Es tiempo de proyectos. Cómo habrá sido de grave la crisis de propuestas para usar los 100.000 millones de pesos que le asignó la Nación a Tucumán para obras, que hubo que crear un ministerio de Obras y Servicios Públicos. El flamante ministro Fabián Soria –que asume con un puñado de proyectos ejecutivos en marcha (ruta 307 de Ampimpa a ruta 40, o la autopista Tucumán-Las Termas) tiene que definir ahora prioridades. El promedio de demoras de elaboración de los proyectos en Tucumán es de tres meses, y en eso se engloban las propuestas que llevan años de espera y que quedaron desactualizadas frente a los cambios urbanos y sociales que ha tenido la sociedad. “Es importante que nos hagamos un lema que nos conduzca: planificación y ejecución para mejorar la infraestructura de Tucumán”, dijo Soria. ¿En cuánto tiempo se definirá todo esto? El límite máximo podría ser tres meses, pero para que aparezcan los proyectos en que se usará esa plata para obras este año y en 2023. El otro límite, el de la definición de la necesidad y de la calidad de las propuestas, no está todavía claro. De eso depende el futuro de la infraestructura tucumana.
Cosas cantadas de antes
La crisis de la infraestructura se ha visto tanto en la falta de propuestas como en los problemas derivados de las lluvias veraniegas. En el primer caso, la comparación a vuelo de pájaro con lo que han hecho otras provincias del NOA –como es el caso de Santiago del Estero, que en estos días recibe la competencia mundial de motociclismo- nos ha dejado mal parados. Se dice que el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, a cargo de la Secretaría de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público Privada, fue el que puso el grito en el cielo por la falta de proyectos actualizados en esta provincia, apenas se anunció la corriente de dinero para obras, a partir de febrero, cuando se entusiasmaron Gobierno provincial e intendencias, a los que les pidieron que hagan sus propuestas.
Por ello salieron las cosas que ya estaban cantadas de antes –autopista a Termas o ruta 307, anunciadas ya hace más de un año- o las que se vinculaban con urgencias del momento, como son los lugares de alojamiento para detenidos, como son las penitenciarías (o megacomisarías, como se las vaya a llamar) de Benjamín Paz y Río Seco.
Estos dos casos parecen bien representativos de la crisis de proyectos: ya está la plata para comenzar las obras, pero aún no se ha definido qué tipo de establecimientos van a ser ni cómo y dónde se los emplazará. En Benjamín Paz ya la gente ha dicho que no quiere que se monte una penitenciaría en el pueblo, y en Río Seco los vecinos están haciendo una larga acampada para hacer frente a la propuesta de montar el centro de detención en la ex escuela técnica, junto a la plaza de la localidad. Ni siquiera se sabe si va a prosperar el proyecto, porque el edificio fue donado hace años a la Provincia para que se use en proyectos educativos. Ese es el argumento central de los que protestan.
Importantes, pero caras
En cuanto a los problemas derivados de las tormentas de verano, este año ha sido revelador de cómo la falta de los organismos técnicos que deben guiar el crecimiento urbano está marcando riesgos y problemas para el futuro. Cuando se desbordó el canal Yerba Buena, que recorre la zona alta de la “ciudad jardín”, desde el río Muerto al norte hacia La Rinconada, al sur, se advirtió que podría haber conflictos de infraestructura debido a que el crecimiento urbano se ha ido dando sin que se hubiesen hecho obras de importancia, como el proyectado canal La Rinconada, que atraviesa predios de barrios privados, y que permitiría aliviar al canal Yerba Buena, para que las aguas de este dejen de presionar sobre el deteriorado y sobreexigido canal Sur. ¿Por qué no se hicieron esas obras de importancia? Porque son caras. Cada tanto se mencionan los miles de millones de pesos que implicaría reparar el canal Sur o el Canal Caínzo, o hacer canalizaciones nuevas. ¿Entrarán en los proyectos para usar los 100.000 millones?
En su reciente artículo “Inundaciones en Tucumán-Realismo-¿Resignación? ¿Qué es posible hacer?”, el ingeniero Franklin Adler aporta una mirada negativa sobre lo que pasa aunque sin dejar de lado algunas salidas. Por un lado, dice que las últimas obras de protección contra inundaciones en el área metropolitana datan de la década del 70 y del 80, es decir como mínimo de 40 años, y que han sido “descuidadas, abandonadas o sometidas a un mantenimiento insuficiente. Para peor, errores de planificación, de diseño de ingeniería y defectos de construcción produjeron enormes grados de deterioro (caso Canal Sur) y hasta de destrucción total (caso canal Caínzo) que no fueron nunca corregidos ni reconstruidos”. Y por el hecho de la falta de dinero y de que estas obras no son electoralmente redituables, así como que ni en el ámbito público ni en el privado producen retornos económicos directos, “el futuro es insoslayablemente sombrío”, dice. No obstante, agrega que se pueden definir planes directores, actualizar los existentes, establecer prioridades y definir los espacios públicos y privados de utilidad pública, así como áreas de restricción de dominio, y elaborar mapas de las zonas inundables. Las llama recomendaciones “de mínima”.
Un ente protector
¿Se puede llevar a cabo? El constitucionalista Benito Carlos Garzón expresó similar mezcla de pensamiento sombrío con expectativas de una salida pequeña en su reciente nota “El agua de San Javier y las inundaciones” (31/03). Reclama que la protección de la Sierra de San Javier depende de medidas aisladas (en la Municipalidad de Yerba Buena o en la UNT, que no tiene personal para esta tarea) mientras hay jurisdicciones como las comunas de San Pablo, El Manantial o San Javier, tienen potestad de permitir (o no tienen fuerza para evitar) urbanizaciones que los otros prohíben. Garzón propone la creación de un ente del Gran Tucumán que proteja la Sierra.
De regreso a los proyectos que debe encarar el nuevo Ministerio de Obras y Servicios, no cabe duda de que mucho de la agenda política va a marcar el armado de los proyectos. “Gracias a las posibilidades facilitadas por el Gobierno nacional en tema presupuestario, llevaremos a cabo las obras que ya fueron proyectadas y se emprenderán las nuevas obras que sean urgentes”, dijo Soria. “Se tendrá que reacomodar todo para funcionar de la mejor manera posible. No nos va a temblar el pulso para un mejor funcionamiento de la SAT, de Vialidad, del IPV, donde tenemos un cupo de 3.600 casas, más 1.100 casas que fueron vandalizadas en Manantial Sur y que tenemos que repararlas para entregarlas”, describió el gobernador Osvaldo Jaldo.
En busca del villano
Hay un nuevo ministerio. Le entregaron reparticiones con su capacidad técnica agotada, diezmada, a las que hay que reconstruir mientras se hacen los proyectos. Por abajo están las obras de fondo, cuya necesidad surge de vez en cuando, como ocurrió en 2017 con la tremenda inundación en el olvidado pueblo de La Madrid. Entonces se movilizaron todas las fuerzas de la provincia para ayudar a esa comunidad sacudida por la falta de obras, por la falta de control de la expansión agropecuaria (que había desmontado el cerro y alterado los humedales, contribuyendo a las inundaciones) y por la falta de planes directores. En esos días se contó que los niños de La Madrid, que habían pasado días y noches a la intemperie en la ruta 157 por causa de la inclemencia de la naturaleza, habían descripto en sus dibujos escolares que el villano en La Madrid ataca en forma de lluvia y tira rayos sobre las casas. Al mirar al cielo sabían qué iba a pasar y cifraban sus esperanzas en el sol, según describieron los pedagogos que los atendieron en las carpas al costado de la 157.
¿Qué enseñanza hemos sacado de eso? Tal vez la respuesta está en la mirada global y profunda sobre lo que necesita la provincia para el futuro, independiente de los fondos nacionales, o por lo menos no condicionada por ellos. Eso debería ser crucial en el nuevo ministerio, más allá de las necesidades de la política.