el entredicho a través de la Justicia, el camino por los recursos coparticipables será largo.
La necesidad de dinero permite estas flexibilidades ideológicas. Conceptos para justificarse sobran: diálogo, consenso, ejercicio democrático. En Tucumán se mantendrá el mecanismo porque el ciclo manzurista viene con mañas alperovichistas, por lo que no hay que sorprenderse de que se reflote el Pacto Social y que los intendentes se muestren ávidos de suscribirlo para obtener efectivo para sueldos y para obras. El precio a pagar es la independencia política. A esa dependencia económica no la quiere, por ejemplo, el intendente Alfaro, que privilegia la acción política, y por la que se enfrascó en una batalla con el Ejecutivo para dilucidar quién le debe a quién, no tanto para cerrar los números sino para liberarse del posible ahogo del Gobierno. El alfarismo quiere terciar como nuevo espacio de poder y desde sectores alperovichistas -según los capitalinos- se pretende evitar que crezca y se consolide.
La disputa se puede resumir en: exigencia de pagos del PE al Municipio, negativa comunal a la demanda de la Provincia, amenaza del Gobierno de retener los fondos municipales y advertencia de denuncia penal contra el Ejecutivo por retención indebida si ocurre. Todo por plata, pero con trasfondo político. Juego de presiones con la finalidad del más débil por tratar de conseguir fondos para administrar sin asfixia; y con la intención del más fuerte por doblegar al adversario para mantenerlo bajo su órbita de influencia. El bolsillo es la víscera más sensible del hombre, decía Perón.
Esa es la batalla comarcana; la nacional es por la coparticipación federal, y transcurre con similares características y motivos: por la plata que libera del yugo, o que lo profundiza. En este marco, el macrismo no puede mantener la forma kirchnerista porque renegó públicamente de sus modos. Cuestionó esa dinámica y debe escaparle a esa inercia de sometimiento del otro. Quedó entrampado en sus palabras y promesas; y deberá respetar y ejecutarlas con diálogo y consenso en la disputa institucional por los recursos coparticipables. La que debe dar en la primera mitad de este año. Justicia de por medio. Por este tema, el Gobierno nacional atravesó varias etapas: sorpresa, alarma y alivio, aunque todavía no se garantizó la calma final.
Así es como el macrismo se sorprendió el 24 de noviembre, sólo dos días después de ganar el balotaje, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional el descuento del 15% sobre los impuestos coparticipables que la Nación realiza para financiar la Anses; y que benefició a Santa Fe, Córdoba y San Luis. Se alarmó luego, el 1 de diciembre, cuando Cristina Fernández, por decreto, extendió la devolución del 15% de descuento de la coparticipación a todos los distritos y dispuso cubrir los montos que deja de percibir la Nación con fondos del Tesoro Nacional. ¿Por qué la alarma? Porque obligaba a Macri a desembolsar $ 120.000 millones. No asumía y ya debía. A Tucumán le correspondían $ 10.000 millones. Aplausos de los gobernadores peronistas, Manzur incluido. La ex mandataria le proporcionaba a los jefes provinciales un excelente medio de negociación con la Nación para obtener recursos. Sin embargo, el macrismo respiró aliviado cuando el 9 de diciembre la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Liliana Heiland resolvió la suspensión del decreto de Cristina. Sonrisas. Otra vez, como antes, no debía nada. La magistrada le daba a Macri un medio para discutir sobre dinero con las provincias, pero ya no desde la debilidad económica.
Dos decisiones judiciales y una política, o tres sucesos de alto contenido político. La Corte, primero, pareció refregarle a Macri su independencia como Poder y exponerle dramáticamente cuánto puede afectar a su gestión una medida del máximo tribunal, aunque en la resolución inste a negociar una nueva ley de coparticipación, como fija la Constitución de 1994. Cristina, anticipándose a su rol de primera opositora, firmó un decreto para hacer tambalear las finanzas de su sucesor con la excusa de que los otros 21 distritos quedaban en desventaja respecto de lo resuelto por la Corte. Innegable y tan cierto como el dolor de cabeza que le ocasionaba a Macri. Manzur aplaudió a su ex jefa. El suplicio de uno era el alivio del otro. El fallo de Heiland fue una bocanada de oxígeno político para el Gobierno nacional. ¿Decisión política de la jueza?
En tiempos donde la Justicia es observada con lupa y es acusada de recostarse con el gobierno de turno o de responder por afinidades al poder político -como Justicia Legítima, por ejemplo-, cabe detenerse en algunos fallos de Heiland: en junio de 2008 declaró inconstitucional el sistema de retenciones móviles; en junio de 2013 suspendió por seis meses la aplicación de cinco artículos de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura y el decreto que convocó a elecciones primarias y obligatorias para candidatos a consejeros; el 4 de septiembre de 2013 extendió una medida cautelar en favor de la aerolínea privada LAN para que el Estado se abstenga de desalojar el hangar del aeropuerto Jorge Newbery; el 11 de diciembre de 2013 ordenó al Estado nacional que se abstenga de concretar el desmantelamiento o traslado de la estatua de Cristóbal Colón en la Ciudad de Buenos Aires; el 3 de noviembre de 2015 hizo lugar a la medida cautelar pedida por el gobierno porteño contra la Secretaría de Comercio de la Nación por demorar el ingreso de 28 coches al país destinados al subte porteño; el 7 de diciembre de 2015 falló en contra de que el Gobierno nacional pueda designar los jueces del Tribunal Fiscal. ¿Más fallos en favor del anterior gobierno de la Ciudad, encabezado por Macri, y en contra del cristinismo? Puede ser pura coincidencia.
Pero, atención, en julio de 1998 diputados peronistas -encabezados por Miguel Angel Pichetto- pidieron juicio político contra 10 jueces del fuero contencioso administrativo considerando que cometieron irregularidades en causas iniciadas contra el Estado. Entre esos magistrados estaba, precisamente, Heiland. Uno de los diputados firmantes de entonces era el sanjuanino Guillermo de Sanctis, actualmente fiscal de Estado de San Juan. Este fue uno de los que suscribió el reciente planteo judicial de 13 provincias en contra de la resolución de la jueza del 9 de diciembre. Es incompetente en la materia, apuntó el funcionario. Casualidades de la vida. Otra: en marzo de 2010, los diputados Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Alfonso Prat Gay acudieron al juzgado de Heiland para oponerse a un decreto de Cristina que decidía tomar reservas del Banco Central. Que los tres mencionados ocupen un lugar en la gestión macrista puede ser mera coincidencia. Entonces, que la magistrada haya fallado el 9 de diciembre -un día antes del cambio de ciclo- para alivio de Macri y en contra de Cristina no debería sorprender, si se analiza su conducta bajo la perspectiva política, más allá del contenido jurídico de su decisión de suspender el decreto presidencial 2.635/15.
En su línea de todos estamos en el mismo barco y navegamos juntos, remando y conversando en la misma sintonía, Macri recibió a todos los gobernadores el 12 de diciembre y -con aquel fallo favorable- prometió analizar cambios en la coparticipación. Otra vez el correcto diálogo y consenso como marco de relación institucional. Pero la amistad y los buenos modos duraron unos pocos días, ya que el 28 de diciembre varias provincias cuestionaron en la Justicia la suspensión resuelta por Heiland, entendiendo que la jueza no es competente y que debía actuar la Corte. Firmaron Tucumán (PJ), Formosa (PJ), Entre Ríos (PJ), San Juan (PJ), Santiago del Estero (FpV), Neuquén (MPN), Catamarca (PJ), Corrientes (UCR), Chaco (PJ), Río Negro (FpV) y Tierra del Fuego (PJ). Después se sumaron Santa Cruz (PJ) y Chubut (PJ). El fiscal de Estado de Mendoza (UCR) coincidió con sus pares, pero el gobernador, Alfredo Cornejo -aliado de Cambiemos-, no suscribió la demanda, aunque luego pidió un diálogo federal. Algo parecido ocurrió con el fiscal de Estado de Buenos Aires: comparto, dijo, pero advirtió que no había hablado con María Eugenia Vidal. Finalmente, nueve distritos no firmaron, entre ellas las macristas Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Jujuy y Mendoza. Política en el fondo, distribución de recursos en la superficie.
Funcionarios tucumanos arguyeron que la Nación debía respetar el decreto de Cristina entendiendo que el Estado tiene continuidad. Y deslizaron que después de la decisión de la ex presidenta hubo un goteo de recursos en ese marco de devolución del 15%. Y hubo más: Tucumán decidió acudir a la Corte Suprema de Justicia para reclamar la inconstitucionalidad de la resolución que permite la detracción del 15% de los fondos coparticipables. Nuevo hito en la pelea por los dineros públicos entre la Nación y la Provincia, y con la Justicia siempre en el medio. Otra vez la disputa por dineros con finalidades políticas. Manzur, más allá de asistir a la asunción de Macri y al convite con el resto de sus pares el 12 de diciembre, tiene que presentarse frente al Gobierno nacional como el dirigente tucumano con quien se debe negociar. Y lo hace desde el planteo judicial. Claro, arreglar con él, no con Alperovich. Un elemento colateral en el juego de los espacios de poder y de negociación. El ex gobernador hará lo propio haciendo valer las dos bancas del Senado que maneja, la suya y la de Beatriz Mirkin. Dos votos que valen.
Cada cual juega su partido, atiende sus intereses desde sus cargos públicos, involucrando a la Justicia -si es necesario-, tratando de presionar al adversario desde una posición de fuerza. Todo para manejar recursos que lleven paz a sus administraciones; y para erigirse en los dueños del poder real. Macro y Manzur se amenazan, se tienden la mano y hablan de diálogo; lo mismo replican en la provincia Manzur y Alfaro, y entre ambas relaciones institucionales meten la cola Cristina y Alperovich. Jugadas que apuntan a 2017. Según Manzur, los macristas están elaborando una propuesta de coparticipación para calmar a las provincias; según Macri, si la intención de los gobiernos peronistas es superar el entredicho a través de la Justicia, el camino por los recursos coparticipables será largo.
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