Por LA GACETA
29 Septiembre 2014
Cuando un dolor en el cuerpo es intenso y se repite o cuando una enfermedad se vuelve crónica, el médico puede limitarse combatir los síntomas o indicar diversos tipos de estudios para verificar si el diagnóstico inicial ha sido el correcto y determinar cuál es el origen del malestar. Los resultados revelarán lo que se busca y se encarará luego un tratamiento que permita la cura. Algo parecido debería encararse cuando en una sociedad hay problemas que se repiten constantemente y no se sabe muy bien qué hacer. Por ejemplo, las motocicletas han invadido el parque automotor y esta situación genera inconvenientes no solo en el tránsito, sino en el hacinamiento que se produce en reparticiones policiales por el secuestro de estos vehículos.
En junio pasado, los legisladores decidieron ocuparse de estos vehículos secuestrados en los depósitos provinciales y modificaron la Ley N° 8.502. Acordaron que los infractores dispondrán de 60 días corridos para realizar los trámites de recuperación sus vehículos, en caso contrario, saldrían a remate. El objetivo era descongestionar los corralones que están abarrotados de motos que nadie reclama. La norma establecía que si el interesado no reclamaba el vehículo secuestrado en el plazo de 180 días corridos, este podía ser subastado. Por otro lado, un concejal capitalino había presentado un proyecto de ordenanza para que se desguacen los vehículos secuestrados previa salida a remate porque estos pueden ser adquiridos por delincuentes y emplearlos para cometer delitos. La iniciativa fue rechazada por el intendente.
El secretario provincial de Seguridad acaba de anunciar que unas 7.000 motos de las 12.000 que están incautadas, van ser compactadas para luego ser vendidas como chatarra. “Casi el 95% de los vehículos que tenemos que tenemos secuestrados son motocicletas y, cuando eran vendidas por remate, abrían una posibilidad a los asaltantes de comprar un vehículo a un precio muy bajo para que pudieran salir a delinquir”, dijo el funcionario. Señaló que su repartición se adhirió a un programa del gobierno nacional para compactar todos los vehículos que, en un plazo de 60 días, no sean retirados por sus propietarios. Añadió que los vehículos que se hallen en buenas condiciones serán derivados a todas aquellas entidades públicas que requieran movilidad. El funcionario dijo que cuando los vehículos salen remate, se corre el riesgo de sus compradores sean delincuentes que luego pudieran emplearlos en robar.
Si este es el motivo de la aniquilación, tal vez se podría haber pensado, por ejemplo, en solicitarle al comprador un certificado de buena conducta y en inscribirlo en un registro que pudiese consultarse por internet.
En lugar de atacar los síntomas, como se hace generalmente, funcionarios, ediles, legisladores podrían preguntarse por qué se llega a esta situación de amontonamiento de motos, con o sin papeles. Si las causas son las infracciones y si estas son tantas, si los accidentes se suceden a diario y se incrementan, ello está indicando que la educación vial que reciben los conductores es mala. Otro tanto ocurre con los controles. ¿Por qué hay motos que circulan sin papeles? ¿Dónde está la falla? ¿Hay vacíos legales, intereses creados o negligencia de la autoridad? Tratar un cólico renal crónico con aspirinas nunca llevará a la cura, seguramente, el problema se hará crónico o se agravará.
En junio pasado, los legisladores decidieron ocuparse de estos vehículos secuestrados en los depósitos provinciales y modificaron la Ley N° 8.502. Acordaron que los infractores dispondrán de 60 días corridos para realizar los trámites de recuperación sus vehículos, en caso contrario, saldrían a remate. El objetivo era descongestionar los corralones que están abarrotados de motos que nadie reclama. La norma establecía que si el interesado no reclamaba el vehículo secuestrado en el plazo de 180 días corridos, este podía ser subastado. Por otro lado, un concejal capitalino había presentado un proyecto de ordenanza para que se desguacen los vehículos secuestrados previa salida a remate porque estos pueden ser adquiridos por delincuentes y emplearlos para cometer delitos. La iniciativa fue rechazada por el intendente.
El secretario provincial de Seguridad acaba de anunciar que unas 7.000 motos de las 12.000 que están incautadas, van ser compactadas para luego ser vendidas como chatarra. “Casi el 95% de los vehículos que tenemos que tenemos secuestrados son motocicletas y, cuando eran vendidas por remate, abrían una posibilidad a los asaltantes de comprar un vehículo a un precio muy bajo para que pudieran salir a delinquir”, dijo el funcionario. Señaló que su repartición se adhirió a un programa del gobierno nacional para compactar todos los vehículos que, en un plazo de 60 días, no sean retirados por sus propietarios. Añadió que los vehículos que se hallen en buenas condiciones serán derivados a todas aquellas entidades públicas que requieran movilidad. El funcionario dijo que cuando los vehículos salen remate, se corre el riesgo de sus compradores sean delincuentes que luego pudieran emplearlos en robar.
Si este es el motivo de la aniquilación, tal vez se podría haber pensado, por ejemplo, en solicitarle al comprador un certificado de buena conducta y en inscribirlo en un registro que pudiese consultarse por internet.
En lugar de atacar los síntomas, como se hace generalmente, funcionarios, ediles, legisladores podrían preguntarse por qué se llega a esta situación de amontonamiento de motos, con o sin papeles. Si las causas son las infracciones y si estas son tantas, si los accidentes se suceden a diario y se incrementan, ello está indicando que la educación vial que reciben los conductores es mala. Otro tanto ocurre con los controles. ¿Por qué hay motos que circulan sin papeles? ¿Dónde está la falla? ¿Hay vacíos legales, intereses creados o negligencia de la autoridad? Tratar un cólico renal crónico con aspirinas nunca llevará a la cura, seguramente, el problema se hará crónico o se agravará.
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