El Gobierno promulgó en el Boletín Oficial la ley 9.698, que eleva la Reserva Santa Ana -situada en el departamento Río Chico- a la categoría de parque provincial. La normativa, que declara este territorio de 14.500 hectáreas como “área natural protegida”, prevé además distintas acciones tendientes a “lograr la recomposición paulatina de la biodiversidad del ecosistema de Las Yungas”.
Estas tierras habían sido compradas en 1889 por Cloromiro Hileret, dueño del ingenio Santa Ana, uno de los más importantes de su época) y por Lídoro Quinteros. Tras el cierre del ingenio, en 1930, pasaron a la Nación. “La Reserva se crea en 1972, incluyendo las tierras que provinieron del desguace del ingenio. Algunas de estas fueron loteadas y destinadas al cultivo de la caña de azúcar o, más reciente, de cítricos. Las restantes fueron destinadas a la creación de la reserva que resguarda una de las porciones más australes e importantes de selvas de montañas o yungas, incluyendo en las áreas cumbrales superficies menores de pastizales de neblina”, detallaron los autores del proyecto, Mariela Reyes Elías, Sergio Mansilla, Tulio Caponio y Javier Morof. Consideraron luego que esta zona se ha “revalorizado en los últimos años”, a partir de la creación del Parque Nacional Aconquija, mediante Ley Nacional 27.451, “que contiene y amplía el anterior Parque Nacional Los Alisos, incluyendo otras propiedades que anteriormente eran de dominio privado”. “La presencia de ambas áreas protegidas (Santa Ana y Aconquija) conforma un importante corredor de biodiversidad”, remarcaron.
La normativa encomienda a la Secretaría de Desarrollo Productivo, a través de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, el rol de “autoridad de aplicación”, que deberá “asignar un Cuerpo de Guardaparques con la misión de gestionar y custodiar la Reserva de manera que garantice la conservación, a largo plazo, de los ecosistemas naturales”, y tendrá a su cargo la “custodia, monitoreo ambiental, promoción y atención al visitante”.
La ley establece que el parque contará con un Plan de Gestión, dentro del cual se deberá prever, “el uso público del área”. Para ello, se podrá “planificar el desarrollo de infraestructura adecuada y ambientalmente compatible con el entorno que se conserva, el diseño y demarcación de senderos para avistaje de fauna y contemplación de la naturaleza”.