Más temprano que tarde, en Tucumán, los juicios serán por jurados. Así, doce ciudadanos que deberán pasar un exhaustivo proceso de selección, tendrán en sus manos la decisión de si un acusado es inocente o culpable. Sólo hace falta una ley, pero el proceso está en la Constitución, y sólo hace falta adecuarlo.

Mientras tanto, los abogados se preparan. E intensamente. Tanto que en un hecho sin precedentes, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) consagró un equipo ganador del XII Concurso Nacional Universitario de Litigación Penal (CNULP) en un juicio por jurados contra la Universidad Nacional de Rosario.

En el simulacro por un caso de gatillo fácil participaron ciudadanos y ciudadanos de Villa Mercedes, San Luis, donde se llevó a cabo el concurso. El equipo tucumano, en el rol de fiscalía, logró una condena al policía imputado de homicidio agravado por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad.

Pedro Roldán Vázquez, profesor titular de la cátedra y ex juez penal, explicó que este tipo de encuentros tiende a preparar a los abogados para un segundo cambio que hay luego de la reforma del Código Procesal Penal de 1991, donde era todo escrito con un sistema acusatorio. “Preparamos a los chicos para esa actividad. El 70% de las provincias argentinas tienen juicio por jurado, como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco”, indicó.

Plena imparcialidad

“Con este tipo de sistemas se profundiza el proceso de litigación en democracia. Los sistemas que se heredaron de la colonia tienen la impronta de un sistema político autoritario, pero esto nuevo ayuda a democratizar a la sociedad. Replica con un conocimiento profundo de cómo funciona la Justicia. Crea una plena imparcialidad, sobre todo en aquellos casos donde hay presión social, política, de todo tipo que puede haber, hasta de la prensa, eso nos garantiza en los casos complicados que los jueces sean imparciales por ser accidentales y los protege el secreto ya que nadie sabrá cómo se votó. Los jurados son juzgadores de los hechos con la misma lógica con la que actúan los jueces”, explicó.

Enrique Stefano Jogna Prat, uno de los alumnos participantes, explicó que “se puntúa mediante evaluadores y se hace una tabla general. Se litiga el lunes el caso 1, el martes el caso 2, el miércoles el caso 3 y a la tarde se hace una tabla general. Tucumán en cuatro participaciones nunca había clasificado entre los ocho primeros, y ahora quedamos segundos, detrás de Rosario.

Luego en cuartos de final le ganamos a la Universidad del Rosario de Colombia, en semifinales a La Plata y nos encontramos en la final contra Rosario”. “Hubo una audiencia de selección de jurados y ya durante la litigación no dejamos dudas. Y ganamos”, contó. Según él, “está comprobado que la persona participa de un jurado, luego incrementa su participación en la sociedad. Tiene el sentimiento de decir ‘con mi voto se hizo justicia’. Es más consciente de sus derechos y de los derechos de los demás”.

El equipo litigante de la Universidad Nacional de Tucumán estuvo formado por María Lourdes Gálvez, Juan Pablo López, Bernabé Martínez Coubet, Jogna Prat, Daniel Esteban Dode y Nicolas Agustín Ferrero. A su vez, contó con un equipo de testigos y colaboradores integrado por Nahuel Eduardo Altamirano, Rubén Nicolas Flores Fares, Moira Agustina Ruiz Sosa, Agustina Marcela Salazar y Lucio Octavio Robles. También estuvieron Vanessa Lucero y Adolfo Bertini como profesores además de Roldán Vázquez, además de Natalia Marquestó como evaluadora y Julián Yepes y Franco Arias como ayudantes estudiantiles.

En esta edición participaron 30 universidades del país y de la región, más de 300 estudiantes y 19 docentes que se desempeñaron como evaluadores. El concurso se desarrolló en dos etapas. Por un lado, una virtual, y por otro lado, una presencial en colaboración con la Universidad Nacional de San Luis. Se disputaron 78 audiencias.

El CNULP es organizado desde 2009 por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Litigación Universitaria (CENLU). El Concurso tiene como objetivo central promover nuevas formas de enseñanza de la abogacía, que se adecúen a las necesidades propias de los sistemas de administración de justicia penal de bases democráticas y constitucionales que se fueron implementando en los últimos años, como el juicio por jurados y los códigos procesales acusatorios.

Para eso, se trabaja en las herramientas pedagógicas de docentes de cada universidad participante.

Según Jogna Prat, aunque falta capacitación, se está en condiciones de llevar adelante el juicio por jurados. “Podemos hacerlo. La ciudadanía también está preparada. El juicio por jurado no solo conlleva un proceso judicial, tiene un trasfondo más democratico en un Estado de Derecho, más social, donde 12 personas elegidas por el padrón electoral y se comprometen en la decisión de justicia de un caso y eso hace que el compromiso democrativo sea hacia ese caso para hacer Justicia”.

Roldán Vázquez finalmente analizó: “si usted izó la bandera, juró la bandera, tiene un compromiso con la democracia. Esto acerca a la gente a la realidad. Culturalmente estamos predispuestos para pensar con prejuicios, pero no hay que ser abogado para ser jurado. La Justicia está preparada, pero aún hay resistencia al cambio. Toda persona investida de un cargo que tiene responsabilidades debería buscar la ley del mejor esfuerzo. Hay muchas ventajas con respecto al sistema que tenemos actualmente. Hoy los jueces somos muy vulnerables a los casos donde hay mucha presión. Y esto es una forma de involucrar a la ciudadanía en la Justicia”.