En el sur tucumano la legión de transportistas rurales, conocidos como “piratas”, superó en pocos años la cifra de 2.000 choferes que cubren el déficit crónico que arrastran los servicios de colectivos interurbanos e incluso locales. La cifra supera holgadamente la cantidad de rodados que, por ley y en función a la cantidad de habitantes, tienen un límite de habilitación. La 7.475 (que regula la actividad) lo fija en un permiso por cada 500 habitantes.
Entre Concepción y La Cocha los rurales movilizan por día, estimativamente, unas 65.000 personas. Es así que considerando que cada uno realiza cuatro viajes de ida y vuelta por día y en cada uno con cuatro personas. Esa cifra en base a una tarifa mínima de $100 involucra un movimiento económico de $6.5 millones diarios. Representaría al año unos $1.600 millones. El monto puede ser superior, aunque la ganancia para cada chofer es mínima, apenas para “sobrevivir”. Fue a partir de la década de los 80 cuando el auto se transformó en una herramienta laboral producto de una crisis laboral que, hasta ahora, no tiene fin. En un principio eran unos 100 y hasta hace tres años atrás sumaban 500. De los 2.000 que se despliegan entre Concepción y La Cocha, menos del 50% está debidamente autorizado, según se admite en el sector. Y más del 80% no se ajusta a una de las condiciones básicas que debe reunir el rodado: la antigüedad máxima de 10 años. “La realidad es que se trabaja para el día a día. Frente a la crisis económica solo se puede aspirar a recaudar para cubrir el gasto de combustible y la alimentación de la familia. Y para eso hay que andar toda la jornada y desde las primeras luces de la mañana” se defiende Oscar Montivero, que cubre servicio entre Aguilares y Concepción.
“La mayoría disponemos de vehículos con más de 15 años y en estos momentos hay que cuidarlos al extremo porque su renovación por un modelo más reciente para nosotros es inalcanzable. Incluso arreglar cualquier desperfecto nos representa un dolor de cabeza. Los repuestos se fueron por las nubes al igual que las cubiertas” añadió. “Una goma nueva nos sale entre $25.000 y $30.000. Cambiarlas en estos momentos nos resulta imposible” se lamentó. Oscar Sarmiento, otro transportista, apuntó que un auto descompuesto ahora los “obliga a recurrir a prestamistas o a las tarjetas de créditos que, en ambos casos, nos hunde en una deuda que a veces lleva años cubrirla”.
Sin cifras concretas
Juan Barraza advierte que “no hay una cifra concreta de transportistas porque, si bien en nuestro recorrido que es entre Concepción y Alpachiri, existen unos 30 identificados y con paradas, otros 20 se despliegan por la ruta a la pesca de pasajeros”. “Lo que sucede –señaló- es que hay gente que trabaja medio día, no les alcanza ahora el sueldo y se ve empujada a salir a buscar el peso en el resto de la jornada”. Ricardo Costilla, que hace recorrido entre Concepción y San Ramón, precisó que es en esta época del año en que la cifra de transportistas rurales se incrementa en razón de que concluyeron las principales actividades productivas, entre ellas la cosecha del limón y la zafra azucarera. “La municipalidad nos estableció una parada de una cuadra para los de nuestro recorrido. Hay otras para los que van a Aguilares, Trinidad, Alberdi, La Cocha o Alpachiri. La gente nos elige, a pesar de que tenemos una tarifa un 30% por encima de la del colectivo, porque estamos cerca del centro y a cada pasajero se lo deja en la casa. Además la espera es menor”, expuso Costilla. En todas las ciudades o pueblos los transportistas rurales tienen su parada establecida. En algunas, como la de Santa Ana, Alto Verde o La Trinidad, la presencia de estos choferes se vio reducida en razón de los costos de movilización de los rodados. “Hay compañeros que prefirieron abandonar este trabajo para emigrar hacia al sur a trabajar como cosecheros. Es que cada vez que uno rompe un auto, ya resulta complicado repararlo” planteó Luis Díaz, de Alberdi. “Por lo que sale un desperfecto también se dejó de ir a pueblos con caminos de tierra” agregó el trabajador.
De “piratas” a “rurales”
La figura del “auto rural” o Servicio de Transporte Interdepartamental de Pasajeros, se legalizó a través de la Ley 7.475 que fue sancionada en el 2004 en la Legislatura y promulgada en el 2005 por el entonces gobernador José Alperovich. Hasta entonces se trataba de un servicio clandestino o ilegal. De ahí que se los denominaba “piratas”. El artículo 5° establece que la autoridad de aplicación de esta normativa es la Dirección de Transporte de la provincia y ésta debe disponer de un registro único en el que se pueden inscribir todas las personas “formalmente constituidas e inscriptas, con domicilio en la provincia”. Y fija la concesión de un permiso por cada 500 habitantes. También obliga a que los prestadores a estar nucleados en cooperativas matriculadas y con Certificado de Normal Funcionamiento. Los rodados deben estar identificados y además tienen que tener una antigüedad máxima de 10 años. Si, de acuerdo al registro poblacional, entre Concepción y La Cocha habría unos 200.000 habitantes y en consecuencia el transporte rural tendría que rondar los 400 habilitados. La cifra es superada en más de un 300% a causa de la proliferación de los “ilegales”.