29 Julio 2015
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) afirmó que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no posee facultades legales para sancionar a comercios ante la ausencia del sistema POS, conocido como Posnet. Inclusive, la entidad remarcó que la ley sólo le permite establecer incentivos para su instalación, pero no la faculta a implementar sanciones.
De esa forma, la entidad que representa a las pequeñas y medianas empresas (PyME) del país marcó posición en medio de operativos de control que el fisco viene realizando hace meses, a fin de verificar el cumplimiento del Decreto 1387/2001, “que impone a los comercios la obligación de contratar el servicio de Posnet u otro similar”. En igual sentido se expresó la Federación Económica de Tucumán (FET) que, según su presidente Pedro Omodeo, es necesario que se abra un compás de espera hasta tanto las PyME puedan incorporar esa tecnología a sus operaciones. “En muchas ocasiones se toman decisiones unilaterales sin tener en cuenta la capacidad operativa de las pequeñas empresas”, puntualizó el dirigente.
A partir de ese concepto, el titular de la FET consideró que el fisco no toma en cuenta la situación de las regiones y, “medidas como éstas, generan más presión fiscal a una zona agobiada por su delicada situación socioeconómica”.
La Justicia Federal en Mar del Plata había rechazado el pedido de inconstitucionalidad de la reglamentación dispuesta por la AFIP, que determina la obligatoriedad de aceptar el pago con tarjeta de débito para las operaciones comerciales. El fallo judicial a favor de la AFIP consignó como constitucional la obligatoriedad de aceptar como una operación comercial el pago que se realicen con tarjeta de débito. Desde el organismo expresaron que se debe tener en cuenta que esta reglamentación es importante en la lucha contra la evasión fiscal.
“Al no aceptar tarjetas de débito se intenta llegar a la venta en efectivo que permite la no facturación y, por consiguiente, la evasión fiscal”, consideraron.
CAME, en tanto, insiste que no es una sentencia determinante. Se trata de un fallo de primera instancia de un Juzgado Federal, que sólo produce efectos en este juicio, dice en una circular enviada a todos sus asociados en la que, además, adjunta un modelo de escrito para que las pequeñas firmas hagan sus descargos. “No es que los empresarios no quieran usar esta tecnología, sino que no pueden; ya sea por una cuestión económico-financiera o porque permanentemente se caen las líneas en esta parte del país”, expresó Omodeo.
De esa forma, la entidad que representa a las pequeñas y medianas empresas (PyME) del país marcó posición en medio de operativos de control que el fisco viene realizando hace meses, a fin de verificar el cumplimiento del Decreto 1387/2001, “que impone a los comercios la obligación de contratar el servicio de Posnet u otro similar”. En igual sentido se expresó la Federación Económica de Tucumán (FET) que, según su presidente Pedro Omodeo, es necesario que se abra un compás de espera hasta tanto las PyME puedan incorporar esa tecnología a sus operaciones. “En muchas ocasiones se toman decisiones unilaterales sin tener en cuenta la capacidad operativa de las pequeñas empresas”, puntualizó el dirigente.
A partir de ese concepto, el titular de la FET consideró que el fisco no toma en cuenta la situación de las regiones y, “medidas como éstas, generan más presión fiscal a una zona agobiada por su delicada situación socioeconómica”.
La Justicia Federal en Mar del Plata había rechazado el pedido de inconstitucionalidad de la reglamentación dispuesta por la AFIP, que determina la obligatoriedad de aceptar el pago con tarjeta de débito para las operaciones comerciales. El fallo judicial a favor de la AFIP consignó como constitucional la obligatoriedad de aceptar como una operación comercial el pago que se realicen con tarjeta de débito. Desde el organismo expresaron que se debe tener en cuenta que esta reglamentación es importante en la lucha contra la evasión fiscal.
“Al no aceptar tarjetas de débito se intenta llegar a la venta en efectivo que permite la no facturación y, por consiguiente, la evasión fiscal”, consideraron.
CAME, en tanto, insiste que no es una sentencia determinante. Se trata de un fallo de primera instancia de un Juzgado Federal, que sólo produce efectos en este juicio, dice en una circular enviada a todos sus asociados en la que, además, adjunta un modelo de escrito para que las pequeñas firmas hagan sus descargos. “No es que los empresarios no quieran usar esta tecnología, sino que no pueden; ya sea por una cuestión económico-financiera o porque permanentemente se caen las líneas en esta parte del país”, expresó Omodeo.
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