15 Diciembre 2009
A la Fiscalía Federal Nº 1, que encabeza Emilio Ferrer, fue girada la presentación efectuada por el peronista disidente Oscar López. Este denunció la supuesta implementación de un plan destinado a producir la muerte de quienes nacen con hasta 500 gramos de pesos en La Maternidad, para que figuren como muertes fetales, con el fin de "disminuir falsamente los índices correspondientes a la tasa de mortalidad infantil de Tucumán".
López asegura que la Justicia Federal es la competente para investigar los hechos que, según su denuncia, se producirían en la Maternidad, porque los supuestos delitos "se encuadran en la tipología penal y en los derechos y obligaciones establecidos por los tratados internacionales sobre derechos humanos, incorporados a la Constitución nacional" (en virtud de la reforma de 1994).
El dirigente pidió que se investigue a los ministros de Salud Juan Manzur (Nación) y Pablo Yedlin (Tucumán), así como a profesionales de la Maternidad, como Roxana Chahla (directora); José Núñez (jefe de Sala de Partos); Sandra Tirado y Cristina Majul (programa Materno Infantil), y Alba Brizuela.
Asimismo, López solicitó que se determine la eventual responsabilidad que podría caberle al gobernador, José Alperovich, por el supuesto conocimiento "sobre los presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en su administración con el fin de lograr los falsos resultados de baja de la tasa de mortalidad infantil, de los que su gobierno se ha beneficiado".
A partir de la denuncia formulada por López, el fiscal federal general, Gustavo Gómez, remitió a Ferrer la actuación preliminar abierta y remitió una copia de la presentación al procurador General de la Nación, Esteban Righi. LA GACETA, en el pasado "Enfoque del domingo" había anticipado la denuncia de López.
Luces de alarma
De acuerdo con López, a los padres se les informaría en la Maternidad que sus hijos, previo a ser abandonados, han nacido muertos, para proceder a registrarlos como "muertos fetales, categoría que no se contabiliza para la determinación de la tasa de mortalidad infantil". El dirigente advirtió que Manzur podría aspirar a que "esta metodología delictiva" sea implementada en otras provincias.
López asegura que la Justicia Federal es la competente para investigar los hechos que, según su denuncia, se producirían en la Maternidad, porque los supuestos delitos "se encuadran en la tipología penal y en los derechos y obligaciones establecidos por los tratados internacionales sobre derechos humanos, incorporados a la Constitución nacional" (en virtud de la reforma de 1994).
El dirigente pidió que se investigue a los ministros de Salud Juan Manzur (Nación) y Pablo Yedlin (Tucumán), así como a profesionales de la Maternidad, como Roxana Chahla (directora); José Núñez (jefe de Sala de Partos); Sandra Tirado y Cristina Majul (programa Materno Infantil), y Alba Brizuela.
Asimismo, López solicitó que se determine la eventual responsabilidad que podría caberle al gobernador, José Alperovich, por el supuesto conocimiento "sobre los presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en su administración con el fin de lograr los falsos resultados de baja de la tasa de mortalidad infantil, de los que su gobierno se ha beneficiado".
A partir de la denuncia formulada por López, el fiscal federal general, Gustavo Gómez, remitió a Ferrer la actuación preliminar abierta y remitió una copia de la presentación al procurador General de la Nación, Esteban Righi. LA GACETA, en el pasado "Enfoque del domingo" había anticipado la denuncia de López.
Luces de alarma
De acuerdo con López, a los padres se les informaría en la Maternidad que sus hijos, previo a ser abandonados, han nacido muertos, para proceder a registrarlos como "muertos fetales, categoría que no se contabiliza para la determinación de la tasa de mortalidad infantil". El dirigente advirtió que Manzur podría aspirar a que "esta metodología delictiva" sea implementada en otras provincias.
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