02 Octubre 2008
LA PAZ.- La detención de un dirigente cívico acusado de haber participado en la voladura de un ducto de gas natural a Brasil derivó en una suspensión del diálogo entre el gobierno y la oposición, por decisión adoptada por cuatro prefectos rebeldes. José Vaca fue capturado en Villamontes, 1.200 km al sureste de La Paz. Según el gobierno, lideró hace tres semanas, cuando arreciaban las protestas contra el presidente, Evo Morales, el ataque contra instalaciones gasíferas en la zona del Chaco boliviano, y causó daños estimados en más de U$S 100 millones.
"Suspendemos temporalmente nuestra participación en las mesas de trabajo", informó ayer el prefecto de Tarija, Mario Cossío, que ofició de vocero de sus colegas Rubén Costas (Santa Cruz), Savina Cuéllar (Chuquisaca) y Ernesto Suárez (Beni). Cossío denunció desde la ciudad de Cochabamba, sede del diálogo gobierno-prefectos desde hace dos semanas, que se trató de un secuestro a cargo de policías encapuchados. "Lo que aconteció no es propio de una actitud de diálogo", afirmó. No obstante, aclaró que el diálogo no se ha roto, pero que esperan que Morales prometa respetar las garantías constitucionales y legales de las personas.
Se quedan en Cochabamba
Los prefectos permanecerán en Cochabamba a la espera de una respuesta. Asimismo, Cossío anunció que pedirán a los veedores de Unasur, OEA, ONU y Unión Europea, que asistieron desde el primer día a las negociaciones, a que ayuden a salvar el diálogo. La nueva posición de las cuatro autoridades regionales, la más fuerte oposición al régimen de La Paz, surge cuando oficialistas y opositores negocian un acuerdo que se esperaba fuera firmado el domingo. Morales y sus adversarios tratan de concertar la aprobación de una Constitución que incluya las autonomías que reclaman los departamentos rebeldes, la redistribución de recursos públicos nacidos de un impuesto petrolero y el pago de una bonificación para los ancianos con esos fondos.
Al conocer la decisión de los prefectos, el poderoso líder campesino y dirigente del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), Isaac Avalos, anunció movilizaciones en contra de los prefectos. El rebrote de la violencia está latente, pues además hay una amenaza de campesinos y obreros oficialistas de cercar el Congreso en 15 días más, para obligarle a aprobar una ley de convocatoria a referendo sobre la ley fundamental. (Télam-AFP-NA)
"Suspendemos temporalmente nuestra participación en las mesas de trabajo", informó ayer el prefecto de Tarija, Mario Cossío, que ofició de vocero de sus colegas Rubén Costas (Santa Cruz), Savina Cuéllar (Chuquisaca) y Ernesto Suárez (Beni). Cossío denunció desde la ciudad de Cochabamba, sede del diálogo gobierno-prefectos desde hace dos semanas, que se trató de un secuestro a cargo de policías encapuchados. "Lo que aconteció no es propio de una actitud de diálogo", afirmó. No obstante, aclaró que el diálogo no se ha roto, pero que esperan que Morales prometa respetar las garantías constitucionales y legales de las personas.
Se quedan en Cochabamba
Los prefectos permanecerán en Cochabamba a la espera de una respuesta. Asimismo, Cossío anunció que pedirán a los veedores de Unasur, OEA, ONU y Unión Europea, que asistieron desde el primer día a las negociaciones, a que ayuden a salvar el diálogo. La nueva posición de las cuatro autoridades regionales, la más fuerte oposición al régimen de La Paz, surge cuando oficialistas y opositores negocian un acuerdo que se esperaba fuera firmado el domingo. Morales y sus adversarios tratan de concertar la aprobación de una Constitución que incluya las autonomías que reclaman los departamentos rebeldes, la redistribución de recursos públicos nacidos de un impuesto petrolero y el pago de una bonificación para los ancianos con esos fondos.
Al conocer la decisión de los prefectos, el poderoso líder campesino y dirigente del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), Isaac Avalos, anunció movilizaciones en contra de los prefectos. El rebrote de la violencia está latente, pues además hay una amenaza de campesinos y obreros oficialistas de cercar el Congreso en 15 días más, para obligarle a aprobar una ley de convocatoria a referendo sobre la ley fundamental. (Télam-AFP-NA)
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