Leyendo la página 15 de LA GACETA del 09/05, me sorprende que quienes otorgan ese documento oficial a los que se presentan como candidatos a ocupar cargos públicos -en este caso electivos-, no hayan tenido en cuenta: la investigación iniciada en 2021; ni que la persona aludida en la crónica fue acusado de lesiones simples pero sobreseído por razones de tiempos judiciales -no por ser inocente- y según fuentes judiciales, la causa fue por portación ilegal de pistola 9 mm pero no por traslado de planta de marihuana; para evitar el juicio, hizo una donación o sea que quien tiene dinero puede zafar de cualquier castigo haciendo una obra de bien. Ahora bien, más allá de que las leyes le permitan gozar de libertad, el certificado de antecedentes debe informar de los malos antecedentes penales de quien lo solicita -aun cuando haya cumplido una prisión carcelaria en debido proceso- pues considero que se debe conocer a quien se le dará el voto para administrar los bienes del Estado. Por supuesto, si el individuo tiene -como en este caso- antecedentes penales, pero el certificado no lo dice, puede presentarse, con absoluta legalidad porque no hay trabas. Es lamentable para la Provincia y para el país, pero pareciera que las leyes penales las hace el “Chapo” Guzmán.
Julio Pérez
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