Por LA GACETA
19 Diciembre 2014
Hace mucho tiempo que se la practica. Se trata de la realización de operaciones comerciales o financieras, con la esperanza de obtener beneficios basados en las variaciones de los precios o de los cambios. La especulación en los bienes de consumo suele tener siempre como gran perjudicado al consumidor. Como sucedió en junio pasado, existen problemas para conseguir el gas envasado en garrafas de 10 kilos, a un precio de $16, las de 12 kilos, a $20; y las de 15 kilos, a $25, de acuerdo a lo que establece el plan nacional “Garrafas para todos”. Esta situación de escasez obliga a los usuarios a pagar por una garrafa entre $50 y $100.
Según las distribuidoras, que le venden al público y a los comercios minoristas, el inconveniente radica en el retraso del pago de los subsidios del Estado nacional y la proliferación de distribuidoras clandestinas que especulan con la provisión y no respetan los precios del programa oficial.
El Programa Nacional de Consumo Residencial de Gas Licuado de Petróleo, implementado por la Secretaría de Energía de la Nación, establece el costo de la garrafa desde 2008, año en que suscribió un convenio con empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras de gas licuado de todo el país.
En nuestra edición del miércoles, informamos que en 2014, el Gobierno presupuestó $1.800 millones para subsidiar el precio del gas envasado y distribuyó esta cifra entre los eslabones de la cadena: productores de GLP (empresas petroleras), fraccionadores (que compran el gas a los productores y lo envasan en las garrafas) y distribuidores (que reciben los envases de los fraccionadores y se los venden a los comercios minoristas y al público). En 2015, el valor total del subsidio se incrementará a $2.600 millones.
Un directivo de Cámara de Distribuidores de Gas Licuado (Cadigas) dijo que según la Secretaría de Energía de la Nación, hay 334 firmas clandestinas que distribuyen garrafas en el país, las cuales representan el 65% de las empresas del sector. Agregó que no respetan los valores convenidos y que las clandestinas afectan a las que trabajan de manera formal. El titular del Enargas afirmó que el plan “Garrafa para Todos” se desarrolla con normalidad en todo el país y ratificó que la garrafa de 10 kilos se consigue a $16. “Cuando encontramos un fraccionador o un distribuidor vendiendo a mayor precio aplicamos sanciones”, señaló.
En junio pasado, ya se había advertido que había eslabones de la cadena comercial que especulaban con el stock y aumentaban los precios. Pero esta práctica no era nueva, ya había ocurrido en años anteriores: “Aprovechan el frío para subir el precio del gas en garrafa” titulamos el 21 de julio de 2010.
Si son 334 las firmas clandestinas, sólo bastaría con que la Secretaría de Energía de la Nación las sancionara, lo cual no debería representar ninguna dificultad. Mientras distribuidores y comerciantes responsabilizan al Gobierno del “desabastecimiento” y este a su vez, dice que todo marcha bien, la que sufre las consecuencias es la persona de escasos recursos, destinataria del beneficio. Es verdaderamente infame sacar provecho de la necesidad de la gente. El Estado debe profundizar los controles para que el plan cumpla con su objetivo. Dos o tres días sin poder cocinar o bañarse podrían servir para concientizar a distribuidores y gobernantes para sentir en carne propia el daño que la especulación ocasiona en el ciudadano.
Según las distribuidoras, que le venden al público y a los comercios minoristas, el inconveniente radica en el retraso del pago de los subsidios del Estado nacional y la proliferación de distribuidoras clandestinas que especulan con la provisión y no respetan los precios del programa oficial.
El Programa Nacional de Consumo Residencial de Gas Licuado de Petróleo, implementado por la Secretaría de Energía de la Nación, establece el costo de la garrafa desde 2008, año en que suscribió un convenio con empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras de gas licuado de todo el país.
En nuestra edición del miércoles, informamos que en 2014, el Gobierno presupuestó $1.800 millones para subsidiar el precio del gas envasado y distribuyó esta cifra entre los eslabones de la cadena: productores de GLP (empresas petroleras), fraccionadores (que compran el gas a los productores y lo envasan en las garrafas) y distribuidores (que reciben los envases de los fraccionadores y se los venden a los comercios minoristas y al público). En 2015, el valor total del subsidio se incrementará a $2.600 millones.
Un directivo de Cámara de Distribuidores de Gas Licuado (Cadigas) dijo que según la Secretaría de Energía de la Nación, hay 334 firmas clandestinas que distribuyen garrafas en el país, las cuales representan el 65% de las empresas del sector. Agregó que no respetan los valores convenidos y que las clandestinas afectan a las que trabajan de manera formal. El titular del Enargas afirmó que el plan “Garrafa para Todos” se desarrolla con normalidad en todo el país y ratificó que la garrafa de 10 kilos se consigue a $16. “Cuando encontramos un fraccionador o un distribuidor vendiendo a mayor precio aplicamos sanciones”, señaló.
En junio pasado, ya se había advertido que había eslabones de la cadena comercial que especulaban con el stock y aumentaban los precios. Pero esta práctica no era nueva, ya había ocurrido en años anteriores: “Aprovechan el frío para subir el precio del gas en garrafa” titulamos el 21 de julio de 2010.
Si son 334 las firmas clandestinas, sólo bastaría con que la Secretaría de Energía de la Nación las sancionara, lo cual no debería representar ninguna dificultad. Mientras distribuidores y comerciantes responsabilizan al Gobierno del “desabastecimiento” y este a su vez, dice que todo marcha bien, la que sufre las consecuencias es la persona de escasos recursos, destinataria del beneficio. Es verdaderamente infame sacar provecho de la necesidad de la gente. El Estado debe profundizar los controles para que el plan cumpla con su objetivo. Dos o tres días sin poder cocinar o bañarse podrían servir para concientizar a distribuidores y gobernantes para sentir en carne propia el daño que la especulación ocasiona en el ciudadano.
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