Dos testigos aportaron datos en la causa DAU

Aunque no se había decretado el secreto de sumario, los investigadores se manejaron con sigilo. Los presuntos delitos que se habrían perpetrado en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) los llevaron a hacer un seguimiento encubierto en una Iglesia Evangélica; a llamar a declarar a un supuesto vendedor de choripanes que habría asegurado ser gerente de una constructora; y a pedir informes a reparticiones estatales que siempre enviaron datos genéricos o insuficientes para la pesquisa. Así, en estos tres meses, se conformaron dos cuerpos en la causa que lleva adelante la fiscala de Instrucción penal Adriana Reinoso Cuello. Y, si bien todavía no hay imputados, el ex director de la DAU, Miguel Ángel Brito, ya se habría puesto a disposición de la Justicia a través de su abogado.

El escándalo estalló en los primeros días de agosto, luego de una publicación de LA GACETA que daba cuenta de una obra en Casa de Gobierno frustrada por el Tribunal de Cuentas (TC). Los auditores, en un control preventivo, detectaron posibles sobreprecios en la restauración e iluminación de la fachada de la centenaria sede del Poder Ejecutivo. Aunque Brito aseguró que estaba de licencia cuando comenzaron esos trabajos, y que no los autorizó, renunció a su cargo luego de que se dio a conocer esa información.

El ex legislador bussista fue acogido por el senador nacional alperovichista Sergio Mansilla, que lo llevó como adscripto al Congreso de la Nación (Brito es funcionario de planta de la Municipalidad capitalina). Sin embargo, el ex director de la DAU quedó en el ojo de una tormenta que aún no amainó.

Las presuntas irregularidades en la repartición comenzaron a brotar como agua de manantial, y eso llevó a los legisladores radicales Silvia Elías de Pérez y Ariel García a realizar una denuncia penal.

El expediente recayó en la Fiscalía de Instrucción de la IV Nominación, que realizó la pesquisa con suma cautela. Según fuentes judiciales, el planteo judicial de los opositores es demasiado amplio, por lo que la investigación no está direccionada hacia un solo punto.

Una de las primeras medidas fue pedir informes al Tribunal de Cuentas. Pero la respuesta no fue demasiado útil para el avance del expediente. "No hubo aportes de valor sobre los casos puntuales, sino más bien una explicación sobre los tipos de control", afirmaron las fuentes.

Luego, se llevó adelante un seguimiento de las actividades que realiza la iglesia "Restauración y Gloria", ubicada en avenida Néstor Kirchner 1.534. Allí, supuestamente, está emplazada la empresa DC Construcciones; esta es la firma que más dinero le facturó a la DAU durante 2010 y 2011: $ 2,5 millones. Sin utilizar sus uniformes, policías de la sección Defraudación y Estafas de la Dirección de Investigaciones elaboraron informes ambientales de manera reservada. Y se confirmó que allí no había indicios de que funcionara una compañía.

Esto fue confirmado más tarde por una autoridad del templo, que fue citada a declarar como testigo y -siempre según fuentes judiciales- aseguró que no existe ningún vínculo con DC Construcciones. De hecho, la mujer sostuvo que muy pocas personas manejan los recursos y los aspectos contables de la iglesia, y que existe un riguroso control sobre todo esto desde Buenos Aires.

Ante esto, la fiscala Reinoso Cuello ordenó que se citara a Domingo Corbalán, el hombre que figura como propietario de DC Construcciones en la AFIP. En agosto, un cronista de LA GACETA fue a buscarlo a su casa -una precaria vivienda situada en la zona de calle Jujuy al 5.000-, y lo atendió su hijo, Elías. "Nosotros vendemos choripanes. Salimos a vender choripanes a la calle, en las fiestas patronales (...) También trabajamos para la construcción; somos albañiles y hacemos changas", aseguró el joven. Y, ante otra pregunta, sostuvo que su padre, seguramente, no sabía que aparecía como dueño de aquella empresa. "Ya cuando se entere va a armar quilombo (sic)", agregó.

Sin embargo, ese no parece haber sido el camino escogido por Domingo Corbalán. Según fuentes judiciales, el hombre declaró que es gerente de DC Construcciones, y que la compañía sí existe. Luego, cuando le consultaron por las frases de Elías ante LA GACETA, indicó que su hijo "habló sin conocer" la situación real.

El expediente tiene, además, documentación reservada que todavía no fue agregada. Pero hasta ahora no se encontró ninguna prueba que alcance para imputar algún delito, tal como lo solicitaron los legisladores radicales.

En este contexto, fuentes tribunalicias indicaron que se presentó en la oficina de la Fiscalía VI el abogado penalista Arnaldo Ahumada, quien puso a disposición de la fiscala Reinoso Cuello a su cliente, Miguel Brito.

Las claves del escándalo

En julio, el TC halló sobreprecios de hasta un 128% en obras de la DAU en la fachada de Casa de Gobierno; se impidió la ejecución.

Miguel Brito, que dirigía la DAU, adujo que la obra había sido gestionada por Roberto Bianchi, su subdirector. Sin embargo, renunció.

Un corralón, propiedad de familiares de Brito, le facturó casi $ 1 millón a la Dirección de Arquitectura, denunció Silvia Elías de Pérez.

Un proveedor de la DAU inscribió sede en la calle Emilio Castelar 450. Esa dirección, en realidad, no está asignada a ninguna propiedad.

Dos empresas fijaron sede en calle Constitución 215 ante la DAU. Entre ambas, le facturaron unos $ 3,6 millones a la repartición.

En Constitución 215 vive una mujer que trabaja como empleada doméstica, según la denuncia que realizó Elías de Pérez.