El pasado 6 diciembre (día del nacimiento del obispo Colombres, 6/12/1778) solía festejarse el día de la industria azucarera, a pesar que estos últimos años pasó desapercibida. Ahora al final del 2021 es necesario recordarlo. Pero en estas líneas vamos a enfocarlo principalmente en analizar las causas que condujeron a la peor crisis que sacudió la industria azucarera tucumana en toda su historia como aquella de 1966 con el abrupto cierre de 11 ingenios. Me tocó vivirla y trabajar para recuperar la actividad desde la Experimental.

Como resultó una crisis económica y social de gran magnitud, pasaremos por alto las otras crisis anteriores ocasionadas por enfermedades (epifitias) en los cañaverales (1918-21) por el virus del “mosaico” o la de 1941-43 por el hongo “carbón”, o por las muy severas heladas de 1955, con temperaturas de 5 y 6 grados bajo cero. Todas ellas impactaron muy fuerte la economía azucarera.

El recambio varietal duraba mínimo cinco años. También se destacan las crisis por superproducciones en 1892-96 o la de 1912 o aquella otra más grave de 1925-28 por el sistema de pago a la materia prima ya que hasta entonces se pagaba por peso de la caña y no por la calidad del jugo. Este conflicto con los 6116 cañeros que había, culminó con el recordado Laudo Alvear de 1928, donde por primera vez en la historia, comenzó a pagarse la materia prima, según la calidad del jugo extraído con la y ellas “primera presión” del trapiche, una pureza mínima de 71% y aparece la coparticipación de los azúcares producidos en un 50% para ambas partes, además de muchos otros aspectos (ver bibliografía al final). Es interesante destacar que en sus conceptos básicos esas medidas del Laudo, con la inspiración del doctor William E. Cross (Director de la Experimental por 30 años, hasta 1946), tienen vigencia el día de hoy… después de ¡¡93 años!!. Pero debemos advertir que no se evolucionó en cuanto a extraer y analizar el jugo según los cánones modernos de la actividad azucarera mundial. Seguimos estancados.

Hechas estas aclaraciones vamos al objetivo de fondo. La crisis de 1966 estalló ese año, pero su incubación venía de 20 años atrás. Fue consecuencia de un largo proceso que había comenzado en 1945, cuando él Estado Nacional resuelve intervenir en todos los aspectos concerniente al manejo del “negocio azucarero”. ¿En que forma?

Primero comenzó con el decreto 678/45 que regulaba toda la actividad por cinco años: fijaba precios de la materia prima y del azúcar, mas un subsidio para que no suba el precio azúcar. Cero incentivó la inversión pues la regulación frenaba todo. Los cañeros eran 13.947. En 1949 se crea la Dirección Nacional de Azúcar, para mayor control al incumplir el decreto de 1945. En 1950 sale otro decreto el 1231/50 para cuidar que no subir el precio del azúcar, por algo nuevo llamado inflación. Crea además otras medidas con la aparición de dos fondos: a) Fondo de Compensaciones y Asistencia (5 cvos/Kg a $ 2,5 Kg/azúcar). Los valores de por sí desconciertan. B) Fondo Regulador Azucarero para que sea una “cámara compensadora” de los desequilibrios.

Todo parece improvisación. Pero el tema central seguía como pagar la materia prima, mientras los costos crecían. En 1954 aparece la Resolución DNA 127/54 pero no clarifica nada. Siempre con un precio básico por t/caña y se bonificaba cada kilogramo de azúcar para que no suba el precio. Todo controlado, nada para crecer. A partir de ese año, hubo una liquidación distinta por año. Sólo había confusión. En 1957 se dicta el decreto ley 1695/57 para mejorar las “compensaciones”, porque el precio final regulado no alcanzaba. Entre 1959-65 se vuelve al régimen de “coparticipación provisoria” que en torno a un rendimiento de 7,812% deberían quedar 51% para el cañero y 49% para el ingenio. Pero vuelven las variaciones anuales de liquidación, creando más confusión.

Todo lo hacía el Estado. Las empresas sometidas y el campo absorto con las medidas. De aquel valor suben a 53,50%, luego 58%, baja a 57,44%, a 57,22%, y llega a 56.49 en 1966, que no alcanza a concretarse en los ingenios cerrados. Estupor y desconcierto total. Panorama complicado con precios congelados, mientras los costos crecían por la presión salarial. Los cañeros ya eran 16,690. Las empresas atadas de mano sólo atinaban a endeudarse con la banca oficial, (Banco Nación) y así poder sostenerse.

Es entonces cuando él Gobierno Nacional, sin analizar las causas que habían conducido esa situación decide drásticamente intervenir a 15 empresas ingenios (después habilitarían a cuatro) y así quedaron los 11 (once) ingenios cerrados. No hubo ningún plan de salvataje ni de refinanciación de deudas por algo que el propio Estado había manejado mal durante dos décadas. Tucumán nunca había vivido una cosa sí. En dicha crisis muchos miraron a las empresas, pero nadie advertía el nefasto papel del Estado Nacional en los 20 años previos con sus erráticas políticas intervencionistas que tenían inmovilizadas a toda la actividad. Todo regulado y ningún incentivo para invertir y crecer. Un análisis objetivo nos dice que las empresas no podían manejar algo tan elemental como es el precio de venta de su producto elaborado en base a sus costos. Ninguna otra actividad agro industrial del país tenía un régimen semejante. Se dependía del Estado. Al sistema regulatorio sólo le interesaba que el precio del azúcar no subiera y eso repercutirá también en el cañero, que recibía un bajo valor mientras los salarios crecían. Esta crisis tuvo un impacto económico y social tremendo con un éxodo masivo de población de unas 164.000 personas, según Censo de la época. Al estar todo regulado, no había intervención en la tecnología para ser eficiente, tanto en campo como las fábricas y por eso los rindes eran bajos. No se había crecido en 20 años. Había algo más de molienda porque los cañeros crecieron, las otras actividades agrícolas eran pequeñas, salvo las plantaciones de naranjas y mandarinas. El limón aún no existía. El rendimiento fabril medio era de 7,812%, la extracción de jugo en fábrica de 87,62% y la eficiencia de 91,33%.

En el campo los valores eran peores, como en las décadas de 1930 y 1940. Una ha apenas llegaba a 40/t y en azúcar a 3.120 kg. Una gran meta era llegar a 4000 kg el cultivo y la cosecha era toda manual. Altos costos por la presión salarial y bajos rindes. Los números no cerraban. Exportación nula y alcohol sin interés. En 1967 se reabren cuatro ingenios, pero manejados por el Estado, bajo el nombre de CONASA (Compañía Nacional Azucarera S. A.) que luego pasarían a manos privadas hasta hoy en día. Se crea el Comité Operativo Tucumán para facilitar la instalación de nuevas empresas fabriles y así absorber la mano de obra desocupada (logrado a medias).

Tenían grandes exenciones impositivas (que la industria azucarera nunca lo tuvo). La crisis obligó a cambiar todas las formas de trabajar, tanto en el campo y fábricas. Había que incorporar más tecnologías para bajar costos y aumentar los rindes y así lograr la recuperación.

Ese proceso llevó unos 10 años (1967-77). En 1967 el Gobierno Nacional advirtió que debía subsanar los errores cometidos y procurar que la actividad salga adelante. LA GACETA seguía diariamente de cerca todo esto. Primero fue con la ley 1.7163/67 fijando los cupos de producción de azúcar, etc. y creando del Fondo de Emergencia Azucarera para estimular exportaciones, establece pautas para la calidad de jugo y así surge el controvertido “factor de Java” en 0,79 para Tucumán, entre otros temas. El Estado seguía presente pero con otro enfoque. En 1972 se cambia por otra ley la 19.597/72 con resoluciones 143/72 y 1.106/73 que eleva el factor a 0,81 para Tucumán y 0,82 para Salta y Jujuy cuando ambos deben ser iguales. Así Tucumán pierde. En 1979 la DNA establece el “factor K” (0.85185) para servir de base a una coparticipación del 57,6% y que el cañero reciba 53 kg de azúcar y el ingenio 39 kg con piso de 92 kg/azúcar/t/caña.

Al cabo de 10 años, la actividad estaba recuperada gracias a nuevas tecnologías. El campo producía 54 t/caña/ha y variaba en torno a 5.000 Kg/azucar/ha. Las fábricas tenían 9,805% Rto. (1,99 puntos más), la extracción 91,75% (cuatro puntos) y la eficiencia 97,09% (5,3 puntos).

En 1991 se produce la “desregulación azucarera”. Desaparece la DNA y el Estado deja de intervenir. Así quedaba sin efecto el decreto 1.079/85 y la resolución 45/85 que habían establecido el régimen de “maquila y depósito” para asegurar el pago de la materia prima a los productores. Era un sistema más ordenado que los anteriores y surgía del azúcar producido. La coparticipación sigue vigente al día de hoy con acuerdo de partes (sin intervención del Estado) y oscilen 57-58% pero al amparo de la ley 25.113. En 1991 los cañeros eran 13.255 y con la desregulación fueron bajando a unos 6.540 (20 años después), casi como en 1928. Por último entre 1995-99 a raíz de las delicadas discusiones con Brasil dentro del Mercosur (Mesa de azúcar y alcohol), nuestro país debía tomar precauciones para cuidar la actividad y así sancionan las leyes 24.897/97 y luego 25715/03 con cláusulas arancelarias “proteccionistas” al azúcar, similares a las que hacen todos los países de la OECD.

Ver bibliografía del autor: 1) Agronomía de la Caña de Azúcar en capítulo 11(once). Ed. 1995. 2) Los Subsidios Agrícolas: el drama de los países en desarrollo. Ed. 2006. 3) Bio Combustibles. Ed. 2009. 4) Caña de Azúcar: aportes a su valoración. Ed. 2014.