La etapa más cruenta de la interna del oficialismo provincial se extendió, al menos públicamente, entre marzo y septiembre de 2021. Si bien es una etapa que la dirigencia de ese espacio insiste en que está totalmente superada, las consecuencias asoman permanentemente en la gestión. Una de ellas está vinculada con obras que tienen como objetivo mejorar la seguridad y más precisamente, aliviar la crisis carcelaria.

Durante la semana pasada se concretó en la Casa de Gobierno una reunión entre autoridades provinciales y municipales para analizar el avance de los proyectos para la construcción de dos alcaidías. En esos sitios se espera que puedan ser alojados aquellos detenidos en conflicto con la ley, en vez de estar en dependencias policiales. “La población fue creciendo y hace 100 años se construyó la primera y última cárcel en Tucumán, que es Villa Urquiza. Por eso, tomamos esta problemática como política de estado”, afirmó el gobernador, Osvaldo Jaldo, tras el encuentro.

La curiosidad es que hasta septiembre estaba en los planes -y en los presupuestos- un solo edificio nuevo de este tipo ¿Qué pasó? La disputa por el poder entre Juan Manzur y Jaldo.

Originalmente, en 2020, se anunció el proyecto que iba a estar emplazado en la Banda del Río Salí. Los planes y los trámites administrativos fueron avanzando lentamente. De hecho, la presentación del anteproyecto fue realizada por Manzur en septiembre de ese año en el Centro de Innovación del Ministerio de Educación (Ciidept). A fines de junio de 2021, sin embargo, en un acto que compartió con la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, el titular del Ejecutivo anunció sorpresivamente que la alcaidía estaría en Las Talitas. Faltaba poco para definir los precandidatos para las Primarias en las que finalmente el gobernador y el vice confrontaron. La interna estaba en su etapa más dura. En la división, dos de los 19 intendentes quedaron del lado jaldista: Darío Monteros (Banda del Río Salí) y Aldo Salomón (Alderetes). Ambos denunciaron que durante los meses de desacuerdo sus administraciones fueron discriminadas y recibieron menos fondos que el resto. En ese contexto, el municipio bandeño no dejó de reclamar y consideró como un “castigo” la reubicación del centro para detenidos. Los papeles y las gestiones fueron desarrollándose en el Gobierno nacional con el nuevo emplazamiento.

Una vez pasado el entuerto oficialista y, con Jaldo en el Ejecutivo, había allí un conflicto por resolver. La cuestión es que un cambio de locación ya no era posible porque los fondos nacionales ya habían sido asignados para que la edificación esté específicamente en Las Talitas. Entonces la solución salomónica fue hacer dos: una con fondos nacionales en la jurisdicción que administra Carlos Najar y otra, con dineros provinciales, en la Banda. Los proyectos son mellizos y están inspirados en dependencias de detención de sistemas carcelarios del primer mundo.

En paralelo, también hubo cambio de nombres en Seguridad, una de las áreas más cuestionadas por Jaldo en la interna: Eugenio Agüero Gamboa reemplazó a Claudio Maley.

En los pasillos del Palacio gubernamental reconocen que el intríngulis tuvo una resolución beneficiosa: la realidad es que una sola alcaidía no alcanzaría para resolver la superpoblación.

“Madurez” tras el conflicto

“Lo que sucedió es una muestra de los gestos de madurez que vienen pregonando Manzur y Jaldo. Una vez más se demuestra que la interna terminó y que por encima está la gobernabilidad. La seguridad es una prioridad para el gobernador. Que haya dos es un beneficio por la necesidad y la urgencia”, consideró Monteros. El presupuesto actualizado de cada una alcanzaría los $1.700 millones y se espera que la que estará en el Este tenga una financiación mixta (Provincia-Nación).

Detalló en qué instancia se encuentra la iniciativa. Consignó que si bien estaba previsto que fuera desarrollada por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) se definió que serán los municipios quienes las llevarán adelante, para que los procesos sean más ágiles, según dijo. Resta completar algunos trámites catastrales y la determinación de la valuación fiscal, entre otros. También están atados a los tiempos de la Justicia porque los terrenos donde se hará pertenecen al Ingenio San Juan, un establecimiento involucrado en litigios judiciales.

Los planes son idénticos. La capacidad de los edificios ronda los 200 detenidos y habrá cupo especial para personas de géneros no binarios. En el caso del bandeño, en el mismo terreno se destinarán oficinas a la Unidad Regional Este y se habilitará un helipuerto. Las áreas centrales, según se observa en los planos, constarán de dos grandes bloques poligonales (donde estarán las celdas).

La ubicación es cercana a donde estará el Centro Judicial del Este. El inmueble de las dependencias judiciales ya fue entregado a la Justicia, detalló el intendente, y en marzo comenzarían las obras.

En el caso de Las Talitas, el jefe municipal reveló que en su momento se analizaron varias opciones del Gran San Miguel de Tucumán para el emplazamiento alternativo y que la conectividad fue clave para que su ciudad fuera la beneficiada. “Lo que influyó fue la logística. El área está rodeada de autopistas, lo que permite mucha fluidez en los traslados de los detenidos. Es propicio que sean dos finalmente. Cuantos más haya habrá más descompresión del sistema. El anuncio había sido para la Banda, pero luego se posibilitó que otros municipios también pudieran recibir una inversión de este tipo. Pudo haberse dado por la interna, pero se analizó la logística”, manifestó Najar.

En el caso de esta segunda alcaidía, estará a la vera de la autopista de Circunvalación, en un terreno del Instituto de la Vivienda lindero con predios de la Estación Experimental. En la Legislatura se revisará la expropiación durante la sesión que se celebrará mañana.

Cuatro y la cárcel

El ex legislador Marcelo Caponio, quien se desempeña como asesor de Jaldo, estuvo en la génesis de las gestiones por los fondos para la primera alcaidía en Buenos Aires, cuando integraba la Unidad Norte Grande, junto a Sisto Terán. Enmarcó estos trabajos en un plan integral que puso en marcha Jaldo ni bien se hizo cargo del Gobierno.

Recordó que a las construcciones se sumará la refacción de otros dos sitios que funcionarán para el alojamiento de detenidos: dos ex escuelas, una en Delfín Gallo y otra en Río Seco. “El objetivo es que no tengamos detenidos en las comisarías, porque la Policía no tiene que cumplir funciones penitenciarias. Su función debe ser preventiva y es un esfuerzo enorme tener los condenados en las seccionales”, aseguró Caponio. Subrayó que el proyecto de la nueva cárcel será el más relevante en materia de seguridad y que, una vez que se concluya con todo lo proyectado, el cupo total será de 1.900 reclusos. Consignó que la penitenciaría se emplazará en un lugar de 130 hectáreas en Benjamín Paz, un terreno 10 veces más grande que el de Villa Urquiza, que permitirá ampliarla eventualmente.

De acuerdo con fuentes oficiales, es la obra cuya gestión está más avanzada y se podría adjudicar en marzo. El plazo de ejecución es de 18 meses y estiman que estaría terminada junto con las alcaidías.

Claves de la crisis carcelaria: infraestructura insuficiente para alojar detenidos

-En 2016, los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila advirtieron que había 600 personas detenidas en edificios de la Policía. La capacidad era de 150.

-La cárcel de Villa Urquiza también permanece a tope.

-La problemática se fue agravando y se tradujo en múltiples fugas y motines y en condiciones de encierro indignas.

-Actualmente habría más de 1000 personas alojadas en comisarías.

-El 98% de los detenidos se encuentra con prisión preventiva o condena firme. La Corte había prohibido que las personas que se encuentren en esas condiciones puedan estar en esos lugares.

-En total, hay alrededor de 2.500 detenidos y la capacidad es de 1.500.

-Cuando se terminen de construir todos los nuevos centros, habrá 1.900 cupos nuevos.