01 Septiembre 2008
El fiscal federal Alfredo Terraf insistirá esta semana para que Antonio Domingo Bussi sea trasladado a una cárcel común, luego de que el jueves pasado fuera condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal a prisión perpetua por la desaparición del ex senador peronista Guillermo Vargas Aignasse.
Hasta que la sentencia quede firme, el militar retirado continuará sometido a prisión preventiva con la modalidad que gozaba antes del fallo. "Voy a preguntarles a los jueces por qué no tuvieron en cuenta un pedido mío de revocar el arresto domiciliario. Se tendrían que haber pronunciado", aseguró Terraf esta mañana, en declaraciones radiales.
"Bussi es un asesino porque ha sido condenado por homicidio. Oficialmente es un asesino y tiene que estar en el lugar en el que deben estar los criminales: la cárcel", fustigó el fiscal. Los fundamentos del veredicto serán anunciados el jueves, a las 10.30. Luego, el otro condenado, Luciano Benjamín Menéndez, regresará a Córdoba, donde purga una sentencia por violaciones a los derechos humanos en una prisión común.
Según el sistema constitucional argentino, una persona es inocente hasta que, en un proceso con las debidas garantías, no se concluya lo contrario por medio de un pronunciamiento condenatorio que, además, luego de las instancias revisoras correspondientes, haya quedado firme. No obstante, para asegurar que ese proceso cumpla con su fin, en ocasiones suele alterarse el principio de que nadie puede ser privado anticipadamente de su libertad. Esto sucede cuando un juez dicta una orden de prisión preventiva.
Disposiciones legales
La prisión preventiva no tiene por finalidad sancionar; su función es meramente cautelar, dado que busca posibilitar la conclusión del proceso penal iniciado. En teoría, según la Ley 24.390, nadie puede permanecer más de dos años (lo que puede extenderse durante uno más) bajo este régimen.
El jueves, el Tribunal difirió para la etapa de la ejecución la determinación de la forma en que deberá cumplirse la pena impuesta por la desaparición del ex senador. Como consecuencia, ambos imputados continuarán bajo prisión preventiva. Esto no contradice ni choca con aquello de que nadie puede permanecer más de tres años sujeto a este régimen, porque el artículo dos de la misma Ley 24.390 aclara que ese tope no debe computarse respecto de quienes pesa una sentencia condenatoria que aún no está firme.
Como en el caso de Bussi la prisión preventiva se concreta bajo la forma de la detención domiciliaria y como pueden pasar años hasta que quede firme la sentencia, Terraf evalúa solicitar la modificación de la modalidad. Esto obligaría al Tribunal Oral a fijar su posición. LA GACETA ©
Hasta que la sentencia quede firme, el militar retirado continuará sometido a prisión preventiva con la modalidad que gozaba antes del fallo. "Voy a preguntarles a los jueces por qué no tuvieron en cuenta un pedido mío de revocar el arresto domiciliario. Se tendrían que haber pronunciado", aseguró Terraf esta mañana, en declaraciones radiales.
"Bussi es un asesino porque ha sido condenado por homicidio. Oficialmente es un asesino y tiene que estar en el lugar en el que deben estar los criminales: la cárcel", fustigó el fiscal. Los fundamentos del veredicto serán anunciados el jueves, a las 10.30. Luego, el otro condenado, Luciano Benjamín Menéndez, regresará a Córdoba, donde purga una sentencia por violaciones a los derechos humanos en una prisión común.
Según el sistema constitucional argentino, una persona es inocente hasta que, en un proceso con las debidas garantías, no se concluya lo contrario por medio de un pronunciamiento condenatorio que, además, luego de las instancias revisoras correspondientes, haya quedado firme. No obstante, para asegurar que ese proceso cumpla con su fin, en ocasiones suele alterarse el principio de que nadie puede ser privado anticipadamente de su libertad. Esto sucede cuando un juez dicta una orden de prisión preventiva.
Disposiciones legales
La prisión preventiva no tiene por finalidad sancionar; su función es meramente cautelar, dado que busca posibilitar la conclusión del proceso penal iniciado. En teoría, según la Ley 24.390, nadie puede permanecer más de dos años (lo que puede extenderse durante uno más) bajo este régimen.
El jueves, el Tribunal difirió para la etapa de la ejecución la determinación de la forma en que deberá cumplirse la pena impuesta por la desaparición del ex senador. Como consecuencia, ambos imputados continuarán bajo prisión preventiva. Esto no contradice ni choca con aquello de que nadie puede permanecer más de tres años sujeto a este régimen, porque el artículo dos de la misma Ley 24.390 aclara que ese tope no debe computarse respecto de quienes pesa una sentencia condenatoria que aún no está firme.
Como en el caso de Bussi la prisión preventiva se concreta bajo la forma de la detención domiciliaria y como pueden pasar años hasta que quede firme la sentencia, Terraf evalúa solicitar la modificación de la modalidad. Esto obligaría al Tribunal Oral a fijar su posición. LA GACETA ©
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