Dos serios problemas en localidades del interior relacionadas con los problemas derivados del manejo del agua son llamados de atención acerca de las deficiencias en la política al respecto y en la responsabilidad del Estado. Uno ha sido la orden de la Justicia a las autoridades provinciales y comunales de San José (La Cocha) de acondicionar y mantener el acceso al paraje Puesto Nuevo, en razón de que el aislamiento de los pobladores puede significar serios problemas económicos y de salud.
Otro es el hecho concreto de que el Estado deberá construir viviendas para 20 familias de la zona de Alto el Puesto en La Invernada, y gestionar el traslado de esos habitantes, que deberán abandonar sus tierras, que han quedado en zona aluvional.
En ambos casos se ha advertido como causas de estas situaciones irreversibles el desmonte descontrolado y la existencia de canales de distribución de agua construidos por particulares para resolver problemas puntuales que, en conjunto, terminaron dañando los caminos y generando socavones como el que desde hace años afecta a la población de Alto el Puesto, a tal punto que, luego de que se destruyeran varias viviendas y fuera trasladada la escuela de la zona, ahora se teme por la suerte del nuevo establecimiento educativo.
En la sentencia judicial quedó, por un lado, explícita la responsabilidad de las autoridades no sólo en asegurar la circulación mediante adecuadas estructuras, sino estudiar y prever los problemas que pueden afectar a la población.
Por otro lado, quedó expuesta la falta de acción de las reparticiones comunales que, en razón de presupuesto, jamás atienden los problemas estructurales hasta que se ven desbordadas. Circunstancias similares ocurrieron en la emergencia de La Madrid en 2017.
La persistencia de estas complicaciones derivadas de la falta de control tanto de los desmontes como de la acción de particulares en el manejo del agua -con la construcción de canales no autorizados ni estudiados en función de las características morfológicas de la zona- indica la necesidad de que esa responsabilidad del Estado señalada por el fallo judicial debe ser asumida como política de Estado.
Por varias razones. Una, porque es muy probable que haya muchos problemas similares que no han tenido estado público.
Otra, porque se sabe que la provincia de Tucumán presenta un enorme déficit de obras de infraestructura, acumulación de más de medio siglo de carencia de desarrollo económico y de falta de estrategias de crecimiento, y los canales “oficiales” tienen elevando nivel de perdida y de obsolescencia.
Por ello, se requiere que se haga urgente diseño de estrategias para su uso correcto, así como registro de necesidades de la población y de la agricultura, a fin de que las tareas de la vida cotidiana no generen, por falta de atención y regulación, emergencias inmanejables en el futuro.