06 Julio 2013
UN DUCTO AL INFIERNO. El "Pozo" está protegido por un galpón de chapas. LA GACETA/ FOTO DE ANALÍA JARAMILLO.
Dejaron de estar en condición de "desaparecidos" para pasar a ser personas asesinadas durante el terrorismo de estado en Tucumán. La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia anunció ayer que se identificaron restos de seis personas más en la fosa común clandestina conocida como "Pozo de Vargas", ubicada en una finca de Tafí Viejo (a la altura de Francisco de Aguirre al 4.700). En total, suman nueve los vestigios de víctimas reconocidas desde 2011 en ese lugar por los científicos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que trabaja en conjunto con los especialistas del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (Camit).
El titular del área, Humberto Rava, detalló que el Juzgado Federal N°2 -el juez Fernando Poviña lleva adelante el caso- le confirmó que se trata de Roberto Raymundo Vega, Segundo Bonifacio Arias, Justina Andrea Carrizo, Luis Alejandro Lescano, Raúl Roque Danun y Eduardo Nicanor Giménez.
"Las cuatro primeras víctimas tienen que ver con el 'Operativo Independencia', porque sus secuestros están denunciados antes del 24 de marzo de 1976, cuando se produjo el golpe de estado. El trabajo de los peritos es encomiable. Porque no hay peor castigo que no saber adónde están los familiares de uno ni tener adónde poder ponerles una flor", ponderó el funcionario provincial. Entre los secuestrados se encuentran tanto comprovincianos y ciudadanos de otras provincias; estudiantes universitarios, profesionales, militantes y gremialistas. Vega, por caso, era un estudiante de 21 años, oriundo de Tartagal (Salta). El 12 de enero de 1976 fue secuestrado en Tafí Viejo y nunca más se supo de él.
Arias era un trabajador ferroviario y carpintero de 38 años. Lo detuvieron ilegalmente el 14 de febrero de 1976 y permanecía desaparecido desde entonces.
Carrizo, por su parte, fue atrapada el 25 de febrero de 1976 en Claypole, Buenos Aires. Era tucumana y habría militado en el PRT. Se cree que habría sido trasladada al centro clandestino de detención y exterminio que funcionó en el Arsenal "Miguel de Azcuénaga".
Lescano tenía 64 años y había nacido en Añatuya, Santiago del Estero. Era un abogado radical que representaba a presos políticos. Fue secuestrado por un grupo de tareas el 13 de marzo de 1976. Su crimen fue juzgado en 2012 en una megacausa en los tribunales federales santiagueños. Entre los condenados a prisión perpetua se encuentra el represor Musa Azar.
Danún, de 53 años, fue detenido junto a su hermano Juan Ángel, de 51 años, el 13 de noviembre de 1976. Los operativos de las fuerzas armadas fueron en sus casas, que eran vecinas, en Monteros. Ambos eran agricultores y estaban casados. Juan Ángel está desaparecido.
Giménez se desempeñaba como operario de la firma "Confecciones de Tucumán". Fue secuestrado el 5 de enero de 1977 junto a su esposa, dado que ambos eran delegados gremiales y habían participado en una resonante huelga en 1974. Tanto él como su mujer figuran en la lista de detenidos-desaparecidos aportada por el testigo Juan Carlos Clemente durante la causa "Jefatura I". Se cree que estuvieron en el Arsenal.
Si bien los familiares de desaparecidos siempre denunciaron que víctimas del terrorismo habían sido arrojadas al Pozo, la denuncia formal fue efectuada por el dirigente Enrique Romero en 2002. El ducto, a orillas de las vías del ferrocarril, era ocupado para abastecer de agua a las locomotoras. Los peritos detallaron que tiene la forma de una chimenea de ladrillos invertida. Cuando comenzaron la excavación, no sólo hallaron agua y escombros, sino también ropa, zapatos, cinturones, proyectiles, vainas servidas y los restos óseos.
La fosa tiene tres metros de diámetro y unos 40 de profundidad. Cuando los científicos llegaron a la mitad, comenzaron a encontrar fragmentos óseos. Antes, tuvieron que remover mampostería que, consideran, se utilizó para tapar y ocultar el lugar. A unos 25 metros aproximadamente se encontraron los vestigios del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, los primeros en ser reconocidos, en diciembre de 2011.
Luego, se reconocieron en el mismo sitio los restos de Nilda Zelarrayán (militante del PRT desaparecida en 1976) y de Antonia Romano de Palavecino (una trabajadora cañera secuestrada en Caspinchango, en mayo de 1976).
El titular del área, Humberto Rava, detalló que el Juzgado Federal N°2 -el juez Fernando Poviña lleva adelante el caso- le confirmó que se trata de Roberto Raymundo Vega, Segundo Bonifacio Arias, Justina Andrea Carrizo, Luis Alejandro Lescano, Raúl Roque Danun y Eduardo Nicanor Giménez.
"Las cuatro primeras víctimas tienen que ver con el 'Operativo Independencia', porque sus secuestros están denunciados antes del 24 de marzo de 1976, cuando se produjo el golpe de estado. El trabajo de los peritos es encomiable. Porque no hay peor castigo que no saber adónde están los familiares de uno ni tener adónde poder ponerles una flor", ponderó el funcionario provincial. Entre los secuestrados se encuentran tanto comprovincianos y ciudadanos de otras provincias; estudiantes universitarios, profesionales, militantes y gremialistas. Vega, por caso, era un estudiante de 21 años, oriundo de Tartagal (Salta). El 12 de enero de 1976 fue secuestrado en Tafí Viejo y nunca más se supo de él.
Arias era un trabajador ferroviario y carpintero de 38 años. Lo detuvieron ilegalmente el 14 de febrero de 1976 y permanecía desaparecido desde entonces.
Carrizo, por su parte, fue atrapada el 25 de febrero de 1976 en Claypole, Buenos Aires. Era tucumana y habría militado en el PRT. Se cree que habría sido trasladada al centro clandestino de detención y exterminio que funcionó en el Arsenal "Miguel de Azcuénaga".
Lescano tenía 64 años y había nacido en Añatuya, Santiago del Estero. Era un abogado radical que representaba a presos políticos. Fue secuestrado por un grupo de tareas el 13 de marzo de 1976. Su crimen fue juzgado en 2012 en una megacausa en los tribunales federales santiagueños. Entre los condenados a prisión perpetua se encuentra el represor Musa Azar.
Danún, de 53 años, fue detenido junto a su hermano Juan Ángel, de 51 años, el 13 de noviembre de 1976. Los operativos de las fuerzas armadas fueron en sus casas, que eran vecinas, en Monteros. Ambos eran agricultores y estaban casados. Juan Ángel está desaparecido.
Giménez se desempeñaba como operario de la firma "Confecciones de Tucumán". Fue secuestrado el 5 de enero de 1977 junto a su esposa, dado que ambos eran delegados gremiales y habían participado en una resonante huelga en 1974. Tanto él como su mujer figuran en la lista de detenidos-desaparecidos aportada por el testigo Juan Carlos Clemente durante la causa "Jefatura I". Se cree que estuvieron en el Arsenal.
Si bien los familiares de desaparecidos siempre denunciaron que víctimas del terrorismo habían sido arrojadas al Pozo, la denuncia formal fue efectuada por el dirigente Enrique Romero en 2002. El ducto, a orillas de las vías del ferrocarril, era ocupado para abastecer de agua a las locomotoras. Los peritos detallaron que tiene la forma de una chimenea de ladrillos invertida. Cuando comenzaron la excavación, no sólo hallaron agua y escombros, sino también ropa, zapatos, cinturones, proyectiles, vainas servidas y los restos óseos.
La fosa tiene tres metros de diámetro y unos 40 de profundidad. Cuando los científicos llegaron a la mitad, comenzaron a encontrar fragmentos óseos. Antes, tuvieron que remover mampostería que, consideran, se utilizó para tapar y ocultar el lugar. A unos 25 metros aproximadamente se encontraron los vestigios del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, los primeros en ser reconocidos, en diciembre de 2011.
Luego, se reconocieron en el mismo sitio los restos de Nilda Zelarrayán (militante del PRT desaparecida en 1976) y de Antonia Romano de Palavecino (una trabajadora cañera secuestrada en Caspinchango, en mayo de 1976).
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