El proyecto de blanqueo de capitales elaborado por el Ministerio de Economía establece condiciones favorables para los que quieran adherirse. Quienes decidan exteriorizar activos hasta el 31 de marzo pagarán una alícuota del 2,5% sobre ese monto no declarado. En el caso de cuentas en el exterior, si deciden repatriar los fondos se mantendrá ese nivel y si los mantienen fuera del país se aplicará el doble de alícuota, es decir el 5%.
Así lo establece el régimen especial denominado “Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino No Exteriorizado”, que el ministro e Economía Sergio Massa presentó para su tratamiento en el Congreso. Así cumplió con lo establecido en el acuerdo de intercambio de información tributaria que el Gobierno argentino firmó con Estados Unidos. Allí se establecía una nueva posibilidad para que los inversores pudieran exteriorizar activos no declarados, justo antes de que el esquema entre plenamente en vigencia.
Además, habrá un régimen simplificado para que pequeños y medianos inversores puedan exteriorizar activos no declarados, cuando el monto máximo no supere los U$S 50.000. En este caso la alícuota será del 1,5%. Para ingresar en este régimen simplemente habrá que presentar una declaración jurada informativa.
Se establece, por otra parte, beneficios para quienes se adhieran en forma temprana. La mejor parte es para los que declaren hasta el 31 de marzo. En cambio, la alícuota para quienes declaren a partir del 1 de abril hasta el 30 de junio será del 5%, que aumentará al 10% cuando los fondos permanezcan en el exterior. Y sube otro escalón hasta el 7,5% si la exteriorización se realiza entre el 1 de julio y el 30 de septiembre (sin repatriación sube al 15%). Este blanqueo es muy barato respecto del ejecutado durante el gobierno de Mauricio Macri establecía una alícuota del 10% para quienes decidieran exteriorizar.
En tanto, el Gobierno nacional busca introducir la figura del “colaborador” en la Ley Penal Tributaria. Se aplicaría a cualquier persona que quiera informar a la AFIP sobre contribuyentes o empresas que evadan impuestos u oculten activos tanto en el país como en el exterior. A cambio se ofrecería una recompensa de hasta un máximo del 20% del impuesto que se determine.