Ningún pueblo puede progresar sin vías de transporte ni caminos adecuados, ni si quiera te podes enfermar. La frase pertenece a un vecino de Escaba que, además de ser una verdad irrefutable, revela la crítica realidad de algunos pueblos del interior de la provincia, más en aquellos donde los caminos de tierra son intransitables, tanto que ni siquiera los autos rurales -más conocidos como transporte ilegal- se animan a circular. La situación adquiere ribetes dramáticos en algunas poblaciones porque afecta el progreso y el desarrollo de sus ciudadanos, especialmente de los jóvenes que quieren estudiar y que no cuentan con servicios de colectivos que les permitan trasladarse a ciudades próximas para completar su educación.

La crisis del transporte es generalizada en el país, tanto que los trabajadores demandan mejoras salariales para combatir una inflación que merma el poder adquisitivo de sus ingresos y que los empresarios del sector reclaman ayuda del Estado a través de subsidios para mantener el servicio. En ese contexto conflictivo, los padecimientos de los tucumanos de localidades del interior se potencian, porque ya no se trata de no poder concurrir a los lugares de trabajo a causa de una medida de fuerza, sino de que atentan contra su crecimiento y desarrollo.

La falta de un servicio de colectivos como en Escaba, que dejó de funcionar durante la pandemia, o la existencia un servicio con una frecuencia muy escasa, imponen un padecimiento extra a esos vecinos: verse en la necesidad de usar los autos rurales, cuyos costos son superiores al del ómnibus, entre un 30% a un 50% más. Es lo que sucede con quienes residen en Santa Ana, Medinas, Villa La Trinidad, Gastona, Rumi Punco, Villa Chicligasta, Monte Bello, Ciudacita, Alto Verde y Los Sarmiento. En estas realidades del interior es necesaria la intervención del Estado, no sólo porque estas poblaciones tengan un buen servicio de transporte, sino porque serpia una medida que permitiría el progreso y desarrollo de esos pueblos, especialmente de los jóvenes que quieren estudiar y a los cuales la realidad les pone muchas trabas.

Esos obstáculos deben ser eliminados principalmente por el Gobierno, para facilitar y para incentivar la educación de estos pobladores. Como se mencionó, aquellos que no pueden mejorar su nivel educativo terminan trabajando de peones rurales, sin un futuro que podría ser mejor si accedieran a las herramientas educativas.

En ese marco, es loable lo que se hizo en la comuna de Sargento Moya, que habilitó un servicio de colectivo gratuito con varias frecuencias para que los jóvenes de la zona, y hasta adultos, puedan trasladarse hasta Monteros, a 22 kilómetros, y concluir la primaria y el secundario. La implementación de este servicio se hizo con fondos del Ministerio del Interior, lo que es valioso y que lleva a pensar en otras poblaciones que están atravesando la misma dificultad como para ampliar esta propuesta. Más que nada para facilitar el acceso a la educación de la población juvenil, una necesidad que el Estado tiene la obligación de garantizar.

La situación de algunos pueblos del interior revela que atender esta necesidad tiene varias variables a enfrentar: caminos rurales, algunos intransitables por falta de mantenimiento, vías pavimentadas pero descuidadas, transporte insuficiente, servicio ilegal de traslados. Todo merece una atención especial porque en el fondo lo que se estaría facilitando es el acceso a los estudios de la juventud, un servicio básico para fortalecer la democracia.