Ediles de Yerba Buena analizan tener más empleados y gastos sociales

Durante casi dos semanas, tuvieron entre sus manos dos proyectos para revisar los 500 nombramientos efectuados por el ex intendente Daniel Toledo. No obstante, ninguna de esas propuestas será debatida hoy, en la primera sesión de la actual composición del Concejo Deliberante de Yerba Buena. En su debut, los concejales decidieron esquivar la controversia y llevar al recinto cuestiones menos ríspidas.

Así las cosas, las iniciativas del macrista Pedro Albornoz Piossek -quien sugiere que se forme una comisión investigadora dentro del cuerpo- y del radical Lisandro Argiró -quien recomienda que se contrate una auditoría externa para que se examine con amplitud la gestión saliente (y las gestiones porvenir)- quedaron fuera del orden del día. Esta última idea, sin embargo, obtuvo un dictamen favorable, por lo que podría ser tratada en una sesión porvenir, tal vez la semana que viene.  "Estamos tratando de trabajar en conjunto", dijo Argiró.

Otra cuestión sobre designaciones que tuvieron entre sus manos, y que tampoco maduró todavía, se vincula -en cambio- a sus propios asesores. El radical Benjamín Zelaya desea que se anule una ordenanza a través de la cual Toledo le redujo a la otrora composición el número de empleados por edil, de siete a dos. En un proyecto, argumenta que se debe respetar lo establecido por el reglamento interno del cuerpo, y retornar al régimen anterior. “Necesitamos que el Concejo vuelva a funcionar como una institución. Pero hemos decidido dar marcha atrás con esto, por ahora. Debemos ser prudentes con los tiempos”, contó.

Los ediles analizan también un artículo del reglamento referido a los gastos políticos y asistenciales. Actualmente, la norma establece que ese dinero “puede ser hasta un sueldo de un concejal”. Estarían de acuerdo en quitarle la palabra “hasta”, con el objetivo de que cada uno de ellos reciba el equivalente a un sueldo bruto.

“Queremos contar con fondos para el funcionamiento del Concejo, pero que prime la transparencia; no la discrecionalidad”, explicó Zelaya. Trascendió que barajan la posibilidad de pedirle al Ejecutivo que esos gastos de bloque les sean pagados de manera escalonada. Es decir, empezar este año con el equivalente al 25 % de una remuneración bruta, por ejemplo, para acabar con el 100 % en su último período, en cuatro años. Actualmente, el salario básico de un edil es de $ 12.500, aproximadamente. Puede llegar a $ 18.000 con los pagos de los ítems adicionales.

Lo que sí está previsto que los concejales aprueben es un decreto del presidente de ese cuerpo, Javier Jantus, para que se derogue el decreto 134, que había sido promulgado el 1 de diciembre de 2011 por la otrora composición del cuerpo. Esa resolución fija que los pedidos de informes para el intendente y sus funcionarios deben ser autorizados por el Concejo. De lo contrario, no se puede solicitar información en la Municipalidad. Jantus expresa que la Constitución fija como derecho fundamental el de peticionar el acceso a la información pública.

Finalmente, en su estreno tratarán, también, los pliegos con las designaciones del abogado Fernando García Hamilton y del contador Adolfo Haga. Ambos han sido propuestos por el Ejecutivo municipal para asumir en el Juzgado de Faltas y en la Contaduría General, respectivamente. García Hamilton estuvo ternado, en un par de oportunidades, por el Consejo Asesor de la Magistratura. Haga se especializa en administración de empresas, inversiones, análisis bursátil y finanzas.

En definitiva, en su estreno los concejales yerbabuenenses han optado por sortear (esta vez) la controversia. Ni la revisión de las designaciones de Toledo, ni la intención de aumentar sus propias designaciones, han sido meditadas lo suficiente. En voz del peronista Héctor "Pilón" Aguirre, "mejor vamos despacio".