12 Agosto 2012
BUENOS AIRES.- El fiscal federal Jorge Di Lello aseguró ayer que es imposible fijarse plazos para obtener avances judiciales en la investigación por supuestas irregularidades en la ex Ciccone Calcográfica y remarcó que de ninguna manera recibió presiones para investigar al ex procurador Esteban Righi.
Di Lello citó como ejemplo que en la causa que se investiga el posible enriquecimiento ilícito del vicepresidente Amado Boudou debe haber no menos de 10 o 12 personas investigadas y remarcó que hay pilas de informes que están llegando, lo que no permite estimar un plazo de resolución del asunto.
Al ser consultado sobre la existencia de eventuales presiones para investigar a Righi, tras la denuncia que formuló en su contra Boudou, el fiscal remarcó que de ninguna manera tuvo condicionamientos para avanzar con su labor. Según reconoció, el hecho en sí genera presión porque es institucional porque se trata del Vicepresidente. Por eso, explicó que siempre hay presiones y que el problema es no dejarse manejar por estas.
Di Lello también se refirió a Alejandra Gils Carbó, la candidata a reemplazar a Righi como Procuradora General, luego de la fallida experiencia de Daniel Reposo;
señaló en declaraciones radiales que tiene una trayectoria profesional demasiado conocida: "le sobra capacidad para desempeñarse" (en ese puesto), opinó.
El Gobierno nacional decidió el martes intervenir a la principal imprenta del país, que quedará a cargo del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Hernán Lorenzino, y de la presidenta de Casa de Moneda, Katya Daura. Además, envió al Congreso un proyecto de Ley que la declara de utilidad pública y sujeta a expropiación, iniciativa que el oficialismo analizó en un plenario de comisiones donde obtuvo dictamen favorable en el Senado. La iniciativa apunta a recuperar para el Estado las capacidades indelegables e insustituibles como es la emisión de moneda de curso legal, según los argumentos.
Di Lello, que ingresó como fiscal luego del alejamiento de Carlos Rívolo, estuvo a cargo de la imputación del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray por presuntas irregularidades en el plan de facilidades de pago otorgado a la calcográfica. El fiscal ya había advertido que la eventual expropiación de la ex Ciccone debería facilitar la investigación por irregularidades en torno a la empresa.
"Con la causa no va a pasar absolutamente más que lo que tenga que pasar como consecuencia de la investigación que conduce el juez (Ariel) Lijo. En términos normales, debería facilitar la investigación en aquellos puntos que todavía conservan oscuridad, como por ejemplo, quiénes son los auténticos titulares", planteó el fiscal en referencia a la intervención oficial. (DyN)
Di Lello citó como ejemplo que en la causa que se investiga el posible enriquecimiento ilícito del vicepresidente Amado Boudou debe haber no menos de 10 o 12 personas investigadas y remarcó que hay pilas de informes que están llegando, lo que no permite estimar un plazo de resolución del asunto.
Al ser consultado sobre la existencia de eventuales presiones para investigar a Righi, tras la denuncia que formuló en su contra Boudou, el fiscal remarcó que de ninguna manera tuvo condicionamientos para avanzar con su labor. Según reconoció, el hecho en sí genera presión porque es institucional porque se trata del Vicepresidente. Por eso, explicó que siempre hay presiones y que el problema es no dejarse manejar por estas.
Di Lello también se refirió a Alejandra Gils Carbó, la candidata a reemplazar a Righi como Procuradora General, luego de la fallida experiencia de Daniel Reposo;
señaló en declaraciones radiales que tiene una trayectoria profesional demasiado conocida: "le sobra capacidad para desempeñarse" (en ese puesto), opinó.
El Gobierno nacional decidió el martes intervenir a la principal imprenta del país, que quedará a cargo del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Hernán Lorenzino, y de la presidenta de Casa de Moneda, Katya Daura. Además, envió al Congreso un proyecto de Ley que la declara de utilidad pública y sujeta a expropiación, iniciativa que el oficialismo analizó en un plenario de comisiones donde obtuvo dictamen favorable en el Senado. La iniciativa apunta a recuperar para el Estado las capacidades indelegables e insustituibles como es la emisión de moneda de curso legal, según los argumentos.
Di Lello, que ingresó como fiscal luego del alejamiento de Carlos Rívolo, estuvo a cargo de la imputación del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray por presuntas irregularidades en el plan de facilidades de pago otorgado a la calcográfica. El fiscal ya había advertido que la eventual expropiación de la ex Ciccone debería facilitar la investigación por irregularidades en torno a la empresa.
"Con la causa no va a pasar absolutamente más que lo que tenga que pasar como consecuencia de la investigación que conduce el juez (Ariel) Lijo. En términos normales, debería facilitar la investigación en aquellos puntos que todavía conservan oscuridad, como por ejemplo, quiénes son los auténticos titulares", planteó el fiscal en referencia a la intervención oficial. (DyN)
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