27 Marzo 2015
TENDENCIA. La biotecnología mejoró los rendimientos por hectárea.
En medio de la polémica por el sistema que Monsanto diseñó para cobrar regalías sobre su nueva variedad de soja transgénica (Intacta), el presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Alfredo Paseyro, defendió la necesidad de las firmas del sector de proteger la inversión, la investigación y la genética aplicada a los cimientes.
El dirigente consideró que es “una vergüenza” la situación actual. En ese sentido, apuntó que sólo el 15% de la superficie sembrada con soja es de semilla fiscalizada, con un marco legal de 40 años y el permiso del uso propio de las semillas sin limitaciones.
“Si tenés para sembrar 100 hectáreas, un año compras 70 kilos por hectárea. Si te da un rinde de 3.000 kg/ha, tenés 300.000 kilos, y decidís usar toda esa producción para plantar una nueva cosecha, podés sembrar 4.500 ha. Y en tres años 200.000 ha, habiendo comprado solo la primera vez”, graficó Paseyro.
En ese escenario, resaltó la necesidad de encontrar un mecanismo “porque tiene que haber un reconocimiento y una compensación por el trabajo” que efectúan las semilleras. “No hay actividad económica, salvo que cuente con subsidios del Estado, que no reciba nada a cambio”, señaló el titular de ASA al matutino El Cronista.
Y remarcó que la situación actual es “un papelón”, tanto para el sector público, porque no fiscaliza, como para el privado, donde la inversión, la innovación no es reconocida.
Por otra parte, Paseyro señaló que la industria semillera siguió innovando en los últimos años y presentando eventos genéticos que mejoran los cultivos. Así, afirmó que “sin genética de punta, no se podría pensar en maíces con rindes de 14.000 kilos o hasta 18.000 kilos por ha como se observan en algunos lotes de esta campaña, ni en sojas que dejarán 5.000 kilos por ha”.
Paseyro remarcó que la dificultad que atraviesa el sector semillero en la Argentina excede el caso Monsanto.
Protección
La empresa de origen estadounidense diseñó un sistema para cobrar el llamado “canon tecnológico” por el valor agregado de su soja transgénica Intacta (RR2-PRO, superadora de la famosa RR1).
Lo hizo a través de un sistema de contratos que firman los productores y que los compromete a pagar la regalía en algún momento entre la compra de la semilla y la venta del poroto. Y generó críticas y el rechazo de las cuatro entidades gremiales del campo.
Según Paseyro, la situación “excede lo de Monsanto” y enfatizó que debe tenderse a proteger la inversión a través de un precio razonable. “Nuestra posición es clara, que en la semilla se pague la investigación, el desarrollo, la genética, y que sea a un precio razonable y equitativo, tanto para el productor como para la industria”, sostuvo.
“Hay que encontrar un mecanismo porque tiene que haber reconocimiento y una compensación por el trabajo de desarrollo, investigación y genética aplicada, y en ASA creemos que la semilla fiscalizada es el mejor mecanismo de control”, resaltó.
“También hay que generar mecanismos para que el uso propio (de la semilla) no sea una excusa para pagar una sola vez y nunca mas”, agregó.
“El uso propio de las semillas tiene que estar, pero para el pequeño productor, para los originarios, para el que lo necesite. Pero la situación actual permite usar todo lo propio sin control. Se necesita fiscalizar, saber qué semilla se utiliza y evitar el comercio en negro”, concluyó.
El dirigente consideró que es “una vergüenza” la situación actual. En ese sentido, apuntó que sólo el 15% de la superficie sembrada con soja es de semilla fiscalizada, con un marco legal de 40 años y el permiso del uso propio de las semillas sin limitaciones.
“Si tenés para sembrar 100 hectáreas, un año compras 70 kilos por hectárea. Si te da un rinde de 3.000 kg/ha, tenés 300.000 kilos, y decidís usar toda esa producción para plantar una nueva cosecha, podés sembrar 4.500 ha. Y en tres años 200.000 ha, habiendo comprado solo la primera vez”, graficó Paseyro.
En ese escenario, resaltó la necesidad de encontrar un mecanismo “porque tiene que haber un reconocimiento y una compensación por el trabajo” que efectúan las semilleras. “No hay actividad económica, salvo que cuente con subsidios del Estado, que no reciba nada a cambio”, señaló el titular de ASA al matutino El Cronista.
Y remarcó que la situación actual es “un papelón”, tanto para el sector público, porque no fiscaliza, como para el privado, donde la inversión, la innovación no es reconocida.
Por otra parte, Paseyro señaló que la industria semillera siguió innovando en los últimos años y presentando eventos genéticos que mejoran los cultivos. Así, afirmó que “sin genética de punta, no se podría pensar en maíces con rindes de 14.000 kilos o hasta 18.000 kilos por ha como se observan en algunos lotes de esta campaña, ni en sojas que dejarán 5.000 kilos por ha”.
Paseyro remarcó que la dificultad que atraviesa el sector semillero en la Argentina excede el caso Monsanto.
Protección
La empresa de origen estadounidense diseñó un sistema para cobrar el llamado “canon tecnológico” por el valor agregado de su soja transgénica Intacta (RR2-PRO, superadora de la famosa RR1).
Lo hizo a través de un sistema de contratos que firman los productores y que los compromete a pagar la regalía en algún momento entre la compra de la semilla y la venta del poroto. Y generó críticas y el rechazo de las cuatro entidades gremiales del campo.
Según Paseyro, la situación “excede lo de Monsanto” y enfatizó que debe tenderse a proteger la inversión a través de un precio razonable. “Nuestra posición es clara, que en la semilla se pague la investigación, el desarrollo, la genética, y que sea a un precio razonable y equitativo, tanto para el productor como para la industria”, sostuvo.
“Hay que encontrar un mecanismo porque tiene que haber reconocimiento y una compensación por el trabajo de desarrollo, investigación y genética aplicada, y en ASA creemos que la semilla fiscalizada es el mejor mecanismo de control”, resaltó.
“También hay que generar mecanismos para que el uso propio (de la semilla) no sea una excusa para pagar una sola vez y nunca mas”, agregó.
“El uso propio de las semillas tiene que estar, pero para el pequeño productor, para los originarios, para el que lo necesite. Pero la situación actual permite usar todo lo propio sin control. Se necesita fiscalizar, saber qué semilla se utiliza y evitar el comercio en negro”, concluyó.
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