La Gripe A que infecta a la democracia

"El clientelismo se sitúa en el origen del concepto de clientela romana. Se asignaba a un conjunto de relaciones de poder, dependencia política y económica que se establecía entre individuos de status desiguales, (que estaban) basadas en el intercambio de favores. En las sociedades modernas, las relaciones clientelares han logrado sobrevivir y adaptarse, tanto frente a la administración centralizada como frente a las estructuras de la sociedad política". Cámara Electoral Nacional de la Argentina, "Fallo Polino".

Finalmente, el rostro electoral de Tucumán se mostró sin maquillaje durante esta última semana proselitista. A 96 horas de los comicios de parlamentarios nacionales, los bolsones reaparecieron en todo su indigno esplendor. Volvieron para espabilar a la comunidad: para mostrarle que el clientelismo es la Gripe A que ataca a la democracia.
Esa infección, por cierto, ha penetrado de tal manera y durante tanto tiempo el cuerpo político provincial, que los anticuerpos locales ya ni siquiera registran el daño sistemático que provoca.
Esta falta de reacción se advierte claramente respecto de uno de los virus clientelares más comunes: el bolsón, inoculado a mansalva por el oficialismo pero también contagiado desde algunos sectores de la oposición. El "bolsonerismo" es considerado por las autoridades provinciales (y, peor aún, también por un sinfín de ciudadanos) tan sólo como una práctica desleal. Y por eso, lo primero que debe quedar claro es que la entrega de bolsones a cambio de votos no es un simple disvalor: es un delito. Dicho esto, ciertamente, por la Cámara Nacional Electoral, en el memorable "Fallo Polino", dictado en 2005 a propósito de una interna del Partido Socialista en la Capital Federal, respecto de la que uno de los precandidatos, Héctor Polino, denunció la compra de votos por parte del otro sector.

Menesteres
"Las acciones que tienen por fin lesionar de algún modo la sinceridad de los comicios y particularmente del sufragio son hechos ilícitos que constituyen en muchos casos delitos penales. No siempre configuran tipos autónomos y específicos, sino que en ocasiones se trata de prácticas tipificadas con independencia de la órbita electoral: cohecho, malversación de caudales públicos, soborno, etcétera", se lee en los considerandos de la sentencia.
Los ilícitos en cuestión están tipificados en el Código Electoral Nacional. Primero, en el artículo 139, inciso B, que pena con prisión de uno a tres años a quien compeliere a un elector a votar de una manera determinada. Después, en el artículo 140, que prevé prisión de dos meses a dos años a quien, mediante engaños, indujere a otro a que sufragara en determinada forma, o que se abstuviera de hacerlo.
"El objetivo de la transacción puede consistir en bienes, dineros, trabajos, contratos públicos, programas sociales o servicios públicos a cambio del voto, así como también la amenaza de quitar los beneficios", esclarece el tribunal argentino.
En el fallo, también se advierte que la relación entre los punteros políticos y la población desprotegida responde a un sistema de subsistencia alimentaria, que resulta difícil de cuestionar desde el discurso político. Lo mismo ocurre desde la perspectiva del sentido común: para el menesteroso es menester sobrevivir. Y, justamente, esta situación desemboca directamente en un cuadro general alarmante: las prácticas basadas en explotar el hambre del pueblo no constituyen una política de la miseria sino la miseria misma de la política. Una en la que el poder se construye con mendrugos.

Equivalencias
Lejos de la "fiesta de la democracia", el clientelismo convierte a Tucumán durante el período electoral en un Estado de excepción. En ese contexto, ocurrió que un día de miércoles como el pasado 24, un camión identificado como propiedad de la Municipalidad de Banda del Río Salí fue llenado de bolsones de mercadería en plena avenida Mate de Luna, a las seis de la tarde.
Es decir, el Estado no sólo deja de hacer cumplir la ley, sino que él mismo, que es garante de las normas, las viola. Y lo hace a la vista de media provincia.
"El delito clientelar beneficia al que gobierna. No advertirlo equivale a que el día de mañana algún gobernante pueda decir que hay que aceptar el robo de estéreos porque siempre ocurre, y que, a la vez, él ponga un negocio de venta de estéreos robados", manifiesta el constitucionalista tucumano Rodolfo Burgos.

Portavoces
La gripe clientelista, además, extingue el contrato político entre el postulante, que propone, y el ciudadano, que elige entre muchas propuestas. "Lo que se ofrece en la relación bilateral de compra de votos es dinero u otros beneficios y no una plataforma política de la que el candidato debe hacerse responsable tras resultar electo", advierte el "Fallo Polino".
Esa afección ya venía manifestándose en un síntoma cabal: el vaciamiento ideológico de los partidos. De ser instituciones que interesaban a los ciudadanos en los asuntos de la cosa pública, las agrupaciones políticas pasaron a ser -en un número pavoroso de casos- meros trampolines para que el que pueda alquilarlos salte a un cargo con renta estatal. Consecuentemente, la opción ha dejado de ser izquierda, centro o derecha, o progresistas, conservadores o moderados. Hoy se trata, simplemente, de elegir entre los portavoces del Estado o los portavoces del dinero. Para más ejemplo, los Kirchner o Macri y De Narváez. Sólo hace política el que tiene infinitos recursos públicos o inmensos fondos privados. Y el que pone más, gana.
El escenario local, hoy, es una perversa confirmación de esa bipolaridad: el aparato estatal no tuvo quien equiparara sus arcas y se anuncia ganador. De igual manera, la oposición asume que su eventual derrota se explicará, de principio a fin, tan sólo en la falta de plata.

Ejemplos
El resultado es que la política ha sido privatizada. Ya no es pública: es cosa de inversores. De manera inversamente -y perversamente- proporcional, el clientelismo hizo que el voto dejara de ser privado. Porque lo que la Cámara Nacional Electoral advirtió en su referido pronunciamiento es que lo que el clientelismo hace es conculcar el carácter secreto del voto. El bolsón tiene nombre, apellido y número de lista.
Ahora bien, esta advertencia doctrinaria requiere, según los magistrados federales, de una legislación más precisa. Y no hay que irse a Europa o a los Estados Unidos para conseguirla: muchos países latinoamericanos son mejores ejemplos que la Argentina.
En Brasil, la Ley de Elecciones Nº 9.504 prohíbe a los agentes públicos "usar o permitir el uso promocional a favor de candidatos, partido o coalición, de la distribución gratuita de bienes o servicios de carácter social que subvenciona el Poder Público".
En Uruguay, la Ley de Elecciones 7.812 (y modificatorias) establece como delito electoral "el ofrecimiento, promesa de lucro personal o dádiva de idéntica especie, destinados a conseguir el voto o la abstención del elector".
La Ley Electoral de Honduras (Decreto 44/2004) tipifica, con pena de reclusión, la acción de "comprar o vender el voto".
El Código Penal de Ecuador castiga a "todo el que haya recibido algo a cambio de su voto, o que haya dado o prometido algo por el voto de otro".
El Código Penal de Colombia prevé sanciones para el "comprador" y para el "vendedor" de votos, bajo la denominación de "corrupción del sufragio".
Párrafo aparte merece el Código Penal Federal de México, y no sólo porque sanciona a quien "condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas a la emisión del sufragio a favor de un partido o de un candidato". Lo meritorio del digesto mexicano es que su artículo 403 sanciona con multa y prisión "(a quien) lleve a cabo el transporte de votantes, coartando o pretendiendo coartar su libertad para la emisión del voto". En esta provincia donde taxis y remises circulan con bolsones en el baúl y carteles con el apellido de autoridades provinciales o municipales pegados en el parabrisas, el cumplimiento de este última norma demandaría, directamente, poner rejas a lo largo de toda la frontera provincial.

Disyuntivas
La reforma política no ha sido prioridad para los últimos gobiernos nacionales y provinciales, a pesar de que sus miembros se llenaron la boca pregonando el advenimiento de "la nueva política". Tampoco en las plataformas de los actuales candidatos -al menos en Tucmán- la promoción de normas para combatir el clientelismo fue central. Ahora bien, si nada puede esperarse en este aspecto de la política, lo que resta es indagar qué puede aguardarse de parte de la Justicia.
En rigor, las prácticas clientelísticas son, además de delictuales, un flagelo que corroe a la comunidad. Porque el clientelismo estremece las instituciones, como la del voto, pero hace mucho más también. Por ejemplo, instala entre sus promotores la convicción de que no es buena idea forjar ciudadanos libres, que reclamen mejor calidad democrática, alguna calidad republicana, y bienes sociales (salud, educación, seguridad, empleo) que les permitan asociarse y, con ello, formar una sociedad. Por el contrario, resulta mucho más económico conseguir votos a cambio de bolsones.
La democracia nos costó muy caro como para que la abaraten tan impunemente.
Frente a esta situación, el camino de la Justicia Electoral Nacional de Tucumán parece abrirse en dos sendas. La primera es la pesquisa casi minimalista, consistente en perseguir camiones para averiguar de dónde venían y a dónde iban los bolsones. La segunda es advertir que el clientelismo, en realidad, está robando las esencias a la democracia.
La disyuntiva se asemeja a lo planteado por el filósofo eslavo Slavoj Zizek en El manto ensangrentado del tirano. "Hay una vieja historia acerca de un trabajador sospechado de robar en el trabajo: cada tarde, cuando abandona la fábrica, los vigilantes inspeccionan cuidadosamente la carretilla que empuja, pero nunca encuentran nada. Finalmente, se descubre que lo que el trabajador está robando son las carretillas".