05 Noviembre 2015
Pablo Camuña, fiscal federal Nº2, se hará cargo de la nueva investigación por el supuesto enriquecimiento ilícito del gobernador Juan Manzur. Así quedó establecido por el fiscal Diego Velasco el jueves 29 de octubre, justo el día en que el mandatario juraba en el cargo en el teatro San Martín.
En virtud de esta opinión vinculante, Daniel Bejas, juez federal Nº1, debe retirar la causa de la Fiscalía Federal Nº 1 que encabeza Carlos Brito, tal como quería la defensa de Manzur.
Velasco intervino en el incidente por decisión de la procuradora general y lideresa de Justicia Legítima, Alejandra Gils Carbó, a quien originariamente se había dirigido Bejas para dilucidar la cuestión. Aquel fiscal actúa como titular de la Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán en forma conjunta con Camuña y -también por decisión de su superiora- como fiscal general ante la Cámara Federal porteña, en reemplazo de Germán Moldes, que pidió licencia por un año y medio. En su dictamen, Velasco expresó que Manzur había sido sobreseído por el período 2007-2008 -aunque el sobreseimiento abarca el término 2009-2010- y que la Justicia Federal había decidido formar una nueva causa con las denuncias posteriores a partir de que quedara firme la declaración de inocencia. Ello ocurrió el 21 de mayo, cuando Velasco, que sustituía a Gustavo Gómez, el fiscal general apartado del expediente, se negó a recurrir la confirmación del sobreseimiento de Manzur ante la Cámara Nacional de Casación Penal. En esa oportunidad, el representante del Ministerio Público explicó a este diario que prefería acelerar el comienzo de la segunda pesquisa.
Ese criterio volvió a aparecer en el dictamen agregado a la causa cuya primera parte fue iniciada en 2010, a partir de la denuncia del peronista disidente Oscar López.
“En la resolución de sobreseimiento (de junio de 2014), Bejas estableció una singular cláusula suspensiva respecto de los nuevos períodos imputados evitando la formalización de una nueva investigación ya que la supeditó a que estuviera firme la decisión exculpatoria mencionada. (...) La formación de estas actuaciones se viene demorando sin sustento o motivo expreso, más aún si se tiene en cuenta la cláusula suspensiva impuesta por el Juzgado Federal Nº1, que, según mi opinión, resultaba improcedente, por cuanto en este tipo de delitos no existe cuestión prejudicial que inhabilite el inicio del sumario investigativo”, reprochó Velasco, que, al igual que Camuña y Bejas, llegó a su cargo por concurso, a propuesta de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El fiscal repasó las vicisitudes de la causa, que acumula una decena de ampliaciones de la denuncia original (la última presentación de López data de junio de este año y se corresponde con la declaración jurada de 2014 donde Manzur declaró un patrimonio de $ 23 millones, casi $ 10 millones más que en la manifestación de bienes de 2013). Dijo que, a comienzos de junio, el juez delegó la investigación de las denuncias post 2010 a Camuña y que este se las derivó a Brito con el argumento de que entraba en el turno de la Fiscalía Nº1. Luego, Fernando Poviña, defensor del ex ministro de Salud kirchnerista y padre de Fernando Luis Poviña, juez federal Nº2, recusó a Brito, que había intervenido en la primera causa como subrogante de la Fiscalía Nº2, aunque entonces Bejas se había reservado la dirección de la investigación. Pese a que admitió que la recusación intentada lucía improcedente, Velasco optó por devolver el caso a Camuña.
Y fundó tal decisión en el principio que asigna la competencia en función de una mejor y más pronta administración de justicia. Aunque Brito estuvo casi cinco años en contacto con el primer expediente, el dictaminador consideró que la experiencia con la acusación del supuesto enriquecimiento ilícito pertenecía a la Fiscalía Nº2, que está en manos de Camuña desde fines del año pasado: “insisto en que ello es determinante para el objeto procesal de esta causa (...). Es hora de que se inicie, se instruya y se determine la responsabilidad del imputado con la premura que un caso como el presente requiere, más aún cuando sabemos que el Ministerio Público Fiscal es uno solo y todos sus actores tienen las mismas obligaciones funcionales”.
En virtud de esta opinión vinculante, Daniel Bejas, juez federal Nº1, debe retirar la causa de la Fiscalía Federal Nº 1 que encabeza Carlos Brito, tal como quería la defensa de Manzur.
Velasco intervino en el incidente por decisión de la procuradora general y lideresa de Justicia Legítima, Alejandra Gils Carbó, a quien originariamente se había dirigido Bejas para dilucidar la cuestión. Aquel fiscal actúa como titular de la Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán en forma conjunta con Camuña y -también por decisión de su superiora- como fiscal general ante la Cámara Federal porteña, en reemplazo de Germán Moldes, que pidió licencia por un año y medio. En su dictamen, Velasco expresó que Manzur había sido sobreseído por el período 2007-2008 -aunque el sobreseimiento abarca el término 2009-2010- y que la Justicia Federal había decidido formar una nueva causa con las denuncias posteriores a partir de que quedara firme la declaración de inocencia. Ello ocurrió el 21 de mayo, cuando Velasco, que sustituía a Gustavo Gómez, el fiscal general apartado del expediente, se negó a recurrir la confirmación del sobreseimiento de Manzur ante la Cámara Nacional de Casación Penal. En esa oportunidad, el representante del Ministerio Público explicó a este diario que prefería acelerar el comienzo de la segunda pesquisa.
Ese criterio volvió a aparecer en el dictamen agregado a la causa cuya primera parte fue iniciada en 2010, a partir de la denuncia del peronista disidente Oscar López.
“En la resolución de sobreseimiento (de junio de 2014), Bejas estableció una singular cláusula suspensiva respecto de los nuevos períodos imputados evitando la formalización de una nueva investigación ya que la supeditó a que estuviera firme la decisión exculpatoria mencionada. (...) La formación de estas actuaciones se viene demorando sin sustento o motivo expreso, más aún si se tiene en cuenta la cláusula suspensiva impuesta por el Juzgado Federal Nº1, que, según mi opinión, resultaba improcedente, por cuanto en este tipo de delitos no existe cuestión prejudicial que inhabilite el inicio del sumario investigativo”, reprochó Velasco, que, al igual que Camuña y Bejas, llegó a su cargo por concurso, a propuesta de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El fiscal repasó las vicisitudes de la causa, que acumula una decena de ampliaciones de la denuncia original (la última presentación de López data de junio de este año y se corresponde con la declaración jurada de 2014 donde Manzur declaró un patrimonio de $ 23 millones, casi $ 10 millones más que en la manifestación de bienes de 2013). Dijo que, a comienzos de junio, el juez delegó la investigación de las denuncias post 2010 a Camuña y que este se las derivó a Brito con el argumento de que entraba en el turno de la Fiscalía Nº1. Luego, Fernando Poviña, defensor del ex ministro de Salud kirchnerista y padre de Fernando Luis Poviña, juez federal Nº2, recusó a Brito, que había intervenido en la primera causa como subrogante de la Fiscalía Nº2, aunque entonces Bejas se había reservado la dirección de la investigación. Pese a que admitió que la recusación intentada lucía improcedente, Velasco optó por devolver el caso a Camuña.
Y fundó tal decisión en el principio que asigna la competencia en función de una mejor y más pronta administración de justicia. Aunque Brito estuvo casi cinco años en contacto con el primer expediente, el dictaminador consideró que la experiencia con la acusación del supuesto enriquecimiento ilícito pertenecía a la Fiscalía Nº2, que está en manos de Camuña desde fines del año pasado: “insisto en que ello es determinante para el objeto procesal de esta causa (...). Es hora de que se inicie, se instruya y se determine la responsabilidad del imputado con la premura que un caso como el presente requiere, más aún cuando sabemos que el Ministerio Público Fiscal es uno solo y todos sus actores tienen las mismas obligaciones funcionales”.
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