Impulsan el armado de una comisión para evaluar el impacto de la minería

Impulsan el armado de una comisión para evaluar el impacto de la minería

El cuerpo escuchó testimonios de ambientalistas y de productores de los Valles Calchaquíes y de Las Termas. Los expositores le reclamaron al Consejo que los apoye en sus reclamos. Asuntos Jurídicos definirá las atribuciones del cuerpo.

ATENTOS. El rector Juan Alberto Cerisola presidió la sesión en la que 15 referentes ambientalistas apelaron a la responsabilidad social de la UNT. LA GACETA / ANTONIO FERRONI ATENTOS. El rector Juan Alberto Cerisola presidió la sesión en la que 15 referentes ambientalistas apelaron a la "responsabilidad social de la UNT". LA GACETA / ANTONIO FERRONI
02 Diciembre 2009
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) decidió requerirle a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la institución que defina cuáles son las atribuciones del organismo respecto de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) y de la UTE que esa empresa conforma con la firma multinacional Minera Alumbrera. Una vez definidas esas atribuciones,  el rector, Juan Cerisola, les encomendará a los decanos para que se conforme desde las facultades una comisión multidisciplinaria de expertos, a los efectos de que analice el impacto que deja la actividad minera en la región.
El cuerpo tomó esa decisión luego de una larga sesión extraordinaria en la que se escucharon testimonios de referentes de 15 organizaciones ambientalistas y productores agropecuarios acerca de cómo la explotación minera incide en la vida de los habitantes de las ciudades catamarqueñas de Belén y Santa María, de la santiageña Termas de Río Hondo y de los valles tucumanos, entre otras zonas aledañas. El Consejo sesionó en presencia de ambientalistas que portaban carteles y banderas con consignas críticas a la explotación minera. En casi todas las intervenciones, los ambientalistas insistieron en que "la UNT es socia de Minera Alumbrera" y enfatizaron en el "rol de responsabilidad social que debe cumplir la Universidad pública frente a la explotación minera".
El consejero Raúl Torres Zuccardi, cuya moción fue la que finalmente aprobó el cuerpo, había dicho, a modo de síntesis, tras la maratónica ronda de testimonios de los ambientalistas,  que "el Consejo no está en condiciones de debatir sobre cada uno de los temas que se expusieron en el recinto". "Puede tomar para sí algunas decisiones, y tratar de ejercerlas, pero no por el imperio de la ley, ya que el Consejo Superior no puede ser sustituto de las facultades que les competen a los estados provinciales", añadió, en otro tramo de su intervención.
Tras la sucesión de testimonios, todos ellos de tono dramático, hubo una consejera -Romina Filippi- que amagó con la moción de que se destinen fondos de YMAD "para compensar" los impactos ambientales provocados por la minería.
Pero tanto Torres Zuccardi como el decano de Ciencias Naturales, Ricardo Mon, le pusieron paños fríos al asunto. "La UNT no debe hacer reserva de los dineros de YMAD para compensar. Esa responsabilidad les corresponde a  Alumbrera y a los socios de YMAD", coincidieron Mon y Torres Zuccardi.

Los testimonios
Los expositores, que recordaron que venían pidiendo la sesión desde hace un año, pusieron el foco en los siguientes aspectos: dijeron que Minera Alumbrera "implica un modelo extractivo, que significa usar grandes cantidades de agua y de energía", aseguraron que la irrupción de esa actividad en la región afectó los cultivos, generó sequías importantes que conllevaron la mortandad de animales así como la presencia de enfermedades respiratorias en pobladores de las zonas cercanas a la mina.
"Venimos a contradecir la versión mediática de que Alumbrera no contamina en el DP2", dijo una de las expositoras, Myriam Genisans. La ambientalista y docente de la UNT cuestionó al gobierno de la Provincia de Tucumán, al considerar que la normativa provincial que aplica sobre la actividad minera "tiene un techo más bajo" que el establecido en la normativa nacional en la materia. Genisans y sus compañeros opinaron que "la cadena del Aconquija está en riesgo" y apostaron a frenar el emprendimiento minero de Agua Rica, que está en estudio de factibilidad.
Entre los numerosos aspectos técnicos que se expusieron, Jorge Prado Iratchet señaló que en reiteradas oportunidades se provocaron "derrames de minerales" y "la rotura del mineraloducto", y que esa situación, en 2005, "fue reconocida por la propia empresa".

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