BUENOS AIRES.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) decidió modificar a último momento el calendario de difusión de indicadores dado a conocer a principio de año y postergó hasta el viernes el informe de inflación, tanto de precios al consumidor cuanto mayorista y el costo de la construcción.
Junto a la variación de los precios al consumidor también se iba a dar a conocer el costo de la canasta básica alimentaria (CBA) y el de la canasta básica total (CBT) que miden la línea de indigencia y pobreza, respectivamente. El incumplimiento del calendario por parte del Indec comenzó en marzo cuando no se publicó el indicador de pobreza del segundo semestre de 2007.
 El cambio del calendario por parte del Indec tiene lugar un día después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó a los medios periodísticos por la forma en que presentan la información sobre la inflación, al tiempo que responsabilizó al paro de los productores agropecuarios y a los empresarios en general por la suba de precios de abril.
El ministro de Economía, Carlos Fernández, confirmaría el viernes que la suba de precios al consumidor rondó el 0,5% en abril, apenas la mitad de la cifra registrada en marzo, cuando los registros del Indec alcanzaron el 1,1% afectados por el paro agropecuario. Una vez más, la cifra oficial distaría bastante de los relevamientos privados que dan entre 1,5% y 2% de inflación.
Paralelamente, la Justicia ordenó al Indec a informar cómo calcula el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y cuáles fueron todas las modificaciones que han sido aplicadas para calcularlo, en el marco de la polémica sobre la inflación oficial y la que registra la población.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal  III, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal, hizo lugar a un amparo que había presentado la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) ante la falta de respuesta oficial sobre esos datos. La magistrada ordenó al Indec entregar esa información en 20 días y le instó a que indique todas las modificaciones aplicadas para calcularlo y las razones por las cuales ellas han sido necesarias, dijo la ADC a través de un comunicado.
Según la entidad, la respuesta que dio hasta ahora el Indec “era insuficiente e inadecuada para satisfacer el derecho al acceso a la información y así permitir una efectiva participación ciudadana”.
Mientras tanto, en los tribunales de Comodoro Py 2002, el juez federal, Rodolfo Canicoba Corral, lleva adelante una causa penal donde se investiga si funcionarios del Indec manipularon estadísticas para bajar los registros inflacionarios. (DyN-NA)