Para un joven fue una pesadilla que duró casi dos años. Pero al escuchar el fallo, abrazó a sus abogados y volvió a sonreír. El estudiante universitario tuvo que esperar 20 meses para que un juez condenara al hombre que había abusado de él y que, después del ataque, le robó sus pertenencias y luego lo amenazó con “escracharlo” por su condición sexual. El fallo, que tiene sólo un antecedente en la historia judicial de la provincia, fue muy bien recibido por la comunidad LGBT de la provincia que cree que con esto se multiplicará este tipo de denuncias.
El estudiante universitario, a través de una aplicación online, acordó encontrarse con alguien (que utilizaba una identidad falsa). El encuentro tuvo lugar en la plaza San Martín de la capital. Al día siguiente, la víctima aceptó la invitación a dar un paseo en moto que le hizo el sujeto, que se había ganado su confianza.
El ataque
El 27 de junio de 2021, los jóvenes se dirigieron hacia Yerba Buena. De allí ingresaron por el sendero de la Ciudad Universitaria. El supuesto nuevo amigo invitó al damnificado a caminar por el lugar. Ya en medio de la vegetación, el sujeto comenzó a agredir al estudiante y a decirle que estaba armado, que era un violador serial y un asesino. Después de quitarle el celular Iphone, abusó de él.
En la declaración que realizó ante las autoridades, P.G. contó que el acusado lo obligó a ponerse la ropa y a subir a la motocicleta bajo las amenazas de revelar su condición sexual en las redes sociales y dañar a todos los miembros de su familia, puesto que sabía dónde vivían y a qué se dedicaban. Lo trasladó hasta Ejército del Norte y avenida Belgrano. Antes de huir volvió a amenazarlo, señalando que él pertenecía a una mafia que atacaba a jóvenes como él.
P. G. realizó la denuncia en la Policía. Pero fue su hermano el que logró dar un paso clave: consiguió rastrear dónde estaba el celular que había sido robado. No sólo lograron recuperar el Iphone, sino que descubrieron la identidad del sospechoso.
El proceso
El expediente fue investigado por la fiscala Adriana Reynoso Cuello que, después de haber reunido las pruebas suficientes, acusó a Miguel Marcelo Jaime de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, robo y amenazas coactivas. El imputado desmintió los dichos de la víctima, diciendo que el encuentro había sido consentido. Y allí comenzó un verdadero y doloroso peregrinaje procesal.
La víctima, con una pesada mochila cargada de vergüenza y una altísima cuota de valor, concurrió a cada una de las entrevistas que debió afrontar para demostrar que él decía la verdad y que el acusado mentía. En medio de la pesquisa la fiscala comprobó que el sospechoso tenía al menos otras tres denuncias por robo y delitos sexuales que actualmente se encuentran en el régimen conclusional y que no fueron cerradas todavía.
“Fue un caso complejo porque no existían evidencias físicas, pero sí psicológicas. La víctima fue atendida como corresponde para evitar que pasara de manera traumática todo el proceso”, explicó la fiscala en una entrevista con LA GACETA. “Sin lugar a dudas son causas especiales y se las trabaja con el mayor de los cuidados porque la protección al denunciante es una de nuestras prioridades”, agregó.
Al haber sumado las evidencias suficientes, la representante del Ministerio Público Fiscal logró quse dictara prisión preventiva al imputado.. Pero la defensa consiguió que sea bajo la modalidad de arresto domiciliario, pese al rechazo de la fiscalía y de la querella, que está representada por José María Molina e Ileana Antoniella Battaglia.
“Nuestro representado vivió una pesadilla en todo ese tiempo. Le costaba entender cómo esta persona, a pesar del aberrante hecho que cometió, podía estar en su casa. Sentía impotencia y miedo. En algún momento pensó en abandonar todo, pero su valentía fue más”, señaló Molina. “Perdió la fe al darse cuenta de que lo habían mandado a su casa porque su madre sufría una enfermedad terminal. Pero en realidad, tenía otros nueve hermanos que podían cuidarla”, añadió Battaglia.
El final
El acusado cambió de defensor y surgió la posibilidad de que se cerrara el expediente a través de un juicio abreviado. Fueron meses de arduas negociaciones. La víctima aceptaba el ofrecimiento con una sola condición: que cumpliera la pena en el penal de Villa Urquiza y no que siguiera gozando de arresto domiciliario. Razonaba así porque estaba convencido de que el acusado reincidiría, ya que tenía sospechas de que seguía contactándose con otros jóvenes para hacerles lo mismo que a él.
En una audiencia que se realizó el martes, la auxiliar fiscal Pilar Sampayo, siguiendo instrucciones de Reynoso Cuello, presentó el acuerdo. Jaime, que fue asistido por el defensor oficial Miguel Rocchio, se declaró culpable. La víctima señaló que estaba de acuerdo con el convenio que se había realizado y la jueza María Valeria Mibelli terminó condenando a Jaime a siete años y seis meses de prisión por los delitos de abuso sexual en concurso real con robo.
“Ahora estamos esperando que se realice una audiencia con carácter de urgencia para que se le revoque el arresto domiciliario. Y más aún si se tiene en cuenta que la mujer a la que debía cuidar ya falleció”, dijo Molina.
Una dura realidad
“Se habla de muchos avances en los derechos de las personas, pero lo cierto es que costó entender que este joven, por su condición sexual, no debería dejar de ser un sujeto de derecho y que merece el trato igualitario”, explicó Molina. “Esta situación no sólo se está dando en el fuero penal, sino también expedientes del fuero civil y laboral. Hemos encontrado el mismo problema en todos los casos en que intervinimos”, agregó Battaglia en una entrevista con LA GACETA.
Los profesionales esperan que este fallo sea una bisagra. “Todos los auxiliares de la Justicia debemos ver las cosas de manera diferente. Debemos ayudar y contener a las víctimas sin importar su condición sexual”, explicó la abogada.
“No tengo dudas de que este caso generará un antes y un después en la Justicia. Muchas víctimas se darán cuenta de que es posible condenar a las personas que las atacaron. También es un mensaje para los operadores judiciales, ya que deben tramitar estos expedientes como cualquier otro. No debe haber privilegios, pero tampoco descartar las denuncias por las condiciones sexuales”, finalizó Molina.