Tras la advertencia sobre un paro de 72 horas por parte de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) en todo el país y en medio del reclamo de empresarios del interior por el reparto inequitativo de recursos que beneficia al área metropolitana de Bueno Aires (AMBA), el Gobierno nacional decidió fortalecer las transferencias a las provincias por el Fondo de Compensación al Transporte Público, con el objetivo de alcanzar los $ 46.000 millones durante 2022.

A través de la Resolución 263/2022, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Transporte Alexis Guerrera, se fijó "un monto mensual de hasta $ 3.500 millones por los meses de abril, mayo y junio", totalizando la suma de $10.500 millones "con destino a los Servicios de Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbanos y Suburbanos del interior del país".

La medida se oficializó luego de una reunión que el ministro Guerrera tuvo este miércoles con el Comité Federal de Transporte y representantes de las provincias, convocada de "urgencia" para tratar la realidad de las empresas de transporte del interior del país.

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El Consejo Directivo Nocional de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) había emitido un comunicado para informar que el sector está dando "cabal cumplimiento a la conciliación laboral obligatoria" dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, tras la reciente convocatoria a una medida de fuerza.

Sin embargo, el gremio encabezado por Roberto Carlos Fernández había encendido la alerta sobre un inminente paro para la semana próxima.

"Hemos pedido tanto al Estado nacional, como a las provincias y al sector privado, que se comprometan a buscar la solución del acuerdo salarial pactado con los empresarios, con el fin de no vernos involucrados en disputas políticas ajenas al interés de los trabajadores. Pese a ello, no han dimensionado la magnitud del problema planteado, dilatando la firma del acuerdo del aumento salarial", señalaron en UTA.

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Además, exigieron "que se resuelva el pago del aumento para los trabajadores". "De no tener respuesta para la próxima audiencia, se dispondrá como medida de acción gremial un cese de actividades de 72 horas, a partir de las 0 del martes 10 del corriente, afectándose los servicios y a los usuarios, responsabilizando de ello a los empresarios y al sector político de tal determinación", indicaron en el sindicato.

"Con los sueldos no se juega; son el sostén de nuestras familias. Queremos nuestro aumento debidamente ganado", advirtieron los trabajadores nucleados en este gremio.