El Estado debería propiciar inversiones

Por Fernando García Soto 01 Febrero 2010

La idea que Tucumán sea alguna vez una potencia económica en la Argentina necesariamente deberá estar apuntalada por un cambio en los paradigmas que parecen regir las inteligencias de quienes comandan los destinos de la provincia. Insistir con la producción primaria como fuente de riqueza es una noción que se encuentra en un callejón sin salida, de manera que la generación de valor agregado parece ser el único camino que queda para transitar. Pero este objetivo no se logrará fácilmente si no se promueve un marco adecuado para tentar a la inversión, que contemple beneficios fiscales y seguridad física y jurídica.

En Tucumán, el área cultivable no supera las 600.000 hectáreas, porque la mayor parte de las 2,2 millones de hectáreas de la provincia están ocupadas por montañas y asentamientos urbanos. El área con granos demanda unas 300.000 hectáreas -principalmente con soja-, mientras que el resto contiene cultivos como la caña de azúcar, el limón y la frutihorticultura en general. Sin embargo, la avidez de los capitales tucumanos por realizar negocios agropecuarios llevó a que se produjera un fenómeno inédito en el país, como es que la frontera agrícola ganadera superara la frontera geográfica de la provincia. Es así que se calcula que hay explotaciones de ganadería y de granos por otras 2 millones de hectáreas de campos de inversores tucumanos en el norte de Catamarca, el oeste de Santiago del Estero y el sur de Salta. O sea, el Tucumán agropecuario foráneo compensa las desventajas físicas de una provincia tan pequeña como la nuestra. Sin embargo, se piensa que la expansión no podrá continuar, dado que rigen leyes duras contra los desmontes, lo que frenan las potenciales nuevas explotaciones.

Si poco se puede contar con el campo para generar más riqueza, ¿qué se puede hacer? Tucumán posee un nivel de infraestructura vial y de servicios que sin dudas favorece la radicación de nuevos emprendimientos, además de una actividad comercial pujante y una oferta de recursos humanos altamente capacitados, asentados en el desarrollo de cuatro universidades. Pero a la vez posee un sistema impositivo de los más caros del país, que tracciona en contra. Además, no se tienta a nuevos emprendimientos con beneficios fiscales, en parte porque ciertos funcionarios creen que la provincia por sí misma es demasiado atractiva para la inversión. Los resultados de esta forma de ver las cosas es que en los últimos años sólo se instalaron en estas tierras un fallido megalocal de máquinas tragamonedas, algunos call centers y nada más para destacar. Sí se destacó bastante el hecho de que capitales tucumanos hayan tenido que optar por instalar una fábrica de biodiesel de gran envergadura en Santiago del Estero, sólo porque esta provincia brindaba mejor trato a la inversión. Tampoco se hizo nada positivo desde el Estado provincial para que los ingenios pudieran acondicionar adecuadamente sus destilerías o para que armaran deshidratadoras de alcohol con el objeto de que el sector azucarero pudiera reconvertirse adecuadamente para entrar con fuerza al plan de biocombustibles.

Por ahora, el concepto que rige la radicación de inversiones en Tucumán parece ser que se trate de emprendimientos que generen puestos de trabajo, y no un pueblo nuevo, como podría derivar de una gran fábrica. Y todo el gasto tiene que ser afrontado por las espaldas del potencial inversor.