El clan Barrera surgió en el humilde asentamiento del barrio Madre Teresa de Calcuta, Alderetes. Luego extendió su dominio a otros dos municipios: Banda del Río Salí y Capital. En menos de una semana, el grupo sospechado de dirigir una red de narcomenudeo, sufrió dos golpes. En dos allanamientos diferentes, personal de la Unidad Regional Este desarticuló un puesto de venta de estupefacientes y encontró en una vivienda de Ranchillos, el lugar donde supuestamente escondían la droga que comercializaban.
La organización no fue descubierta en el marco de una investigación de narcomenudeo, sino por una causa de abuso de armas de fuego. Los integrantes balearon la casa de una persona que los había denunciado por la actividad ilícita que desarrollaban. Otras versiones indican que en realidad se trató de una pelea por el dominio territorial por la venta de estupefacientes.
Al haberse cumplido más de un mes de la implementación de la ley de Narcomenudeo, según las cifras a la que accedió LA GACETA, se abrieron alrededor de 100 causas. De ese número, más del 70% fueron por flagrancia (personas a las que se les encontró droga y terminaron siendo condenadas por tenencia simple) o en medidas iniciadas por investigaciones por otros delitos entre los que aparecen principalmente robos, abuso de armas y violencia de género, entre otros.
“Son más o menos los mismos números que manejaba la Justicia Federal cuando estaba a cargo de este delito”, explicó una fuente del Ministerio Público Fiscal.
“Si nos preocupa que un operativo en un puesto pueda arruinar una investigación de una red entera. Debería haber más comunicación entre los investigadores de la fuerza”, destacó el mismo vocero.
Un ex investigador razonó que se pueden hacer dos lecturas sobre esta situación. “La primera es que el microtráfico de drogas en la provincia es mucho más grande de lo que se pensaba. Y la otra, que estamos ante organizaciones polirubros, es decir, que cometen todo tipo de delito”, reflexionó. “Actuamos como manda la Ley. Se hace una investigación y, ante la sospecha, se solicita un allanamiento ante la Justicia. No actuamos sin autorización judicial. Todo está ajustado a derecho”, explicó el jefe de la Unidad Regional Este Fabio Ferreyra, que encabeza el ranking de secuestro de drogas.
Según fuentes policiales, confirmadas por voceros del MPF, por día las diferentes fiscalías reciben entre 50 y 60 pedidos de allanamientos por parte de los miembros de la fuerza. Esas presentaciones son analizadas por los investigadores y luego giradas al juez que esté de turno para que analice si es legal o no hacerlo. “No tenemos la capacidad para analizar cada uno de los planteos que llegan. Autorizamos todos los que están bien arumentados”, reconoció un funcionario judicial.
El debate
Los abogados penalistas coincidieron en señalar la importancia de la aplicación de esta nueva norma. “Se está descomprimiendo a la Justicia Federal. Pero debería haber un esfuerzo mayor entre los fueros y las fuerzas nacionales para que no sólo se combata a la venta por menor, sino que se vaya hasta el fondo desarticulando a los clanes y a los cerebros de estas estructuras”, sostuvo Mariano Arcas.
Aníbal Paz no sólo coincidió con su colega, sino que señaló: “hemos podido solucionar distintas situaciones en donde se logró la libertad de nuestros representados utilizando salidas alternativas”.
Pero también hay varios detractores que realizaron advertencias de que los policías están actuando de manera irregular. “Lo que está sucediendo en la provincia es muy preocupante. Es evidente que se están cometiendo delitos de falsificación ideológica por parte del personal policial para conseguir allanamientos y tratar de dar con los quioscos de venta de drogas”, explicó Mariano Dodds. “Están ideando causas de robo, sin mayores averiguaciones. Los allanamientos son fundados arbitrariamente y por fuera del debido proceso penal. Estamos a favor de la lucha contra el narcomenudeo, pero no violando los derechos de las personas”, añadió.
“Estamos en un proceso que llevará tiempo para una correcta implementación. Actualmente se pueden evidenciar en los procedimientos viejas prácticas que pueden afectar las garantías de los ciudadanos”, opinó José María Molina.
“Por lo general, las investigaciones que terminan con aprehendidos por la ley de Narcomenudeo no se realizan por pesquisas por este delito, sino que se tratan de hallazgos casuales. Esto puede generar numerosos problemas, ya que resulta más complicado probar la comercialización”, añadió el profesional en la entrevista con LA GACETA.
“Considero importante proteger siempre las garantías constitucionales de los ciudadanos, ya que muchas de las causas por narcomenudeo son iniciadas por supuestas investigaciones de robos. Esta situación deriva en allanamientos a personas que no tienen ninguna relación con el delito de origen, pero que efectivamente comercializan o poseen estupefacientes”, explicó Camilo Atim. “Si bien es cierto que están convalidándose estas pesquisas, resultaría correcto intentar corregir estas situaciones a los fines de proteger los derechos de los tucumanos”, finalizó.
“Se está abusando de este mecanismo. Es muy curioso que los policías, sin ninguna otra prueba más que el dicho de una persona, se presente en un domicilio por una causa de robo y encuentre drogas. Esto puede transformarse en un mecanismo de corrupción o la estrategia ideal para que algunos grupos eliminen o perjudiquen a sus rivales. Hay que tener cuidado”, concluyó Javier Lobo Aragón.
Otra sensación
En los barrios la sensación es otra. Los vecinos tienen otra preocupación. “No me importa cómo lo hagan, pero que saquen a estas basuras que están arruinando generaciones enteras”, explicó Juan M. que reside en Alderetes. El albañil no puede contener su bronca en la entrevista. “Se aprovechan de esta gente. Le retienen las tarjetas de los planes, de las que sirven para comprar comida o las de las asignaciones familiares para cobrar lo que les deben. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Estamos hablando que estos delincuentes están dejando sin comida a muchos chicos porque se aprovechan de la enfermedad de sus padres”, añadió pidiendo que las autoridades hagan algo con el flagelo.
En el barrio San Ramón, pese a la distancia, el panorama es más o menos el mismo. “Los transas se han apoderado de la calle. Ellos siguen creciendo y la Policía no hace nada. Todo el mundo sabe dónde venden, menos ellos. Queremos que los saquen ya. Tenemos hijos chicos que por su edad no han caído, pero es un peligro”, reconoció María Laura de Jérez.
“No hay que preguntarse cómo lo hacen, sino qué esperan para sacarlos a todos. En nuestro barrio vivimos las consecuencias de lo que está sucediendo en la Costanera”, comentó Esteban Herrera. “Los chicos van a comprar ahí y como estamos en el medio, sufrimos las consecuencias. Roban cualquier cosa para poder comprar sustancias”, añadió.
Buscan despegar a una pareja de una causa
El descubrimiento de la droga enterrada en Ranchillos dejó al descubierto otra realidad: las personas que por pedido de los cabecillas de las redes de narcomenudeo se encargan de almacenar la droga lejos de los lugares de venta. “Tenemos pruebas para demostrar que la sustancia encontrada en el lugar no era de los dueños de la casa, sino de una persona que le había pedido que se la tuviera. Eso lo demostraremos en el expediente”, explicó Javier Lobo Aragón, defensor de la pareja dueña de la casa. El viernes, personal de la Unidad Regional Este realizó varios allanamientos. Uno de ellos fue en esa localidad del interior de la provincia. Los pesquisas encontraron en dos tachos de plásticos (similares a los que se utilizan para almacenar y mantener nueces) más de cinco kilos de cocaína y siete de marihuana. Por esa razón se le dictó el arresto domiciliario a la mujer y la prisión preventiva para el hombre. “Los dueños de la droga, según me comentaron mis defendidos, son productores bolivianos que les pidieron que les enterraran esos tachos porque querían guardar dinero. Ellos jamás supieron que se trataba de droga”, señaló el defensor al anunciar que presentará pruebas para demostrar sus dichos.
Cómo es el sistema
1- Una víctima denuncia un robo en una dependencia policial. Los uniformados realizan una investigación para tratar de identificar a los autores.
2- Cuando tienen los elementos suficientes, presentan una carpeta en una fiscalía solicitando medidas de allanamientos.
3- El fiscal analiza el pedido y, si entiende que cuentan con los elementos suficientes, se lo gira al juez de turno que autorizará o rechazará el pedido.
4- Los policías realizan el allanamiento y si encuentran drogas, comunican el hallazgo a la fiscalía de Narcomenudeo.
5- Los procedimientos son cuestionados por abogados y especialistas que sostienen que los hallazgos casuales pueden arruinar investigaciones de meses.