Todavía no se cumple una semana de este nuevo año y ya arrecian los cuestionamientos contra esos santos luchadores del bien común que son los miembros del bendito oficialismo nacional. El problema de raíz es que las prioridades de quienes están dispuestos a ir presos por su pueblo (así llegó a inmolarse hace pocos días ese mártir del amor al prójimo como es el gobernador santiagueño Gerardo Zamora) jamás serán comprendidas por las nefastas oligarquías que se esconden en ese nido de antipatrias que es la “oposición”.
Los gorilas (para llamar a las cosas por su nombre, que es el que se complace en revelar Cristina Fernández de Kirchner) acostumbran predicar obscenidades, tales como sostener que la república es indispensable para que la democracia pueda funcionar correctamente. Ello (y lo dicen sin sonrojarse) implica no sólo división de poderes, sino equilibrio entre ellos.
Los argentinos “nacionales y populares” sabemos que eso es de resentidos. ¿Quién, sino la jefa, sabe mejor que nadie qué necesita el pueblo para alcanzar la felicidad? Entonces, la prioridad es contar con jueces que dicten las sentencias que pongan contenta a Cristina. Y, por transición, al Presidente de la Nación, que no tiene permitido alegrarse si Ella no ríe antes.
Así que los fiscales que tengan el descaro de investigar (es de burgueses cumplir con la función para la que han sido designados en el Estado) merecen desprecio y repudio. Diego Luciani y Sergio Mola, “más que fiscales, parecen trolls”, los insultó, por Twitter, Cristina, cuando dieron su alegato y pidieron 12 años de prisión contra Ella en la causa “Vialidad”.
Ahora, el Presidente de la Nación pide la remoción de los jueces de la Corte Suprema. Comenzando por su titular, Horacio Rosatti. Alberto Fernández lo conoce bien: Rosatti fue el primer ministro de Justicia de Néstor Kirchner y renunció antes de consentir el esquema de contrataciones que le proponían Julio De Vido y José López para adjudicar la construcción de nuevas cárceles. Dos son los máximos valores que la patria demanda a un vocal del máximo estrado nacional: subordinación e incondicionalidad. Y Rosatti demostró carecer de ambas. Lo importante es ser leal a los “K”. La idoneidad va y viene, compañeros…
¡Muerte a la coherencia!
Aunque es obvio que ningún argentino que se precie de bien puede querer algo distinto que lo quiere el kirchnerismo, los cipayos reclaman el imperio de la ley. Exigen respeto por las normas que consagran derechos y deberes de gobernantes y gobernados. En suma, seguridad jurídica.
Por suerte, los militantes del campo popular sabemos que todo reclamo de seguridad es cosa de country. La Argentina que todos queremos es la del imperio del antojo de Cristina. Ella, en 1994, integró la convención reformadora y votó en favor de crear con la nueva Constitución (artículo 114) un órgano que se encargara de seleccionar, sancionar y remover a los jueces, para autolimitar la injerencia presidencial en la Justicia. Luego, en 1997, impulsó en el Congreso la ley reglamentaria de ese Consejo de la Magistratura, con 20 miembros (Ley 24.937). Cambió de idea en 2006, y lo redujo a 13 (Ley 26.080). Y otra vez en 2013, y lo elevó a 19: los jueces que quisieran ser consejeros debían ser candidatos a través de partidos políticos (Ley 26.855). Rosatti también fue constituyente en 1994. Y defendió y defiende el Consejo de la Magistratura plural que diseñó la Carta Magna. Pero ya se sabe: la coherencia es la jactancia de los saboteadores…
Justamente, “compas”, mucho cuidado con ser coherentes, porque ese es el veneno de los apátridas. Ellos reclaman apego por los precedentes y doctrina de los actos propios. Exigen que el Estado, frente a situaciones similares, actúe de manera similar. Canallas…
Por suerte, “Cristina corazón / aquí tenés los pibes para la revolución”, que sabemos que eso no tiene lugar en esta gran matria para todos, todas y todes. Aquí, la prioridad es acatar sólo los fallos que nos agraden. Los otros no se cumplen, aunque su naturaleza sea casi idéntica a pronunciamientos judiciales anteriores que no sólo acatamos, sino que aplaudimos.
En la última semana de noviembre de 2015, cuando a “la Jefa” le quedaban 15 días como Presidenta, la Corte Suprema de la Nación hizo lugar a los planteos de Córdoba, Santa Fe y San Luis: desde 2006, la Nación les retenía el 15% de la Coparticipación Federal de Impuestos, sin que las provincias lo autorizaran. Ese descuento nació con el menemismo, para garantizar que las AFJP recibieran los aportes de los estatales. Pero para 2006 ya no había AFJP ni tampoco un pacto fiscal. El 1 de diciembre de 2015, a una semana de dejar el poder, Cristina no sólo aceptó el fallo: dictó un decreto de necesidad y urgencia que amplió sus efectos a todas las provincias. El DNU 2635/2015 dispuso el cese inmediato del descuento que ella disfrutó durante sus dos presidencias. Es decir, le heredó un boquete en las cuentas a Cambiemos. La Corte había dicho que no puede la Nación quitarles coparticipación a los distritos autónomos sin acuerdo previo.
El mes pasado, la Corte dijo lo mismo: la Nación no puede quitarle coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de manera unilateral. En 2016, la Nación, de su parte de la coparticipación primaria (sin tocarle un peso a las provincias) llevó del 1,4% al 3,5% la asignación a la CABA, porque le estaba transfiriendo buena parte de la Policía Federal. Alberto, por decreto, le sacó esos recursos en 2021. ¿Para quién fue el dinero? El 100% para la provincia de Buenos Aires. Con igual criterio que en 2015, el superior tribunal dictó una cautelar que restituye parte de esos fondos: 2,9% de la Coparticipación. Pero ahora, esa doctrina, que el tercer gobierno “K” no demoró en ejecutar, al cuarto kirchnerismo le suena a “golpe judicial”. Que se entienda: no es justo lo que es justo sino lo que al kirchnerismo le gusta. Entonces Alberto amagó con incumplir la sentencia, por pedido de los gobernadores peronistas: los del interior se pusieron en pie de guerra… en favor de la Provincia de Buenos Aires. No quieren ni un peso más para sus distritos, sino todo para Axel Kicillof. ¡Antes muertos que coherentes!
Al sur de la Constitución
La vuelta a los tiempos de Juan Manuel de Rosas es completa. “El restaurador” llamaba “salvajes unitarios” a los que pugnaban por federalismo para las provincias unidas. Hoy, los opositores son “destituyentes”, aunque los que quieren destituir a los jueces supremos son el Presidente de la Nación y algunos gobernadores peronistas. De los 14 que pedían incumplir el fallo de la Corte, ahora la liga de guapos de comunicado de prensa se redujo a Alberto más 11 mandatarios provinciales. Son 12 apóstoles que predican la igualdad, aunque no la practiquen. “Acá en el Norte no se discute cómo ampliar el subte, sino quién tiene agua”, dijo el 27 de diciembre el jefe de Estado. En los últimos 20 años, 16 fueron de gobiernos “K”. La coherencia es de impostores…
Según el artículo 53 de la Constitución Nacional, las causales de juicio político contra los jueces supremos son “por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes”. La patriada “nac&pop” promueve otra: que a Cristina no le gusten los fallos que dictan. Claro está, la “opo” suelta giladas, como que la función de los magistrados es interpretar la ley. “Bad information”: la función de los jueces es interpretar qué necesita “la Jefa”.
¿Necesitaba Cristina que la condenen por corrupción? De ninguna manera. Dicho de otro modo: ¿qué necesidad tenían los jueces de considerar que darle a Lázaro Báez el 80% de los trabajos viales de Santa Cruz entre 2003 y 2015; más 700 meses de prórroga; más redeterminación de precios por 1.500 millones de pesos; más el abandono de 24 de las 51 obras; más un daño al Estado por 1.000 millones de dólares; configura el delito de administración fraudulenta?
Por caso, los gobernadores peronistas que piden más plata sólo para la Provincia de Buenos Aires nada dijeron de la otra cara de la causa “Vialidad”. Santa Cruz (351.000 habitantes) recibió durante los gobiernos de Néstor y Cristina “fondos cuantiosamente superiores” para obras viales que Buenos Aires (16,7 millones de habitantes), según los fiscales Luciani y Mola. Por ende, fueron también muy superiores a los destinados para Tucumán, que con 1,6 millón de habitantes tiene cinco veces más población (y más densidad demográfica y más tráfico vehicular y más necesidad de rutas) que la provincia patagónica. La “Corpo” dirá que eso está mal. Nosotros, junto con Raúl Alfonsín, diremos: “el sur también existe”. No existirá la Constitución para la manera de gobernar de esta buena gente, pero al “sur” nadie va a venir a ponerlo en duda…
Esperanza y orgullo
Seamos claros: hoy, el cáncer de la Argentina es la supervivencia de algunos focos de ese mal que es la Justicia “independiente”. Néstor, el último prócer, lo sabía en cuerpo y alma: por eso era hincha de Racing. No hay que claudicar en la batalla contra esos agentes del caos. Hay que insistir con echarlos y, a la vez, persistir con el asedio al Consejo de la Magistratura, así llenamos de Tribunales de jueces militantes. Hay que apoyar al ministro de Justicia, Martín Soria, que no descarta efectuar cambios en esa entidad por medio de un DNU.
Según el artículo 99 de la Constitución, tales decretos proceden: “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”. Los enemigos del pueblo mienten que no hay tal “circunstancia excepcional”. Pero es una mentira infame: es imposible seguir los trámites parlamentarios ordinarios previstos para la sanción de las leyes porque la mayoría de los argentinos votaron por los conspiradores en los comicios de 2021. Los abanderados de la justicia social perdimos la mayoría en Diputados y los dos tercios en el Senado. Así que dejen de engañar a la gente con sus relatos porque hacen que los argentinos voten mal…
Conclusión: los vendepatrias tienen las prioridades alteradas. Ellos quieren un Estado Constitucional de Derecho. Son traidores, que nunca entenderán al pueblo como lo hace este cuarto gobierno “K”. “Mirá, problemas tenemos todos, todos los días. Pero bueno, llegaba el fin de semana y alguien decía: ‘Che, ¿sale asado?’”, decía el spot de campaña del Frente de Todos en 2019. “No estoy hablando de comida: hacer un asado era algo más. Era invitar a tu casa, que vengan tus amigos, reírte un rato. Lo bueno es que en un tiempito todo esto va a mejorar”, prometía la propaganda, que terminaba con una placa: “Hay esperanza: Alberto – Cristina”.
Bueno, prometieron asado y entregaron lubricantes sexuales. La provincia de Buenos Aires destinó 500 millones de pesos para comprarlos y repartirlos gratis. Imposible imaginar mejor destino para que la Coparticipación que le quitaron a la CABA…
Los conspiradores no entenderán que hay que sentirse orgulloso de ese viraje del Gobierno. Porque, digamos todo, el asado es un lujo. El gel íntimo, en cambio (considerando inflación, pobreza, dólar, desocupación y 15 años de crisis económica), es una verdadera necesidad…