El bolsonerismo y un perdón que no alcanza

Corrupción de alguien con dinero o regalos para conseguir de él una cosa, generalmente ilegal o inmoral. El soborno es una práctica antigua que ha hecho escuela en nuestro país no sólo a nivel político, sino también empresarial, policial, judicial y tampoco está exento el ciudadano común. Hasta hace un tiempo se intentaba ocultar o disfrazar esta acción denigrante, pero en los últimos años, tanto el que da como el que recibe, lo hacen a la luz pública, especialmente cuando hay elecciones. Por esa razón, no deja de sorprender que un gobernador admita este acto de corrupción y pida perdón.

Ante un duro documento crítico que refrendó el obispo de La Rioja, Marcelo Colombo, sobre estas dádivas denigrantes, el mandatario de esa provincia, Luis Beder Herrera, le pidió disculpas al prelado, pero no al pueblo. "Coincido con el obispo que estas prácticas deben eliminarse. Cuando gané en 2011, lo hice sin entregar una sola chapa, pero ahora cedí ante el pedido de un sector de mi espacio. Esa no es la militancia que debemos profesar. No se debe militar con dádivas dos meses nada más, sino todo el año", dijo el jefe del Ejecutivo.

El obispo había señalado: "Creemos conveniente expresar nuestro dolor porque en 30 años no hemos logrado desterrar las viejas prácticas del clientelismo y la dádiva... Creemos que lastiman a la democracia hechos como los que hemos podido observar durante la campaña electoral: ofrecimiento de contratos laborales, asignación de pensiones, reparto de materiales de construcción, entrega de sumas de dinero, presiones por parte de las autoridades a los empleados... Si la democracia dignifica a nuestro pueblo en su participación, estas prácticas lo humillan y menosprecian en su dignidad; si ella debe ser un espacio fecundo para el diálogo y el debate de ideas y proyectos, estas la transforman en un destructor intercambio comercial de bienes y voluntades".

El 27 de octubre pasado, Tucumán fue una vez más víctima de esta práctica deleznable. Se estima que el Gobierno provincial habría repartido, sólo en la capital, alrededor de 350.000 bolsones. Como si fuera algo natural las dádivas se distribuyeron en centros de reparto en forma pública. Camiones cargados con bolsones, así como la misma gente llevando el "regalito" fueron ampliamente filmados y fotografiados. En la jornada electoral, se calcula que el Ejecutivo gastó unos $ 30 millones. Uno de los candidatos pidió al juez federal Daniel Bejas que se allanaran ocho inmuebles que, a su criterio, funcionaban como centros de distribución de bolsones. Este dispuso una consigna frente a tres inmuebles y ordenó tareas de inteligencia en las restantes. Justamente, este magistrado había afirmado en julio pasado ante un auditorio de alumnos que estaba prohibido el reparto de bolsones a cambio de un voto, acción penada por el Código Electoral Nacional, por lo tanto era un delito. Años atrás, antes de ser diputado nacional, el entonces presidente de la Corte de Justicia, Alfredo Dato, había afirmado que el bolsonerismo no era delito.

En estos 30 años de democracia, no se ha escuchado ningún pedido de perdón ni autocrítica de nuestras autoridades; tampoco la Justicia ha obrado de oficio ni los legisladores han elaborado una ley que castigue con rigor el clientelismo, que la clase dirigente solventa con los dineros del pueblo. Si la corrupción es fomentada por quienes deben dar el ejemplo, por caminos indignos seguiremos.