Por Álvaro José Aurane
29 Noviembre 2014
Acaso la sinceridad brutal a través del papel moneda sea la mayor virtud del capitalismo, ese sistema de explotación del hombre por el hombre, erigido sobre la falacia de que la dominación del dinero y la esclavitud del consumo son garantía de mayores libertades. Es precisamente la asignación de recursos lo que representa toda una manifestación de veracidad en el imperio del capital. En todos los niveles. En el orden salarial, por ejemplo, los oficios mejor remunerados son, sencillamente, aquellos a los que el régimen social, económico y político imperante les confiere más importancia, obviamente, por sobre aquellos que no están tan bien pagados.
Por caso, si en la Argentina hay vedettes que por participar de un programa televisivo de baile cobran por mes más de lo que ganará en un año un docente universitario que recién se inicia y enseña con dedicación exclusiva, queda claro que en el país se valora socialmente mucho más el show que divierte (“verter a través de”) que la educación que se disfruta (“da frutos”).
En Tucumán, para mayores contrastes, un médico que recién ingresa al hospital público (luego de siete años de formación de grado y cuatro de residencia) gana $ 9.900 de bolsillo. Un legislador, en promedio, maneja recursos públicos (entre lo que cobra por dieta y los fondos de que dispone para otras “tareas”) unas 20 veces mayores que ese monto. La primera lectura es que el Estado provincial considera más importantes a los representantes del pueblo que al pueblo representado (y que a los servidores que lo curan y le salvan la vida). Pero en realidad es infinitamente peor.
Lo oculto
La asignación de recursos en el Presupuesto General de la Provincia es, por lógica capitalista, una instancia de franqueza pública. El momento en que el Gobierno dice, a través de las cifras, ya no sólo qué cosas valora sino, sustancialmente, qué cuestiones aprecia en desmedro de otras. El dinero que le asignará a un área no se lo dará a otras. El dinero casi podría considerarse un tipo de materia en sí mismo: no se pierde, sólo se transfiere.
Justamente, el Presupuesto 2015 sancionado ayer por el Poder Legislativo es una confesión que ratifica el espíritu primordial de la democracia pavimentadora.
Si se quiere conocer el profundo desprecio del alperovichismo por la transparencia a la hora de manejar el dinero de los tucumanos, basta y sobra con la primera página del Listado de Gastos de los poderes del Estado y los organismos centralizados, previsto para el año que viene. Esa hoja inicial comienza con la siguiente nomenclatura: “02 – Poder Judicial”. ¿Por qué inicia con el número dos? Porque antes debería decir “01 – Poder Legislativo”. Sin embargo, por inconcebible y oprobioso que resulte a 31 años de la reinstauración de la democracia, la Legislatura no le dice al pueblo cuánto dinero de los impuestos gastará. La pregunta es obligada: si son capaces de no hacer público cuánto erogan, ¿cuántas cosas más le oculta el poder político a la ciudadanía?
Lo indescifrable
Como el Presupuesto de la Legislatura es (junto con el origen del cosmos y el inicio de la vida) uno de los tres grandes misterios de la humanidad, hay asuntos básicos de los que no se puede tener noción. Por caso, no se puede saber en qué ni en quién se gasta la plata asignada a la Legislatura. Porque, para mayores arcanos, todo parece indicar que el dineral parlamentario no se gasta enteramente en los parlamentarios. Ni remotamente.
Tomemos lo que se sabe de fuentes confiables del moribundo Presupuesto 2014. Sería originalmente de $ 750 millones, de los cuales los Gastos de Funcionamiento ocuparían $ 120 millones. La mitad es para bienes de uso (¿$ 60 millones para computadoras, muebles y autos?). El 30% es para Bienes no personales (¿$ 36 millones para pagar servicios públicos, viáticos, homenajes y servicios médicos de los legisladores?). El 20% restante es para Bienes de consumo (¿$ 24 millones para comestibles, papelería, combustibles, limpieza y mantenimiento del novísimo edificio?).
Los “gastos sociales” salen de otra partida, la de Transferencias, fijada en $ 130 millones. Pero si el promedio es de $ 100.000 mensuales por cada uno de los 49 legisladores (aunque muchos digan que ganan menos y nadie admita que gana más), el total arroja casi $ 60 millones por año. ¿Y los otros $ 70 millones?
Los $ 500 millones que le quedan al Presupuesto legislativo son para Personal. Aquí, las cifras tampoco cuadran. Los legisladores tienen una dieta bruta de $ 25.000 y fondos para contratar 10 asesores de $ 8.000 cada uno. El total: 67 millones para las remuneraciones de 539 personas. Es decir que después de todo ese dispendio, a la Legislatura todavía le quedan 433 millones para pagar salarios. ¿A cuánta gente emplean ahí?
Entonces, aunque los legisladores dispongan de algo más de $ 200.000 mensuales (para sus haberes, los del personal de despacho y los “gastos sociales”) la anualización de esas erogaciones (aguinaldos incluidos) arroja $ 130 millones por año. Si a eso se suman los inverosímiles Gastos de Funcionamiento, el resultado es $ 250 millones. Léase, sobran $ 500 millones. ¿Dónde van a parar? El agujero negro que traga esa pregunta (y ese dineral) crecerá en su vórtice un 36% desde el 1 de enero. Es que la inflación oficial apenas llega al 20%, pero el Presupuesto General de la Provincia creció prácticamente el doble.
Lo explicitado
No es sólo mediante el ocultamiento de cifras escandalosas que el oficialismo tucumano sincera su desdén a las formas del debido Gobierno. En las partidas detalladas, por montos menores aunque igualmente millonarios, se insinúan desprecios no menos inquietantes.
La Dirección de Aeronáutica de la Provincia dispondrá el año que viene de $ 22,2 millones (casi $ 2 millones por mes). Este organismo, que oficialmente “se encarga de elaborar planes para el desarrollo de los servicios aeronáuticos prestados por la Provincia” (por ejemplo, que el gobernador y familia viajen en jets ejecutivos camuflados de aviones sanitarios), dispondrá de más dinero que el que la Dirección Provincial de Defensa Civil ($ 9,4 millones), el Programa Integral de Protección Ciudadana ($ 5 millones), el Programa Federal para la Colaboración y la Asistencia para la Seguridad (otros $ 5 millones) y el Plan Provincial de Manejo del Fuego (apenas $ 885.500). La indefensión, la desprotección, la inseguridad y la lluvia de cenizas son, aquí, sólo sensaciones.
Lo desvencijado
El Consejo Asesor de la Magistratura, ese organismo ad honorem destinado a la selección de candidatos a cubrir vacantes en el poder judicial, consumirá $ 19,2 millones de enero a diciembre próximos. De ese dineral, $ 14,8 millones (el 77% de la partida) se gastará en personal que no ha sido designado por concurso, sino por el dedocrático índice de sus miembros, tan ocupados en hacerse callar los unos a los otros cuando alguno quiere ensayar, aunque más no sea, una lavada autocrítica de ocasión.
Para redimensionar, el CAM (no tiene medio centenar de vacantes por cubrir, como hace un lustro, sino sólo media docena) ocupará más dinero de los tributos de los tucumanos que el Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunas Menores ($ 17,4 millones); y que el Programa Obras para Salud, de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo ($ 14,1 millones). Es que la salud y el agua van y vienen; lo que importa es la empleomanía.
El CAM debía ser un gran costo a pagar por el Poder Ejecutivo decisionista, que vería autolimitada su facultad discrecional de nombrar jueces y fiscales. Terminó, en cambio, configurando un gran gasto a solventar por el empobrecido contribuyente, que ahora sostiene uno de los sistemas de designación de magistrados más caros del país. Apenas cinco años demoraron en convertir una institución señera de la república en una agencia de colocación de parientes y amigos. Hay electrodomésticos que poseen garantías de correcto funcionamiento por más tiempo.
Lo eficiente
La vigésimo segunda página de la Lista de Gastos del Presupuesto 2015 posee una veracidad incontrastable. Allí ha quedado plasmado al “Programa 36 - Fondo para Riñas de Gallo” le asignaron $ 437.000. Suena ridículo, hasta que se repara en que, nueve páginas adelante, en el “Programa 26 – Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – Unicef” figura, por toda partida, una asignación de $ 305.000. Entonces suena a afrenta. Pero nunca se revela incoherente: si en esta provincia sólo van presos los ladrones de gallinas, debe ser porque ese es el animal sagrado de Tucumán. Nada más correcto, entonces, que la pareja del ave de corral merezca tratamiento especial en la denominada Ley de Leyes.
Es que esta es la cuna de una nueva legalidad. Esta es la provincia donde el oficialismo, que en la Legislatura no dice cuánto gasta, destina para todo el año apenas $ 3 millones al Programa Copa de Leche. Eso sí, autoriza en la misma ley que la partida de Transferencias de la Secretaría General de la Gobernación disponga de $ 105 millones para 2015. O sea que en el año de las tres elecciones, el gobernador dispondrá para otorgar subsidios discrecionales del equivalente a 35 años de financiamiento del plan que le da un suplemento alimentario a los tucumanitos pobres.
La sinceridad del capitalismo, además de brutal, es eficiente. Las cifras ahorran todo calificativo.
Por caso, si en la Argentina hay vedettes que por participar de un programa televisivo de baile cobran por mes más de lo que ganará en un año un docente universitario que recién se inicia y enseña con dedicación exclusiva, queda claro que en el país se valora socialmente mucho más el show que divierte (“verter a través de”) que la educación que se disfruta (“da frutos”).
En Tucumán, para mayores contrastes, un médico que recién ingresa al hospital público (luego de siete años de formación de grado y cuatro de residencia) gana $ 9.900 de bolsillo. Un legislador, en promedio, maneja recursos públicos (entre lo que cobra por dieta y los fondos de que dispone para otras “tareas”) unas 20 veces mayores que ese monto. La primera lectura es que el Estado provincial considera más importantes a los representantes del pueblo que al pueblo representado (y que a los servidores que lo curan y le salvan la vida). Pero en realidad es infinitamente peor.
Lo oculto
La asignación de recursos en el Presupuesto General de la Provincia es, por lógica capitalista, una instancia de franqueza pública. El momento en que el Gobierno dice, a través de las cifras, ya no sólo qué cosas valora sino, sustancialmente, qué cuestiones aprecia en desmedro de otras. El dinero que le asignará a un área no se lo dará a otras. El dinero casi podría considerarse un tipo de materia en sí mismo: no se pierde, sólo se transfiere.
Justamente, el Presupuesto 2015 sancionado ayer por el Poder Legislativo es una confesión que ratifica el espíritu primordial de la democracia pavimentadora.
Si se quiere conocer el profundo desprecio del alperovichismo por la transparencia a la hora de manejar el dinero de los tucumanos, basta y sobra con la primera página del Listado de Gastos de los poderes del Estado y los organismos centralizados, previsto para el año que viene. Esa hoja inicial comienza con la siguiente nomenclatura: “02 – Poder Judicial”. ¿Por qué inicia con el número dos? Porque antes debería decir “01 – Poder Legislativo”. Sin embargo, por inconcebible y oprobioso que resulte a 31 años de la reinstauración de la democracia, la Legislatura no le dice al pueblo cuánto dinero de los impuestos gastará. La pregunta es obligada: si son capaces de no hacer público cuánto erogan, ¿cuántas cosas más le oculta el poder político a la ciudadanía?
Lo indescifrable
Como el Presupuesto de la Legislatura es (junto con el origen del cosmos y el inicio de la vida) uno de los tres grandes misterios de la humanidad, hay asuntos básicos de los que no se puede tener noción. Por caso, no se puede saber en qué ni en quién se gasta la plata asignada a la Legislatura. Porque, para mayores arcanos, todo parece indicar que el dineral parlamentario no se gasta enteramente en los parlamentarios. Ni remotamente.
Tomemos lo que se sabe de fuentes confiables del moribundo Presupuesto 2014. Sería originalmente de $ 750 millones, de los cuales los Gastos de Funcionamiento ocuparían $ 120 millones. La mitad es para bienes de uso (¿$ 60 millones para computadoras, muebles y autos?). El 30% es para Bienes no personales (¿$ 36 millones para pagar servicios públicos, viáticos, homenajes y servicios médicos de los legisladores?). El 20% restante es para Bienes de consumo (¿$ 24 millones para comestibles, papelería, combustibles, limpieza y mantenimiento del novísimo edificio?).
Los “gastos sociales” salen de otra partida, la de Transferencias, fijada en $ 130 millones. Pero si el promedio es de $ 100.000 mensuales por cada uno de los 49 legisladores (aunque muchos digan que ganan menos y nadie admita que gana más), el total arroja casi $ 60 millones por año. ¿Y los otros $ 70 millones?
Los $ 500 millones que le quedan al Presupuesto legislativo son para Personal. Aquí, las cifras tampoco cuadran. Los legisladores tienen una dieta bruta de $ 25.000 y fondos para contratar 10 asesores de $ 8.000 cada uno. El total: 67 millones para las remuneraciones de 539 personas. Es decir que después de todo ese dispendio, a la Legislatura todavía le quedan 433 millones para pagar salarios. ¿A cuánta gente emplean ahí?
Entonces, aunque los legisladores dispongan de algo más de $ 200.000 mensuales (para sus haberes, los del personal de despacho y los “gastos sociales”) la anualización de esas erogaciones (aguinaldos incluidos) arroja $ 130 millones por año. Si a eso se suman los inverosímiles Gastos de Funcionamiento, el resultado es $ 250 millones. Léase, sobran $ 500 millones. ¿Dónde van a parar? El agujero negro que traga esa pregunta (y ese dineral) crecerá en su vórtice un 36% desde el 1 de enero. Es que la inflación oficial apenas llega al 20%, pero el Presupuesto General de la Provincia creció prácticamente el doble.
Lo explicitado
No es sólo mediante el ocultamiento de cifras escandalosas que el oficialismo tucumano sincera su desdén a las formas del debido Gobierno. En las partidas detalladas, por montos menores aunque igualmente millonarios, se insinúan desprecios no menos inquietantes.
La Dirección de Aeronáutica de la Provincia dispondrá el año que viene de $ 22,2 millones (casi $ 2 millones por mes). Este organismo, que oficialmente “se encarga de elaborar planes para el desarrollo de los servicios aeronáuticos prestados por la Provincia” (por ejemplo, que el gobernador y familia viajen en jets ejecutivos camuflados de aviones sanitarios), dispondrá de más dinero que el que la Dirección Provincial de Defensa Civil ($ 9,4 millones), el Programa Integral de Protección Ciudadana ($ 5 millones), el Programa Federal para la Colaboración y la Asistencia para la Seguridad (otros $ 5 millones) y el Plan Provincial de Manejo del Fuego (apenas $ 885.500). La indefensión, la desprotección, la inseguridad y la lluvia de cenizas son, aquí, sólo sensaciones.
Lo desvencijado
El Consejo Asesor de la Magistratura, ese organismo ad honorem destinado a la selección de candidatos a cubrir vacantes en el poder judicial, consumirá $ 19,2 millones de enero a diciembre próximos. De ese dineral, $ 14,8 millones (el 77% de la partida) se gastará en personal que no ha sido designado por concurso, sino por el dedocrático índice de sus miembros, tan ocupados en hacerse callar los unos a los otros cuando alguno quiere ensayar, aunque más no sea, una lavada autocrítica de ocasión.
Para redimensionar, el CAM (no tiene medio centenar de vacantes por cubrir, como hace un lustro, sino sólo media docena) ocupará más dinero de los tributos de los tucumanos que el Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunas Menores ($ 17,4 millones); y que el Programa Obras para Salud, de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo ($ 14,1 millones). Es que la salud y el agua van y vienen; lo que importa es la empleomanía.
El CAM debía ser un gran costo a pagar por el Poder Ejecutivo decisionista, que vería autolimitada su facultad discrecional de nombrar jueces y fiscales. Terminó, en cambio, configurando un gran gasto a solventar por el empobrecido contribuyente, que ahora sostiene uno de los sistemas de designación de magistrados más caros del país. Apenas cinco años demoraron en convertir una institución señera de la república en una agencia de colocación de parientes y amigos. Hay electrodomésticos que poseen garantías de correcto funcionamiento por más tiempo.
Lo eficiente
La vigésimo segunda página de la Lista de Gastos del Presupuesto 2015 posee una veracidad incontrastable. Allí ha quedado plasmado al “Programa 36 - Fondo para Riñas de Gallo” le asignaron $ 437.000. Suena ridículo, hasta que se repara en que, nueve páginas adelante, en el “Programa 26 – Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – Unicef” figura, por toda partida, una asignación de $ 305.000. Entonces suena a afrenta. Pero nunca se revela incoherente: si en esta provincia sólo van presos los ladrones de gallinas, debe ser porque ese es el animal sagrado de Tucumán. Nada más correcto, entonces, que la pareja del ave de corral merezca tratamiento especial en la denominada Ley de Leyes.
Es que esta es la cuna de una nueva legalidad. Esta es la provincia donde el oficialismo, que en la Legislatura no dice cuánto gasta, destina para todo el año apenas $ 3 millones al Programa Copa de Leche. Eso sí, autoriza en la misma ley que la partida de Transferencias de la Secretaría General de la Gobernación disponga de $ 105 millones para 2015. O sea que en el año de las tres elecciones, el gobernador dispondrá para otorgar subsidios discrecionales del equivalente a 35 años de financiamiento del plan que le da un suplemento alimentario a los tucumanitos pobres.
La sinceridad del capitalismo, además de brutal, es eficiente. Las cifras ahorran todo calificativo.
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