“Nadie entiende lo que padecemos las personas que afrontamos este problema. Un hijo adicto es como tener al diablo en la casa”, aseguró Soledad M., madre de un adolescente que, por orden judicial, se encuentra realizando un tratamiento de rehabilitación hace casi tres meses. Este es el quinto intento del joven en sus 17 años y lo inició luego de que ella lo denunciara por lesiones.

La mujer, empleada doméstica de 45 años, dio a luz tres hijos. El hombre de la casa, albañil, por la falta de trabajo se fue a Río Negro a trabajar en la cosecha de la manzana. No volvió más porque se enamoró de una joven con la que formó otra familia, según explicó su ex pareja.

El mayor se fue con su padre cuando terminó de juntar dinero para pagarse el viaje. Y lo hizo después de que sepultara a su hermano que se colgó de la mora del fondo de la casa cuando sufría una crisis de abstinencia. “Él no quería seguir viviendo con los familiares que le robaban el dinero que él ganaba trabajando. No lo detuve porque tenía razón”, explicó Soledad en una entrevista con LA GACETA. El menor, en cambio, sigue luchando por despegarse de ese infierno. “En todo este tiempo me di cuenta de que si no tenés plata, ves morir a tus hijos. Me cansé de pedir ayuda y nunca me la dieron”, añadió.

“Ya ni me acuerdo a todos los lugares a los que fui. Sólo puedo decir que me cansé de los golpes que recibía cuando no tenía dinero para darle. En la fiscalía me preguntaron más de una vez si estaba segura de lo que estaba haciendo. Cuando se enteraron de mi situación me dieron una mano. Le rezo a Dios para que cambie de una vez por todas”, finalizó la mujer, que parece 20 años más grande de tanto sufrir.

Hay centenares de expedientes de este tipo en las tres fiscalías de Género que funcionan en el Centro Judicial Capital. “Cada vez hay más, pero también se incrementan los delitos en los que el consumo de drogas está presente”, explicó el fiscal Ignacio López Bustos, que atendió el crimen de San Pablo.

Problemas

Gerardo Salas, que conduce una de las fiscalías de Género, explicó que es un problema que no para de crecer. “Los casos son graves porque se presentan padres, hermanos y abuelos a denunciar los delitos que generan los adictos. El problema es que muchas veces se arrepienten de hacerlo porque el acusado les promete que esa fue la última vez y después vuelve con la misma. Es un círculo vicioso que no termina más”; explicó.

“Normalmente -agregó el investigador- se tramitan exclusiones de hogar, prohibición de acercamiento o de producir actos perturbatorios, pero también solicitamos prisiones preventivas. Cuando detectamos casos de alto riesgo, directamente solicitamos que los imputados queden detenidos por un tiempo. En situaciones particulares, especialmente cuando no existe la figura de un delito, enviamos las causas a los juzgados de familias para que intervengan”, detalló.

Es tan importante el volumen de expedientes que se están recibiendo con esta problemática, que no se descarta que en un futuro no muy lejano, el Ministerio Público Fiscal decida crear una fiscalía especializada en violencia familiar.

“Actualmente contamos con otra herramienta. El MPF tiene una oficina de resolución de conflictos que tiene convenios con entidades públicas y privadas para que los denunciados se desintoxiquen o inicien un tratamiento de rehabilitación”, explicó. “Pero aquí hay otro problema: si no están dispuestos a recuperarse, es muy difícil que esto sirva”, finalizó.