No hay comerciante, empresario o industrial que reclame la devolución de los saldos del impuesto sobre los Ingresos Brutos. No hay producto que escape, en toda la cadena de comercialización, a este tributo, el que constituye la gallina de los huevos de oro en toda administración provincial. Hablar de su eliminación suena a utopía en el Ministerio de Economía por una sencilla razón: representa casi el 83% del total de la recaudación de la Dirección General de Rentas.

Ingresos Brutos es cuestionado por su acumulación en las sucesivas etapas de comercialización. Pero la principal razón por la cual hay que eliminarlo es por los múltiples regímenes de pago anticipado que tiene el impuesto, advierte el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). Estos regímenes son muy burocráticos y generan permanentes saldos a favor del contribuyente, puntualiza el diagnóstico al que accedió LA GACETA. 

En noviembre de 2020, la Mesa de Diálogo, una organización representada por distintos sectores sociales y profesionales de la provincia, había redactado un documento denominado “En busca de la competitividad fiscal”, en el que se solicitaba, entre otras acciones, los cambios en los regímenes de Ingresos Brutos. Hasta ahora no encontró en el Gobierno.

Ingresos Brutos es un tributo provincial que se aplica sobre las ventas. Se determina mensualmente como un porcentaje de ellas. Sin perjuicio de ello, a lo largo del mes el contribuyente es sometido a una serie de Regímenes de Pago Anticipado (RPA). Por lo tanto, el importe que el contribuyente es obligado a pagar surge de la diferencia entre el monto del impuesto determinado menos la suma de todos los pagos anticipados que se le aplicaron durante el mes, indica Idesa.

Cada provincia regula con total autonomía el tributo. Establecen alícuotas por actividad, tratamientos especiales, exenciones y rangos de facturación. En igual sentido, cada provincia tiene potestad para regular sus RPA. Los RPA se clasifican en regímenes de retención (el vendedor sufre una detracción del precio de venta), de percepción (el comprador sufre un recargo sobre precio de compra) y de recaudación (el contribuyente sufre una detracción cuando tiene una acreditación en sus cuentas bancarias). Así, según la entidad que dirige el economista Jorge Colina, Ingresos Brutos no se trata de un solo impuesto sino de 24 impuestos con 75 RPA distintos lo que genera un pesado laberinto burocrático de sistemas provinciales.  

Como agravante, las provincias usan de manera abusiva los pagos anticipados. Para dimensionar la situación, con datos de la Comisión Arbitral para contribuyentes de Convenio Multilateral (los que tienen ventas en más de una provincia) se observa que:

• En 10 provincias los pagos anticipados acumulados equivalen a menos de un mes del impuesto.

• En seis jurisdicciones subnacionales los pagos anticipados acumulados equivalen a entre dos y tres meses del impuesto.

• En las ocho provincias restantes los pagos anticipados equivalen a más de dos meses del impuesto.

Estos datos, dice el instituto, muestran que solo en 10 provincias los pagos anticipados acumulados equivalen a menos del monto del impuesto que corresponde pagar en el mes. En estas provincias no se generan saldos a favor ya que el impuesto que corresponde pagar es menor a los pagos anticipados. Pero en las 14 provincias restantes lo anticipado por los contribuyentes es mayor al impuesto que corresponde pagar, por lo tanto, acumulan saldos a favor. Los casos más patológicos son Catamarca con el equivalente a seis meses de pagos anticipados y Misiones con un año de recaudación pagado de manera anticipada. 

“Que el uso abusivo de los RPA esté generalizado entre muchas provincias es otra evidencia de que en materia de malas políticas públicas no hay grieta”, argumenta Idesa. Al contrario, prevalecen amplios y sólidos consensos. “Esta mala práctica se da en provincias gobernadas por el Frente de Todos (a los dos ejemplos anteriores, cabe agregar también Santiago y Formosa con 3 meses, Tucumán 2 meses, Chaco 1,2 meses) y también en jurisdicciones gobernadas por Juntos por el Cambio (Corrientes 4 meses, Mendoza 1,5 meses, CABA 1,2 meses)”, explica. 

Por lo tanto, el desafío no es -como generalmente se plantea- cerrar la “grieta”, sino cuestionar los consensos equivocados que sostienen malas políticas públicas.

En el Consenso Fiscal de 2017 se acordó una reducción de alícuotas de Ingresos Brutos. Idesa considera que su fracaso no se explica porque se aplicó parcialmente, sino por el diagnóstico equivocado. La alícuota promedio de Ingresos Brutos es 3%, es decir, un séptimo de la alícuota general de IVA. 

Por lo tanto, si el problema radicara en las altas alícuotas la prioridad debería ser bajar el IVA, no Ingresos Brutos, plantea. La realidad es que los principales daños lo causan los engorros de un impuesto rudimentario que permite el uso abusivo de los RPA. Para no volver a repetir frustraciones hay que ser disruptivos y aceptar que Ingresos Brutos no tiene arreglo. Por lo tanto, la mejor alternativa es eliminarlo y que sea absorbido por el IVA, sugiere.