La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves una ley que permite la recuperación e incautación de bienes relacionados a casos de corrupción.

Desde marzo la Fiscalía ha detenido a 61 personas, entre funcionarios y empresarios, por corrupción en PDVSA y en las empresas públicas de acero, hierro y aluminio, así como en una estatal fabricante de cartones.

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En medio de las indagaciones, los diputados autorizaron el jueves en segunda y última discusión la denominada ley de extensión de dominio que en su texto dice que su finalidad es recuperar bienes por "actividades ilícitas" y esos activos "objeto de medidas de incautación serán destinados a financiar actividades de interés público".

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Según el texto aprobado de 48 artículos, el Ministerio Público iniciará las investigaciones para identificar los activos y luego los tribunales emitirán sus decisiones sobre si el procedimiento de recuperación es procedente.

¿Qué establece la ley?

Con las ventas de los bienes, el Gobierno financiará el sistema de protección social, el funcionamiento de los servicios públicos y el mantenimiento de la infraestructura pública, entre otros aspectos, de acuerdo con los artículos de la ley, cuyo texto fue divulgado por legisladores.

Hace dos semanas el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que por los más recientes casos de corrupción han sido confiscados 500 vehículos, los cuales agregó que serán entregados a la policía nacional.

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El diputado Diosdado Cabello, segundo al mando del partido oficialista y quien presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley el 31 de marzo, ha dicho que recientemente se creó la oficina llamada "Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados", y en la que ya hay un registro de 10.000 bienes, aunque no di detalle sobre esos activos. (Reuters)