Fabiola Gómez es una docente de Alberdi que, según cuenta,   tiene que salir de su hogar con tres horas de anticipación para llegar a las 14 a su escuela de Concepción.

De lunes a viernes la docente soporta la “pesadilla” que le representa viajar en colectivo. En la terminal de su ciudad a veces se desatan peleas escandalosas entre estudiantes, empleados y otros que pugnan por un lugar en el transporte. “Es muy posible enfermarse con todas las penurias o sinsabores que se tiene que soportar a diario para viajar” sostiene Fabiola. Ella, como otros colegas y estudiantes, está obligada a llegar a la estación a las 11.15 para conseguir un pasaje en el Tesa de las 12.20. De lo contrario, advierte, la próxima unidad sale a las 13.40. Es demasiado tarde para llegar a tiempo a clase. El drama de esta educadora la soportan miles de personas del interior que, por distintas razones, deben movilizarse en el transporte público. Las empresas responsables de este servicio (entre ellas Exprebus, Tesa y Gutiérrez), en los últimos años exhiben un déficit prestacional preocupante. No cubren las necesidades que se dan en las horas pico de movimiento, es decir cuando comienza la mañana, al mediodía y la noche.

Los transportes rurales  cubren en parte esa carencia con un 70% de unidades antiguas y deterioradas. Y lo hacen con una tarifa que está por encima de los valores que rigen en los ómnibus. Así, en estos  últimos transportes desde Alberdi se paga $140 el boleto hasta Concepción, mientras que en los denominados “piratas” el costo asciende a $300.

Cuanto más lejos, peor

El problema se profundiza en función a la distancia. En consecuencia los pobladores de Rumi Punco, pueblo ubicado en el extremo sur de la provincia, son los que más sufren esta crisis que se advierte como una de los peores  del transporte público. Y lo más increíble es que paulatinamente  fue avanzando, sin solución,  desde el levantamiento en 1993 del ramal ferroviario que llegaba hasta La Cocha, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. El que tren llegaba a Rumi Punco funcionó desde 1947 hasta 1960.  En los 90, cuando comenzó a apretar el déficit de ómnibus, aparecieron los “autos piratas”, luego institucionalizados como “transporte rural”.  

Don Roberto Juárez, de Rumi Punco, confesó que el jueves tuvo que pagar $2.000 a un “pirata” desde Alberdi para alcanzar en La Cocha a un colectivo que no se detuvo en una parada por ir repleto de gente. Confiaba que hasta esa ciudad la unidad iba ya a disponer de asiento. De lo contrario se vería obligado a pagar el doble hasta su pueblo. Esa comunidad, pese a estar a orillas de la ruta 38, dispone solo de una empresa de transporte que sale desde Aguilares ya casi lleno de pasajeros que van a Villa Belgrano o La Cocha. “Los que estamos esperando viajar a mitad de camino para llegar a nuestras casas, nos quedamos varados”, contó. “Lo lamentable es que las otras empresas de servicio interprovincial no quieren parar en Rumi Punco”, aseguró.

Frecuencia mínima

Los vecinos de Villa La Trinidad también denuncian las angustias que deben soportan para viajar hasta Concepción. La frecuencia de servicio que brinda la empresa que cubre esa línea  es mínima. Y este inconveniente lo padecen principalmente docentes y estudiantes. El bono estudiantil gratuito les sirve a veces frente a la escasez de unidades. Desde esa localidad hasta “La Perla del Sur” un boleto en colectivo cuesta $80, mientras que en los rurales $150. “Tengo dos hijos que estudian. A veces ante la falta de colectivos o porque viajan muchas personas, tengo que disponer de $600 para ambos. Hubo ocasiones que no lograron subir a la unidad, por estar repleta. No pudieron asistir a clase porque no tenía dinero”, reveló Margarita Delgado de Villa La Trinidad. Las mismas quejas brotan de pobladores de Santa Ana, Los Sarmiento, Alpachiri, Simoca y Monteagudo, entre otras comunidades. Para todos, el transporte público es una pesadilla.

Carencias

La visión en la Legislatura

El legislador Raúl Albarracín, dijo que al reclamar la emergencia en el transporte público apunta “a poner a la luz algo grave y que padecen los usuarios”. En diálogo con LA GACETA, el parlamentario mencionó que “amén de que las prestaciones son deficientes, hay carencia de unidades de transportes adecuadas para discapacitados”. También se refirió al hecho de que la frecuencia en los horarios pico “se encuentran desajustada a la necesidad de los pasajeros y el servicio no se presta en las condiciones sanitarias establecidas por las autoridades”. De esta manera pintó un panorama dramático de un servicio esencial y que en el sur de la provincia adquiere tintas dramáticos. “Es frecuente ver a la gente, por falta de frecuencia de colectivos, viajar parada y amontonada a distancias largas” apuntó el legislador, originario de esa zona. “Desde la Legislatura venimos impulsando el mejoramiento del servicio a través de pedidos de informe y de resoluciones. Y creemos que para que Tucumán salga de la emergencia en que se vive, se tiene que instrumentar una política de transporte responsable, seria y con una planificación acorde a algo tan importante como la movilidad de quienes deben ir a trabajar a o estudiar. Los usuarios tienen derecho a la eficiencia y calidad de los servicios. Pero por ahora esos derechos son ilusorios. Se debe hacer del transporte público una política de Estado que nos permita además ayudar a destrabar el caos que muchas veces es el tránsito en toda la provincia” concluyó.