De qué se trata la polémica ley Sinde

De qué se trata la polémica ley Sinde

Toda España habla de ella. Propone el cierre de sitios web. Qué es, para qué sirve y cómo funciona.

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25 Enero 2011
MADRID, España.- Mientras en Europa el frío no da tregua y a diario la temperatura está por debajo del cero del termómetro, el clima en España parece haberse calentado. Es que ayer los principales partidos políticos de ese país (PSOE, el PP y CiU) acordaron una enmienda para sacar adelante la llamada Ley Sinde, que intenta frenar la piratería cerrando sitios de enlaces y descargas.

El proyecto, que había sido rechazado en el Congreso, despertó mucha polémica y la negativa de millones de internautas. Tanto así que hasta el director de la Academia de Cine, Alex de la Iglesia, ya adelantó que renunciará a su cargo después de la gala de entrega de los premios Goya de este año, el 13 de febrero.

- ¿Qué es la Ley Sinde?

Es una modificación de una serie de leyes y normas para facilitar el cierre de páginas web que vulneren la propiedad intelectual según los criterios de una Comisión de Propiedad Intelectual que se encargaría de tramitar las denuncias sobre el particular ante la justicia, garante última del proceso. 

- ¿Para qué sirve?

El objetivo es proteger el derecho a la propiedad intelectual. Lo haría, sin embargo, de forma muy curiosa, por dos motivos. El primero es que convierte al Ministerio de Cultura en garante del derecho de propiedad intelectual, aunque controlado por la Justicia. El segundo es que establece que se podrá actuar no sólo contra quien cause un daño, sino contra quien "sea susceptible de causar un daño patrimonial". Es decir, se trata de una medida de actuación preventiva.

- ¿Cómo funciona?

Imagine que es el dueño de una discográfica y que ha encontrado una serie de páginas web desde las que se puede acceder a descargas gratuitas de la música que produce. Algo que no le gusta. Así que acude a la Comisión de Propiedad Intelectual, encargada de mediar, arbitrar y salvaguardar los derechos de propiedad intelectual, y denuncia el caso. Este organismo atiende su demanda y a continuación puede hacer dos cosas, que pueden ser simultáneas o no: acudir a la justicia para solicitar que el prestador de servicios a dicha página web facilite los datos del dueño del sitio -siempre bajo autorización judicial- y, por otra parte, solicitar también al proveedor de servicios que retire el contenido que infringe la ley. (Especial)

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