02 Noviembre 2014
Acusan a inspectores de la Dipsa de pedir coimas y los trasladan a otras áreas por falta de personal
Uno de los sindicados, calificado como el “mayor coimero” por Molins, fue suspendido por 60 días sin goce de sueldo. Otros siete trabajadores denuncian persecución sindical. El titular de la repartición municipal envió una nota al secretario de Gobierno capitalino denunciando lazos de un empleado con prostíbulos.
Graves denuncias sobre pedidos de coimas, traslados masivos, un empleado suspendido y versiones de una supuesta persecución gremial. Estos episodios, entre muchos otros, desataron un escándalo en la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa), una repartición de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán que se encarga de habilitar e inspeccionar comercios en la Capital.
El secretario de Gobierno municipal, Germán Alfaro, ordenó la suspensión por 60 días de un alto empleado de esa oficina, a quien se apunta por -supuestamente- tener “mucha confianza y familiaridad con el ambiente de la noche y con titulares de prostíbulos”, indicaron fuentes oficiales.
La situación quedó reflejada en una nota que el titular de la Dipsa, Miguel Ángel Molins, envió al propio Alfaro el 21 de agosto pasado, en la que califica al trabajador en cuestión como “el mayor coimero”. Según el texto, al que accedió LA GACETA, el hombre fue filmado mientras solicitaba un soborno al dueño de un boliche, y “siempre alertaba a los titulares de los locales bailables acerca de los operativos”. Molins pidió el traslado de este individuo, y señaló además a otros siete inspectores -todos de menor rango- por llevar adelante habilitaciones truchas y por “retirar dinero mensualmente” de un supermercado de barrio Diza, destaca la documentación.
El 23 de octubre, Alfaro dispuso el traslado de siete de los agentes municipales mencionados por el director de la Dipsa, según una serie de resoluciones que firmó junto a Walter Berarducci, secretario de Servicios Públicos de la Capital.
Así, uno fue enviado a la Dirección de Empleo y Emprendimientos; otro a la de Cementerios; dos a la Dirección de Espacios Verdes; uno a Cultura y Turismo; otro a Deportes y Recreación; y el restante a Familia y Desarrollo Comunitario.
Pero las graves irregularidades expuestas por Molins no fueron el motivo oficial del movimiento de los inspectores. En las resoluciones, Alfaro dijo que existía “la necesidad de dotar” de recursos humanos a las demás reparticiones.
Ayer, desde la Municipalidad se excusaron de realizar declaraciones por el momento, pero aclararon que se está llevando a cabo el sumario administrativo contra el supuesto “mayor corrupto”, y que se tomarán las medidas judiciales una vez que finalice la investigación interna.
El grupo de inspectores sindicado y desplazado expresa otra versión. Según los planteos formulados ante la Secretaría de Estado de Trabajo de la Provincia, con el patrocinio del abogado Gustavo Estofán, los siete municipales acusan una “discriminación por cuestiones políticas”, debido a que todos son afiliados al sindicato que conduce Oscar “Cacho” Acosta, quien es opositor a la gestión del intendente, Domingo Amaya.
En una queja conjunta, remarcaron que Molins, en el escrito dirigido a Alfaro, evidenció que “la razón política-gremial fue lo que llevó a la superioridad a ordenar nuestros traslados”, y no las supuestas denuncias de comerciantes y otros particulares. “En su nota, el capitán (sic) Molins hace expresa referencia a que somos ‘activos participantes de las marchas gremiales’, dejando en claro que nuestra cercanía con el sindicato, y en especial con Acosta, es motivo más que suficiente para ordenar el cuestionado traslado”, dijeron los inspectores municipales.
El listado de hechos
El 21 de agosto, al redactar la nota que desató el escándalo, Molins requirió a Alfaro el movimiento de personal de la Dipsa, sobre la base de las “denuncias presentadas por particulares damnificados”. Y agregó un listado de casos.
Primero, mencionó un expediente abierto el 8 de julio pasado, por presuntas anomalías demandadas por “autoridades del Circo Rodas”. Señaló luego otro hecho producido ese mes, en el que el dueño de un salón de fiestas acusó a un inspector por una habilitación falsa. “Fue detectada en el IPLA, ya que el sello tenía mi apellido con dos letras L”, mencionó Molins. “Ambos casos están en proceso de investigación”, aseveró el titular de Dipsa.
Adjuntó también la versión aportada por un policía, respecto a que un trabajador de esa repartición “retira mensualmente dinero” de un supermercado en barrio Diza. “Ha participado (además) activamente en las protestas recientes”, agregó Molins en el texto.
Otro episodio citado en esta nota refiere a un inspector al que varios comerciantes le habrían reprochado “maltrato y desconsiderada manera de actuar”. “Varios manifestaron que les pidieron dinero (a modo de coima), pero no realizaron las denuncias correspondientes ‘para no perjudicarlo’”, afirmó.
Finalmente, explicó el caso del alto inspector municipal -a quien Alfaro suspendió luego-, y remarcó un supuesto nexo con prostíbulos y boliches. “Suele realizar los pedidos (de soborno) a nombre del suscrito, de secretarios, e incluso del señor intendente”, destacó Molins.
Protestas
El sindicalista Acosta aseguró que la situación es “netamente política”. “Esta persecución se daba en la dictadura. Aparecen listas de gente que participa en protestas, y luego se las traslada a otras reparticiones sin justificación”, afirmó el secretario general del gremio municipal capitalino. Remarcó que, según la información que maneja, la Municipalidad no realizó aún presentaciones en la Justicia penal por los hechos que denunció Molins a Alfaro sobre los inspectores.
En las últimas semanas, los trabajadores habían quemado cubiertas en la sede de Alberdi al 200 para evitar los traslados. Pero las quejas no bastaron. En el municipio no dudan de que lograron hacer una “limpieza” en la Dipsa.
El secretario de Gobierno municipal, Germán Alfaro, ordenó la suspensión por 60 días de un alto empleado de esa oficina, a quien se apunta por -supuestamente- tener “mucha confianza y familiaridad con el ambiente de la noche y con titulares de prostíbulos”, indicaron fuentes oficiales.
La situación quedó reflejada en una nota que el titular de la Dipsa, Miguel Ángel Molins, envió al propio Alfaro el 21 de agosto pasado, en la que califica al trabajador en cuestión como “el mayor coimero”. Según el texto, al que accedió LA GACETA, el hombre fue filmado mientras solicitaba un soborno al dueño de un boliche, y “siempre alertaba a los titulares de los locales bailables acerca de los operativos”. Molins pidió el traslado de este individuo, y señaló además a otros siete inspectores -todos de menor rango- por llevar adelante habilitaciones truchas y por “retirar dinero mensualmente” de un supermercado de barrio Diza, destaca la documentación.
El 23 de octubre, Alfaro dispuso el traslado de siete de los agentes municipales mencionados por el director de la Dipsa, según una serie de resoluciones que firmó junto a Walter Berarducci, secretario de Servicios Públicos de la Capital.
Así, uno fue enviado a la Dirección de Empleo y Emprendimientos; otro a la de Cementerios; dos a la Dirección de Espacios Verdes; uno a Cultura y Turismo; otro a Deportes y Recreación; y el restante a Familia y Desarrollo Comunitario.
Pero las graves irregularidades expuestas por Molins no fueron el motivo oficial del movimiento de los inspectores. En las resoluciones, Alfaro dijo que existía “la necesidad de dotar” de recursos humanos a las demás reparticiones.
Ayer, desde la Municipalidad se excusaron de realizar declaraciones por el momento, pero aclararon que se está llevando a cabo el sumario administrativo contra el supuesto “mayor corrupto”, y que se tomarán las medidas judiciales una vez que finalice la investigación interna.
El grupo de inspectores sindicado y desplazado expresa otra versión. Según los planteos formulados ante la Secretaría de Estado de Trabajo de la Provincia, con el patrocinio del abogado Gustavo Estofán, los siete municipales acusan una “discriminación por cuestiones políticas”, debido a que todos son afiliados al sindicato que conduce Oscar “Cacho” Acosta, quien es opositor a la gestión del intendente, Domingo Amaya.
En una queja conjunta, remarcaron que Molins, en el escrito dirigido a Alfaro, evidenció que “la razón política-gremial fue lo que llevó a la superioridad a ordenar nuestros traslados”, y no las supuestas denuncias de comerciantes y otros particulares. “En su nota, el capitán (sic) Molins hace expresa referencia a que somos ‘activos participantes de las marchas gremiales’, dejando en claro que nuestra cercanía con el sindicato, y en especial con Acosta, es motivo más que suficiente para ordenar el cuestionado traslado”, dijeron los inspectores municipales.
El listado de hechos
El 21 de agosto, al redactar la nota que desató el escándalo, Molins requirió a Alfaro el movimiento de personal de la Dipsa, sobre la base de las “denuncias presentadas por particulares damnificados”. Y agregó un listado de casos.
Primero, mencionó un expediente abierto el 8 de julio pasado, por presuntas anomalías demandadas por “autoridades del Circo Rodas”. Señaló luego otro hecho producido ese mes, en el que el dueño de un salón de fiestas acusó a un inspector por una habilitación falsa. “Fue detectada en el IPLA, ya que el sello tenía mi apellido con dos letras L”, mencionó Molins. “Ambos casos están en proceso de investigación”, aseveró el titular de Dipsa.
Adjuntó también la versión aportada por un policía, respecto a que un trabajador de esa repartición “retira mensualmente dinero” de un supermercado en barrio Diza. “Ha participado (además) activamente en las protestas recientes”, agregó Molins en el texto.
Otro episodio citado en esta nota refiere a un inspector al que varios comerciantes le habrían reprochado “maltrato y desconsiderada manera de actuar”. “Varios manifestaron que les pidieron dinero (a modo de coima), pero no realizaron las denuncias correspondientes ‘para no perjudicarlo’”, afirmó.
Finalmente, explicó el caso del alto inspector municipal -a quien Alfaro suspendió luego-, y remarcó un supuesto nexo con prostíbulos y boliches. “Suele realizar los pedidos (de soborno) a nombre del suscrito, de secretarios, e incluso del señor intendente”, destacó Molins.
Protestas
El sindicalista Acosta aseguró que la situación es “netamente política”. “Esta persecución se daba en la dictadura. Aparecen listas de gente que participa en protestas, y luego se las traslada a otras reparticiones sin justificación”, afirmó el secretario general del gremio municipal capitalino. Remarcó que, según la información que maneja, la Municipalidad no realizó aún presentaciones en la Justicia penal por los hechos que denunció Molins a Alfaro sobre los inspectores.
En las últimas semanas, los trabajadores habían quemado cubiertas en la sede de Alberdi al 200 para evitar los traslados. Pero las quejas no bastaron. En el municipio no dudan de que lograron hacer una “limpieza” en la Dipsa.
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