La Argentina mantiene una historia de más de seis décadas como deudor del Fondo Monetario Internacional (FMI), siempre plagada de polémicas, malestar político y social.

Nuestro país es miembro fundador del organismo multilateral, que sentó sus bases en 1944, pero es en 1958 cuando comienza la historia de préstamos y deudas con el Fondo. El primer acuerdo se da en 1958, durante la presidencia de Arturo Frondizi. Se trataba de un préstamo por U$S 75 millones destinado a “estabilizar el problema cambiario” y “frenar la inflación”. En el partido, dentro del Gobierno y en la opinión pública, había resistencia a aplicar medidas que se contrapusieran a las promesas de la campaña electoral. El pacto con el FMI firmado por Donato del Carril a instancias de Frondizi tenía cláusulas secretas de implicaban un ajuste estructural, como la reducción del 15 % de los empleos públicos, la paralización total de las obras públicas, la privatización de las empresas estatales y congelamiento del salario mínimo por dos años, entre otras medidas. Pasaron 64 años de la rúbrica de aquel acuerdo y los puntos arriba mencionados se repitieron a lo largo de la historia del país, incluso hasta hoy: la inflación, los salarios, las obras públicas, el empleo estatal y la forma en que gasta el país en general se ponen en tela de juicio. Se cuestiona, en definitiva, el gasto público en general, de la mano de una Nación que no puede, desde hace años, ordenar sus finanzas, y los consecuentes pedidos y condicionamientos que le impone su prestador (el FMI) a cambio de financiar ese desface en las cuentas.

“El programa no cumplió con los objetivos de restaurar la confianza en la viabilidad fiscal y externa y, al mismo tiempo, propiciar el crecimiento económico”, dijo el 22 de diciembre del año pasado el organismo al concluir que el programa crediticio de 2018 con Argentina por U$S 57.000 millones -el más grande de la historia de la institución- “no cumplió” sus objetivos. Fue un mojón más en esa extensa y conflictiva relación de la Argentina con el FMI. Entre 1998 y 2002, en la profunda crisis que atravesaba nuestro país en ese entonces, las negociaciones con el Fondo y el apoyo para megas “blindajes” financieros terminaron con un Gobierno derrocado y una Nación sumida en la debacle económica-financiera.

El auxilio financiero solicitado en el 2018 por el Gobierno de Mauricio Macri fue de U$S 41.000 millones y, según el acuerdo original, el país debía pagarle al organismo multilateral entre interés y capital U$S 19.020 millones en el transcurso del 2022. Además, durante el 2023, el país debía abonar otros U$S 19.270 millones. En tanto, en el 2024 las obligaciones siguen con la cifra de U$S 4.856 millones.

Con un Banco Central cuyas reservas rondan los U$S 1.500 millones, no había posibilidad alguna que la Argentina pudiese cumplir con sus obligaciones. Llevándolo a términos hogareños, es como tener $ 10.000 en la caja de ahorros cuando tenemos que pagar $ 100.000 de tarjeta de crédito. Continuando con la analogía, y la revisión histórica, nuestro país vive de prestado desde aquel año en que Frondizi solicitó la asistencia externa. El problema de base de las últimas décadas es que el Estado gasta mucho más de lo que tiene para pagar y de lo que puede pagar. De esa forma, las finanzas colocan en una posición incómoda a los argentinos, que observan cómo su poder adquisitivo se desvanece de la mano de una inflación incontrolable y de un dólar cuyo valor se dispara continuamente.

La cuestión de la relación de los distintos gobiernos con el FMI debería ser mucho más que ideológica, porque lo que sería deseable es que la dirigencia política debata es qué quiere para su futuro y cómo puede vivir con lo suyo. El Estado se convirtió en una máquina generadora de egresos que no poseen sustentos reales, tanto en empleo público como en una maraña de subsidios que se convirtieron en una bola de nieve imparable que continuamente amenaza con llevarse puesto el porvenir de la Nación.