En tiempos electorales, la política pone en la mesa de las promesas la reducción de la carga impositiva como una medida tentadora para captar la atención del electorado. Ante la heterogeneidad de aquellos que concurren a las reuniones organizadas por los candidatos a gobernador o intendente surge la incógnita sobre qué harán si llegan a la conducción de la provincia o de un municipio.

Hay dos impuestos que están en la mira: Salud Pública, que grava a la nómina salarial y, por lo tanto, es un condicionante para la generación de nuevos empleos, e Ingresos Brutos, debido a la complejidad de su cobro que abarca a toda la cadena de comercialización y que, en algunos casos, según denuncian los empresarios, generan saldos a favor que no se recuperan en tiempo y en forma. La adecuación de los regímenes de retención, percepción y recaudación es una de las materias pendientes de las provincias en el marco de lo acordado con la Nación en el último Consenso Fiscal que, además, permitió la suba a los máximos de las alícuotas de Ingresos Brutos para varias actividades.

En el sector privado se ha consolidado una frase que atañe a todos los sectores y que resume el ahogo que sienten ante tanta carga impositiva:  eliminar Salud Pública es un imperativo y Sellos, una necesidad. El razonamiento de los asesores tributarias de las principales cámaras empresarias es el siguiente: el costo fiscal de la eliminación no sería elevado para el Estado ya que Sellos representa casi el 4% de la recaudación y Sellos cerca de un 6%. Asimismo, el peso de Ingresos Brutos en la torta de fondos captados por la Dirección de Rentas es cada vez mayor: actualmente trepa al 82% del total. Esa es una tendencia nacional.

La actual gestión encabezada por el gobernador Juan Manzur se escuda en las necesidades cada vez mayores que tiene el Estado para financiar sus servicios. En el Poder Ejecutivo se advierte que hay regímenes de alícuota cero para actividades productivas centrales en la economía tucumana y que, para el resto de los contribuyentes, se mantiene la vigencia del plan de facilidades de pago, un paliativo frente a la acumulación de deudas impositivas pre y pos pandemia.

¿Qué margen hay para bajar los impuestos provinciales, en un contexto de necesidades financieras en un contexto inflacionario? El economista Nadin Arganaraz señala a LA GACETA que las provincias se enfrentan a demandas de aumentos salariales por encima de la inflación, ya que se pretende recuperar al menos en parte la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años. “Están cayendo en términos reales las transferencias no automáticas. Está con variación real nula la coparticipación. En este contexto, las provincias no van a tocar algún impuesto a la baja”, advierte el director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). El candidato a gobernador por el Frente de Todos, Osvaldo Jaldo, no le cierra la puerta a una reformulación de impuestos, aunque admite que será una discusión profunda que debe darse en todos los niveles de Gobierno. “Puede ponerse sobre la mesa de debate la unificación de impuestos provinciales y tasas municipales y comunales para su reformulación, pero eso requiere de un análisis jurídico y contable exhaustivo”, señala el actual vicegobernador.  Su contrincante de Juntos por el Cambio, el radical Roberto Sánchez, anticipó que impulsará una reforma para eliminar impuestos que conspiren contra la inversión. La presión fiscal también fue puesta en el tapete por la postulante a la intendencia de ese mismo espacio, Beatriz Ávila. En un spot, se refirió a la tarifa de electricidad, argumentando que es una de las más caras de la Argentina, entre otros por el peso de los impuestos. Los tributos representan, en promedio, el 28% del total de la boleta, en gran medida, por el peso de las tasas municipales. De allí la contestación de la Casa de Gobierno, con ton de chicana, de que el esposo de la actual senadora, Germán Alfaro, tuvo en sus manos la posibilidad de abaratar -por esa vía- los costos del servicio de electricidad.