“¿Hay cámaras?”. No importa el lugar ni el ilícito. Esas dos palabras retumban cuando las autoridades llegan a la escena de un hecho. Ese instrumento tecnológico se transformó en el principal aliado de los investigadores y de la Justicia para resolver cualquier delito. Eso sí, en la mayoría de los registros fílmicos que aparecen en los expedientes los equipos pertenecen a particulares, porque los de la provincia y los de los municipios, que son más de 1.000, recién están comenzando a funcionar correctamente.
Es muy poco probable que el crimen de Manuel Mohamed (79) se hubiera esclarecido si el acusado, Luis Valdez (36), no quedaba registrado por las cámaras cuando estacionó el auto en Balcarce al 2.400 y luego lo trasladó hasta el pasaje Berho primera cuadra. De eso se trata. Muchas imágenes se transforman en indicios que los investigadores van acomodando para tratar de llegar a la verdad. Hay que ser realistas: ¿se podría haber determinado con quién se reunió el septuagenario si no hubiera aparecido ese cuadro? La respuesta es no. ¿Cómo podrían haber dado con el recorrido del auto de la víctima? Analizando lo que grabaron los equipos por donde podría haber circulado. No hay dudas, esta tecnología es el as que tienen los pesquisas bajo la manga.
El 13 de febrero de 2013, Máximo “Maxi” Abraham asesinó a los policías Sergio Páez González y Christian Peralta, que lo habían parado en el parque 9 de Julio porque estaba protagonizando un incidente. Nadie sabía quién había sido el autor del doble homicidio registrado en un lugar donde casi no había movimiento. Sin embargo, una de las pocas cámaras públicas del lugar filmó el paso de una camioneta blanca. Así comenzaron a cercar al joven, que terminó siendo condenado a perpetua por el hecho.
Ayuda
El listado de casos que se resolvieron con la ayuda de esta tecnología es interminable. Los comerciantes comenzaron a instalar cámaras en sus locales para protegerse de las “mecheras”. Pero en la actualidad sirven para registrar los asaltos que sufren, como fue el caso de la empleada de una zapatillería de Yerba Buena. Pero también sirven para mostrar situaciones que están lejos de los ojos de los demás. En Tribunales se tramita un expediente de abuso sexual contra una menor en la que el atacante quedó registrado por el equipo colocado por un pariente de la víctima.
Los vendedores e instaladores de equipos coinciden en que la demanda es importante desde hace varios años. Inclusive en estos tiempos difíciles, ya que el producto está atado al valor del dólar. “Esta semana no tuve ni un trabajo por realizar, pero a partir del lunes tengo la agenda completa hasta el sábado”, explicó Fernando. Las fuentes consultadas por LA GACETA comentaron que se debe pensar en una inversión de entre $30.000 y $60.000 en un equipo básico. El presupuesto se define según las pretensiones del cliente.
Son tan útiles estos aparatos que hasta los “narcos” los instalan en sus casas para evitar ser sorprendidos por la Policía y, por supuesto, para protegerse. Francisco Maximiliano Ruoti fue detenido en septiembre de 2017 en Santiago del Estero trasladando más de 40 kilos de cocaína. Al allanar su domicilio, las fuerzas federales descubrieron que tenía un moderno y complejo sistema de monitoreo.
“Cuando hacemos tareas de inteligencia, buscamos casas que tengan medidas de seguridad diferentes a las que normalmente se puede encontrar en los barrios. Una de ellas es que tengan cámaras”, explicó un investigador de una fuerza antidrogas.
El 15 de mayo de 2020, el trabajador rural Luis Espinoza fue asesinado durante un operativo policial en la localidad de Melcho, al este de la provincia. Después de haberlo mantenido oculto en un monte, los efectivos acusados lo habrían cargado en una camioneta roja y de allí trasladado hasta la comisaría de Monteagudo. Pasaron varios días hasta que uno de los sospechosos informó que al cadáver lo habían cargado ese mismo día en el VW Fox del subcomisario Rubén Montenegro y arrojado pasando el límite con Catamarca. La versión fue confirmada cuando los investigadores analizaron las imágenes de una cámara que estaba en la estación de servicio donde el acusado cargó combustible.
Otros dos casos resonantes, ocurridos hace 16 años, no tuvieron el mismo resultado por la falta de esta tecnología. Aún no se sabe quién, cuándo y cómo abandonó el cuerpo de Paulina Lebbos a la vera de la ruta que conduce a Raco, más allá de todas las probadas maniobras de encubrimiento que se hicieron para que no se supiera la verdad. Tampoco pudo establecerse el lugar donde ocultaron el cadáver de la docente Ángela Beatriz Argañaraz las condenadas Nélida Fernández y Susana Acosta.
Fuerte postura
Patricio Char fue protagonista de dos casos que se resolvieron por el uso de las imágenes de las cámaras de seguridad. Actuó como representante legal de la familia de la comerciante Ana Dominé, asesinada en septiembre de 2020, tras lo cual fueron penados seis de los siete acusados por homicidio en ocasión de robo. También fue defensor de Mariano Hayward, imputado de homicidio agravado por la muerte de Esteban Darío Brito Chía, en el recordado hecho conocido como “El crimen de las flores”. Por los registros fílmicos y a través de un juicio abreviado, terminó cambiándose la acusación y recibió la pena de tres años de cumplimiento condicional por exceso en la legítima defensa.
“Las cámaras de seguridad juegan un papel trascendental para resolver crímenes. Obviamente el ideal al que se debe aspirar es la prevención, pero nuestra realidad es otra, y al tener una tasa delictiva alta, también debe pensarse como herramienta fundamental para un futuro prometedor -explicó-. Hemos visto casos que parecían ser una cosa y terminaron siendo otra gracias a los equipos de ciudadanos comunes”.
“Es lamentable que en San Miguel de Tucumán se invierta tanto en infraestructura para estar más lindo, pero no funcionan las cámaras de seguridad en ningún lado, y las pocas que hay son de pésima calidad. Acudimos a golpear puerta por puerta cuando se pretende resolver un caso. Consultan quién nos puede suministrar las filmaciones, pero lo cierto es que deberíamos tener cámaras de seguridad en todos lados”, finalizó Char.
Modificaciones
“El 90% de los hechos registrados se resuelve con las imágenes que aportan las cámaras”, sostuvo Tomás Robert, secretario judicial del Ministerio Público Fiscal. “Para cualquier investigación es clave, ya que nos permite analizar lo que sucede antes, durante y después de cometer los ilícitos. De allí conseguimos pruebas fundamentales para cualquier investigación”, añadió.
En 2020, el MPF firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad para seguir en tiempo real las imágenes que tomaban las cámaras de seguridad controladas por el centro de monitoreo del servicio 911. Pero por problemas de conectividad y, fundamentalmente, porque los registros fílmicos no eran de calidad o por la falta de funcionamiento de los equipos, dejaron de lado el acuerdo.
“Por instrucciones del ministro fiscal Edmundo Jiménez decidimos avanzar con nuestros recursos propios. Creamos la Dirección de Análisis Criminal (DAC) y el departamento de Visualización y Mejoramiento de Imágenes. Utilizamos un software que nos permite mejorar muchísimo la calidad de los registros. Ahora, que la provincia y los municipios están incorporando más cámaras, estamos haciendo un mapa para que los fiscales puedan acceder más rápido a esa prueba”, adelantó Robert en una entrevista con LA GACETA.
El funcionario del MPF también detalló que para aprovechar estos elementos como prueba es fundamental tener en cuenta otros puntos. “Tenemos un protocolo que debe cumplirse a rajatabla. Fundamentalmente tiene que ver con las tareas de inteligencia que se deben realizar y después cómo se deben extraer esas imágenes de manera legal para que luego no existan problemas legales”, sostuvo Robert.
Opiniones
Los usuarios dicen que sienten más tranquilos con los equipos
“La puse porque me da tranquilidad de lo que pasa en casa. Salgo y, de vez en cuando, observo que todo esté bien”, comentó Esteban Lagori, un joven profesional que reside en un barrio privada de Yerba Buena. Juan Carlos Fernández, que vive en el barrio Obispo Piedrabuena, cuenta con otra tecnología. “Tengo las cámaras con sensor. Cuando hay un movimiento extraño, por una aplicación me suena una notificación en el celular. Inmediatamente entro y puedo saber qué está pasando. Y si es algo malo o sospechoso, llamo a casa para que estén alertas o al 911 para que vayan a ver qué es lo que está sucediendo”, comentó.
La realidad es esa: estos equipos no están conectados a las fuerzas de seguridad para que actúen en algún caso de emergencia. “Es lo que tenemos a mano y lo que nos permite tener cierta tranquilidad de que no nos roben y, si lo hacen, podremos aportar pruebas para la investigación”, sostuvo María Laura Rodríguez, también de Yerba Buena.
“Lo ideal es que el Estado tenga instalado este tipo de sistemas en todos lados, pero en este país eso es una utopía y más en Tucumán”, añadió la ingeniera agrónoma.