Por Roberto Delgado
25 Julio 2015
Un pasillo azul satinado -y descascarado- es el ingreso a la comisaría de Concepción. Un enjambre de motocicletas estacionadas incomoda el acceso a la oficina de guardia. ¿Esas motos son secuestros o son de policías? -”Algunas están secuestradas y otras son del personal”, responde la oficial de guardia. La salita de atención al público está llena de cosas tiradas en el piso. Junto al escritorio hay dos cascos de motos cubiertos de tierra, uno de los cuales tiene un cartel con la leyenda “Secuestrado”. Allí reciben las denuncias, que son escritas a mano en el libro de actas. Cuando está todo listo, le piden al denunciante que vuelva al otro día por la copia de la denuncia y le dicen: “Vaya al drugstore de la esquina y haga una fotocopia y vuelva. Después le ponemos el sello a la constancia”. No pregunte cómo es el resto de esta precaria comisaría, que fue el centro de la ira vecinal el 8 de julio, cuando miles de personas reclamaron que se declare la emergencia en esa ciudad, porque la inseguridad se ha vuelto “insoportable”. “Salir de casa es una verdadera odisea”, dijo la médica Adriana Bueno, que integra la comisión de vecinos autoconvocados.
Dos respuestas
Ante la crisis terminal de la seguridad hubo dos respuestas. La inmediata fue el compromiso de la Justicia de convocar a una reunión de todos los sectores vinculados con la seguridad, porque, según los vecinos, policías, fiscales y funcionarios del ministerio dan excusas y trabajan aislados, sin coordinación.
Pero no es la Justicia la que debe dar la respuesta a los problemas de inseguridad, sino los funcionarios del ministerio, que acaban de lanzar, en el marco del Plan Integral de Seguridad Ciudadana, un nuevo programa que, por ahora, contempla el refuerzo de la caótica comisaría de “La Perla del Sur” con una Dirección de Investigaciones. Poco, comparado con la marea de pedidos que tienen los vecinos, que quieren que se implemente el 911 (como en la capital), que haya presencia policial en las calles y móviles en condiciones, que haya otra comisaría y que se use un sistema de denuncias por whatsapp como en Ushuaia. El jefe de la Regional Sur, comisario Humberto Ruezgas, dijo que no es posible: “En Tucumán es distinto porque nuestras leyes indican que debe haber una denuncia para poder investigar”, explicó, y añadió que sólo para Concepción hay 250 policías. Cifra muy diferente de la que denuncian los vecinos: según el empresario maderero Julio Delgado, que preside el Centro de Defensa Comercial del Sur, “por las noches hay sólo 16 policías para dar seguridad a una población de 70.000 habitantes”. Es decir, en el sur hay un problema grave en cuanto a presencia policial, dificultad para hacer denuncias en una comisaría escasamente operativa y descaro de los delincuentes, que salen a asaltar de noche y de día, indistintamente.
¿Qué pueden esperar los habitantes de Concepción? La segunda respuesta que acaba de lanzar el Gobierno para el Gran San Miguel de Tucumán: la ampliación y jerarquización del 911 en la novísima Dirección General de Prevención Ciudadana, a cargo del comisario Luis Bacas. De ella dependen los centros de monitoreo, las patrullas, la guardia urbana y la Policía Vial, que tiene como caballito de batalla los operativos de control de papeles de vehículos. “Hemos notado que bajan las llamadas al 911 las noches que hacemos estos operativos”, dijo el comisario Bacas. El nuevo sistema centraliza todo. “Esto permitió coordinar mejor el trabajo de los policías que patrullan las calles y armar el mapa de los delitos según los llamados al 911”, explicó el secretario de Seguridad, Paul Hofer.
Comisarías degradadas
Pero en este programa las comisarías desaparecen. Son sólo centros de recepción de los detenidos del 911, que son alojados en calabozos junto a contraventores con alto riesgo de que ocurran tragedias como la de la Brigada Norte. Son oficinas atrasadas, burocratizadas y sin personal (aunque por el sistema policial siempre tienen tres comisarios a cargo) y dedicadas a llevar y traer papeles y recibir denuncias.
Los funcionarios dirán que ya no sirven las comisarías, que es lo que pasa en todo el interior. Como en la de Concepción. O como en la de Delfín Gallo, que tiene sólo dos agentes y que fue centro de un fuerte reclamo vecinal el 30 de marzo, por el que se convocó al encargado del Consejo de Seguridad Barrial, José Farhat. El jueves los vecinos volvieron a cortar el acceso a esa localidad porque en cuatro meses no se hizo nada.
Ampliar el 911 al interior implicará generalizar un sistema que según los funcionarios daría una respuesta mejor que la de las comisarías pero que en los hechos no ofrece prevención sino reacción (excepto, claro está, los controles vehiculares y los policías en las calles de la capital) y evita el contacto directo de la población con los oficiales. ¿Adónde irá a reclamar la gente? A las comisarías, aunque estén desmanteladas. Los ejemplos de inseguridad se ven en zonas con 911 y sin 911. El jueves fue asaltado un motociclista en Catamarca y Zavalía, cerca de la comisaría del barrio Marti Coll (donde el 4 de junio hubo un fuerte reclamo vecinal por seguridad). En barrio Sur sigue la inquietud por la brutal agresión que sufrió la señora Miriam Brizuela a manos de un motoarrebatador en avenida Sáenz Peña al 600. Otro ejemplo es la queja de los habitantes del pasaje Próspero García primera cuadra (continuación de Santa Fe hacia el este) que le dieron una paliza a un ladrón el martes pasado.
Gran Hermano a contramano
Esta megadirección del 911 que pretende ser un Gran Hermano que todo lo abarca (con deficiencias tecnológicas como el caso de las cámaras de vigilancia de Yerba Buena, de las que no funciona el 30%) va a contramano del sentido común en lo que hace a conocimiento de lo que sucede en los barrios. El mentor de la Policía de Nueva York, William Bratton, aconseja descentralizar la Policía, controlar su funcionamiento, combatir la corrupción estructural al sistema y trabajar con mapas del delito confeccionados con participación vecinal (que no es lo mismo que armarlos con denuncias del 911). El sistema de denuncias en persona acaso puede funcionar en comisarías céntricas como la 1a y la 2a, pero no es tan fácil ir a hacer una denuncia atravesando barrios complicados como Villa 9 de Julio o el 11 de Marzo. En esas zonas crece la cifra negra, que son los delitos no denunciados. ¿Cómo armar un mapa del delito si no hay denuncias? Bratton refiere que la confianza en la fuerza de seguridad es esencial. La Policía de Nueva York ha sido un gran laboratorio en los últimos 30 años: hizo bajar la inseguridad y ha sido cuestionada por abusos policiales y sobre todo por el uso del sistema de detenciones “stop and frisk”, de detenciones a granel. Bratton dice que ese sistema se debe aplicar con una policía capacitada y bien controlada. Lo curioso es que el método de Bratton -la “tolerancia cero”- ha sido implementado por dos alcaldes republicanos y ahora lo sostiene el alcalde demócrata, Bill de Blasio.
Caos de servicios
Tucumán, envuelto en protestas vecinales y persistencia de la autoridad en un sistema, el 911, que funciona sin cambiar un ápice los métodos policiales, tiene un caos de servicios de seguridad: 911 en el Gran Tucumán; alarmas barriales en la misma zona, suministradas por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse; vigilancia privada a cargo de 49 agencias formadas por ex policías; servicios municipales en Monteros (donde la intendencia pone los empleados del sistema de cámaras) y en Tafí Viejo (donde la municipalidad pone autos y agentes a cargo del ex jefe de Patrulla Urbana y ex subjefe policial Víctor Sánchez y de policías retirados). Y a pesar de todo, con frecuencia, hay desazón vecinal traducida en intentos de linchamiento de delincuentes.
¿Se podrá cambiar algo en este fin de ciclo? No tiene que ver con la cantidad de agentes (en Nueva York hay 40.000 para 16 millones de habitantes) sino con respuestas estudiadas en función de los problemas, no con operativos siempre iguales a mansalva y esfuerzos no traducidos en efectividad. En este contexto, la gente se siente abandonada a su suerte, como en Monteros, donde, según el vecino Eulogio Albarracín, las mujeres salen con gas pimienta para enfrentar a los asaltantes. “En Monteros -dijo durante la protesta del 16 de junio frente a la comisaría- a la seguridad se la llevaron presa”.
Dos respuestas
Ante la crisis terminal de la seguridad hubo dos respuestas. La inmediata fue el compromiso de la Justicia de convocar a una reunión de todos los sectores vinculados con la seguridad, porque, según los vecinos, policías, fiscales y funcionarios del ministerio dan excusas y trabajan aislados, sin coordinación.
Pero no es la Justicia la que debe dar la respuesta a los problemas de inseguridad, sino los funcionarios del ministerio, que acaban de lanzar, en el marco del Plan Integral de Seguridad Ciudadana, un nuevo programa que, por ahora, contempla el refuerzo de la caótica comisaría de “La Perla del Sur” con una Dirección de Investigaciones. Poco, comparado con la marea de pedidos que tienen los vecinos, que quieren que se implemente el 911 (como en la capital), que haya presencia policial en las calles y móviles en condiciones, que haya otra comisaría y que se use un sistema de denuncias por whatsapp como en Ushuaia. El jefe de la Regional Sur, comisario Humberto Ruezgas, dijo que no es posible: “En Tucumán es distinto porque nuestras leyes indican que debe haber una denuncia para poder investigar”, explicó, y añadió que sólo para Concepción hay 250 policías. Cifra muy diferente de la que denuncian los vecinos: según el empresario maderero Julio Delgado, que preside el Centro de Defensa Comercial del Sur, “por las noches hay sólo 16 policías para dar seguridad a una población de 70.000 habitantes”. Es decir, en el sur hay un problema grave en cuanto a presencia policial, dificultad para hacer denuncias en una comisaría escasamente operativa y descaro de los delincuentes, que salen a asaltar de noche y de día, indistintamente.
¿Qué pueden esperar los habitantes de Concepción? La segunda respuesta que acaba de lanzar el Gobierno para el Gran San Miguel de Tucumán: la ampliación y jerarquización del 911 en la novísima Dirección General de Prevención Ciudadana, a cargo del comisario Luis Bacas. De ella dependen los centros de monitoreo, las patrullas, la guardia urbana y la Policía Vial, que tiene como caballito de batalla los operativos de control de papeles de vehículos. “Hemos notado que bajan las llamadas al 911 las noches que hacemos estos operativos”, dijo el comisario Bacas. El nuevo sistema centraliza todo. “Esto permitió coordinar mejor el trabajo de los policías que patrullan las calles y armar el mapa de los delitos según los llamados al 911”, explicó el secretario de Seguridad, Paul Hofer.
Comisarías degradadas
Pero en este programa las comisarías desaparecen. Son sólo centros de recepción de los detenidos del 911, que son alojados en calabozos junto a contraventores con alto riesgo de que ocurran tragedias como la de la Brigada Norte. Son oficinas atrasadas, burocratizadas y sin personal (aunque por el sistema policial siempre tienen tres comisarios a cargo) y dedicadas a llevar y traer papeles y recibir denuncias.
Los funcionarios dirán que ya no sirven las comisarías, que es lo que pasa en todo el interior. Como en la de Concepción. O como en la de Delfín Gallo, que tiene sólo dos agentes y que fue centro de un fuerte reclamo vecinal el 30 de marzo, por el que se convocó al encargado del Consejo de Seguridad Barrial, José Farhat. El jueves los vecinos volvieron a cortar el acceso a esa localidad porque en cuatro meses no se hizo nada.
Ampliar el 911 al interior implicará generalizar un sistema que según los funcionarios daría una respuesta mejor que la de las comisarías pero que en los hechos no ofrece prevención sino reacción (excepto, claro está, los controles vehiculares y los policías en las calles de la capital) y evita el contacto directo de la población con los oficiales. ¿Adónde irá a reclamar la gente? A las comisarías, aunque estén desmanteladas. Los ejemplos de inseguridad se ven en zonas con 911 y sin 911. El jueves fue asaltado un motociclista en Catamarca y Zavalía, cerca de la comisaría del barrio Marti Coll (donde el 4 de junio hubo un fuerte reclamo vecinal por seguridad). En barrio Sur sigue la inquietud por la brutal agresión que sufrió la señora Miriam Brizuela a manos de un motoarrebatador en avenida Sáenz Peña al 600. Otro ejemplo es la queja de los habitantes del pasaje Próspero García primera cuadra (continuación de Santa Fe hacia el este) que le dieron una paliza a un ladrón el martes pasado.
Gran Hermano a contramano
Esta megadirección del 911 que pretende ser un Gran Hermano que todo lo abarca (con deficiencias tecnológicas como el caso de las cámaras de vigilancia de Yerba Buena, de las que no funciona el 30%) va a contramano del sentido común en lo que hace a conocimiento de lo que sucede en los barrios. El mentor de la Policía de Nueva York, William Bratton, aconseja descentralizar la Policía, controlar su funcionamiento, combatir la corrupción estructural al sistema y trabajar con mapas del delito confeccionados con participación vecinal (que no es lo mismo que armarlos con denuncias del 911). El sistema de denuncias en persona acaso puede funcionar en comisarías céntricas como la 1a y la 2a, pero no es tan fácil ir a hacer una denuncia atravesando barrios complicados como Villa 9 de Julio o el 11 de Marzo. En esas zonas crece la cifra negra, que son los delitos no denunciados. ¿Cómo armar un mapa del delito si no hay denuncias? Bratton refiere que la confianza en la fuerza de seguridad es esencial. La Policía de Nueva York ha sido un gran laboratorio en los últimos 30 años: hizo bajar la inseguridad y ha sido cuestionada por abusos policiales y sobre todo por el uso del sistema de detenciones “stop and frisk”, de detenciones a granel. Bratton dice que ese sistema se debe aplicar con una policía capacitada y bien controlada. Lo curioso es que el método de Bratton -la “tolerancia cero”- ha sido implementado por dos alcaldes republicanos y ahora lo sostiene el alcalde demócrata, Bill de Blasio.
Caos de servicios
Tucumán, envuelto en protestas vecinales y persistencia de la autoridad en un sistema, el 911, que funciona sin cambiar un ápice los métodos policiales, tiene un caos de servicios de seguridad: 911 en el Gran Tucumán; alarmas barriales en la misma zona, suministradas por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse; vigilancia privada a cargo de 49 agencias formadas por ex policías; servicios municipales en Monteros (donde la intendencia pone los empleados del sistema de cámaras) y en Tafí Viejo (donde la municipalidad pone autos y agentes a cargo del ex jefe de Patrulla Urbana y ex subjefe policial Víctor Sánchez y de policías retirados). Y a pesar de todo, con frecuencia, hay desazón vecinal traducida en intentos de linchamiento de delincuentes.
¿Se podrá cambiar algo en este fin de ciclo? No tiene que ver con la cantidad de agentes (en Nueva York hay 40.000 para 16 millones de habitantes) sino con respuestas estudiadas en función de los problemas, no con operativos siempre iguales a mansalva y esfuerzos no traducidos en efectividad. En este contexto, la gente se siente abandonada a su suerte, como en Monteros, donde, según el vecino Eulogio Albarracín, las mujeres salen con gas pimienta para enfrentar a los asaltantes. “En Monteros -dijo durante la protesta del 16 de junio frente a la comisaría- a la seguridad se la llevaron presa”.
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