La detención de Dirceu es un nuevo golpe para Rousseff

BRASILIA.- El nuevo arresto del ex hombre fuerte del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, José Dirceu, apuntado como mentor de la red de corrupción en Petrobras, cayó como una bomba y en el peor momento posible para el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y la presidenta Dilma Rousseff. La segunda detención por delitos de corrupción de un dirigente histórico, llamado por sus correligionarios como “guerrero del pueblo brasileño”, sería por si sólo un duro golpe para cualquier gobernante y su partido. Pero este nuevo arresto tiene características que lo hacen aún grave, no sólo para un gobierno y un partido en crisis, también para Lula y Dirceu.

Dirceu, ex dirigente estudiantil, ex preso político y referente en la lucha contra la dictadura, fue arrestado en su casa, en Brasilia, donde ya cumplía en régimen domiciliario la condena a siete años y 11 meses de prisión que se le aplicó en 2013 por comandar la red de pago de sobornos a legisladores que puso en jaque al gobierno de Lula.

Pero existen sustanciales diferencias entre un arresto y otro. En este caso, la Fiscalía dice tener pruebas de que Dirceu no solo fue el creador de la trama de los fraudes en Petrobras, que habría comenzado ya durante el gobierno de Lula (2003-2010), sino que además el ex ministro continuó coordinando el esquema de corrupción aún después de ser detenido por el proceso anterior. Y hay más: en el caso del “mensalao”, como se le llama a la compra de votos de parlamentarios, Dirceu comandó el operativo con el fin de recaudar dinero para el partido. En este caso, en cambio, las denuncias indican que buena parte de los fondos desviados en Petrobras fueron a parar a su bolsillo.

Todo lo que las nuevas denuncias pesan sobre Dirceu se convierten en una cruz para el gobierno de Rousseff, quien a siete meses de haber asumido su segundo mandato es respaldada por sólo el 7,7 % de la ciudadanía, mientras que el 65 % apoya su destitución. La detención, en este contexto, de un referente de su partido y principal ministro de su antecesor, pasa a ser nefasto. Analistas políticos coinciden en que la situación le da “munición” al “caceroleo” que grupos opositores están convocando para mañana, cuando saldrá al aire por cadena nacional una publicidad del PT en la que se pretendía recomponer la debilitada imagen del gobierno y defenderse de las denuncias de corrupción.

“Con horario reservado el jueves para publicidad en radio y televisión, la dirección partidaria del PT planea reducir los daños ya infligidos a la enchastrada agrupación. Si la misión era difícil, ahora se volvió imposible”, estampó ayer en su editorial el diario “Folha de Sao Paulo”.

Las conexiones entre el partido de gobierno, la presidencia, Lula y las denuncias de corrupción en la estatal petrolera -que fue saqueada con fraudes millonarios mientras Lula presidía el país y Rousseff el consejo de administración de la empresa- fueron blandidas por la oposición como argumentos para defender la destitución de la mandataria.

“Hay una percepción de que el ‘impeachment’ se hace necesario”, expresó a través de un comunicado el presidente del conservador Partido Popular Socialista, Roberto Freire.

“Dirceu comandó la campaña victoriosa de Lula en 2002. Después, fue nombrado ministro todopoderoso de Lula, que lo llamaba ‘capitán del equipo’. Esto (la prisión) tiene un significado grandioso. Va directamente al ex presidente”, indicó a su vez el diputado socialdemócrata Antonio Imbassahy.

Los nuevos argumentos para la destitución de Rousseff que la oposición encuentra en este escenario, se suman a dos dictámenes que pueden dar inicio a un juicio político en su contra.

Uno es el del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, que encontró irregularidades en las cuentas del gobierno de 2014. El otro tramita en el Tribunal Superior Electoral, que investiga si la campaña electoral de la mandataria recibió dinero desviado de Petrobras. La nueva situación ocurre en los albores de un “agosto negro” para Rousseff.

Este mes, el Congreso, en “guerra”, planea aprobar medidas que atentan contra el ajuste fiscal que el equipo económico necesita implementar para recomponer a economía. Entre otras, hay medidas “populistas”, como aumentos excesivos para funcionarios públicos, que la presidenta se verá obligada a vetar, aumentando así su desgaste.

Además, se conocerán los veredictos que podrían abrir paso al proceso de destitución, y grupos que defienden su salida preparan una jornada nacional de movilizaciones en su contra para el próximo 16 de agosto.