Una mujer que había participado de un escruche fue condenada a tres años de prisión de cumplimiento condicional, según confirmó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

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Se trata de una modalidad en la que los autores del robo aprovechan la ausencia de los propietarios de un inmueble para ingresar y sustraer dinero o elementos de valor.

Este jueves, a menos de dos meses del delito, se llevó a cabo una audiencia de juicio abreviado en los tribunales penales.

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El auxiliar de fiscal, Rodrigo Bilbao (en representación de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos II, que encabeza Pedro Gallo), detalló la calificación legal "contra Brenda Aybar por el delito de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda, en calidad de coautora", indica el informe del MPF.

El hecho tuvo lugar el 14 de enero, a las 19.30, cuando la casa ubicada en Ecuador al 3000 se encontraba sin moradores.

Según el Ministerio Público Fiscal, la acusada y otros tres individuos -no identificados- llegaron en un VW Vento color champagne y, tras romper el portón y la puerta principal de la propiedad, robaron un Smart TV de 42"; una PlayStation 4; un teléfono celular; una notebook Lenovo; unos $ 40.000 en efectivo; y una mochila. En la acusación, se apuntó que "la mujer se fue conduciendo el vehículo, para regresar al cabo de unos minutos, esperando que salgan los sujetos desconocidos con los elementos mencionados para darse a la fuga del lugar".

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El representante del MPF se remitió al informe técnico efectuado a partir de las imágenes aportadas por las cámaras de seguridad de los vecinos, además del estudio de un perfil de la red social Facebook (donde la acusada se hacía llamar “Brenda Brizuela”, según la imputación); además, se tuvo en cuenta el secuestro del automóvil utilizado, junto a una cédula azul que la autorizaba a usar ese vehículo y la computadora de propiedad de la víctima.

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“Ejerció una fuerza destinada a vencer la resistencia que oponía el portón y la puerta de ingreso a la vivienda, con el propósito de lograr el apoderamiento; y el agravante está acreditado por haber actuado de manera conjunta y coordinada con otras tres personas no identificadas, además, de que el hecho sucedió en un lugar poblado. Existió una división de tareas consensuada en el hecho”, indicó el auxiliar de fiscal. Luego, comentó que el convenio acordado entre las partes, consiste en tres años de ejecución condicional, fue declarado admisible y homologado por la jueza actuante.

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En paralelo, como reglas de conducta, se establece la promesa de someterse al procedimiento y no cometer hechos futuros; la prohibición de tener arma de fuego; la reparación integral a la víctima por la suma de $60.000 pesos; y la restricción de acercamiento no menor a 300 metros tanto al damnificado como a su grupo familiar.