A Luigi Ferrajoli (Florencia, Italia, 1940) la pandemia lo reforzó en su creencia de que no puede haber una mundialización económica justa y equitativa sin un orden jurídico planetario. “Necesitamos una Constitución de la Tierra para enfrentar peligros globales”, dijo el prestigioso intelectual en esta conversación por escrito que consiste, en total, en un intercambio de 17 correos electrónicos iniciado en junio de 2021. La primera motivación del carteo fue el décimo aniversario de una de sus obras cumbre, “Poderes salvajes”, un ensayo clave para comprender el desgaste de la democracia. Además de actualizar y ratificar las preocupaciones que enunció en esa obra, el capo del Derecho reflexionó acerca de las desigualdades que expuso la emergencia sanitaria. Y hasta dejó un mensaje para los que se resisten a la inmunización. “Dado que la no vacunación crea un riesgo de contagio para otros, invocar la libertad de no vacunarse equivale a invocar la libertad de dañar a otros” , advirtió Ferrajoli.

A los 80 años, el padre del garantismo y doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) mantiene su fe en la docencia, y en la conducta ejemplar de quienes deben transmitir el conocimiento y los valores. “Me gustaría hacer comprender a los jóvenes que el verdadero bienestar, diría la verdadera felicidad, depende, mucho más que de los llamados éxitos materiales, de la pasión civil y política, y del sentido de la solidaridad entre seres humanos”, anheló.

-¿Cómo ve a “Poderes salvajes” ahora que transcurrieron 10 años desde su publicación? ¿Qué hizo el tiempo con su ensayo?

-Desafortunadamente, los poderes salvajes ilustrados en ese libro se han vuelto, en los últimos años, aún más poderosos, intrusivos y rebeldes. Nuestra democracia está amenazada en especial por los poderes salvajes, tanto políticos como económicos, de carácter global, que en estos diez años, con el desarrollo de la globalización de la economía y las finanzas, se han fortalecido. Con los procesos de globalización, por tanto, las decisiones que importan se han desplazado cada vez más fuera de las fronteras de los estados nacionales. Piense en el G-7, el G-4, el G20, y en el papel de las instituciones económicas globales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio y, sobre todo, en las grandes empresas multinacionales. A esto siguió, debido a la asimetría entre el carácter global de los poderes políticos y económicos que importan, y el carácter predominantemente local de las funciones públicas, tanto de gobierno como de garantía, la subordinación de la política a la economía y el consiguiente desarrollo de procesos deconstituyentes que se manifiestan en la reducción de los derechos sociales, y en atentados catastróficos contra el medio ambiente y la salud de las personas.

-En 2012, hace una década, usted vino a Tucumán a recibir un título de doctor honoris causa. En esa oportunidad, afirmó que el poder público sólo podía ser legítimo si justificaba sus actos. ¿Qué ha sucedido con el Estado de derecho? ¿Percibe cierto desgaste en las esperanzas que había entonces, por ejemplo, en los tribunales internacionales de derechos humanos?

-El Estado de derecho está en crisis incluso en las democracias más avanzadas por muchas razones, la más importante de las cuales es la ausencia de una esfera pública y un derecho público internacional a la altura de los poderes globales de los mercados. En cuanto a los tribunales internacionales, por un lado, sería necesario ampliar la competencia de los existentes, por ejemplo la de la Corte Penal Internacional, que debe extenderse a las lesiones de las libertades fundamentales impuestas por regímenes despóticos. Y, por otro lado, habría que introducir nuevas jurisdicciones, como un tribunal constitucional internacional capaz de invalidar normas en contraste con las muchas cartas de derechos humanos que existen.

-Volvamos a “Poderes salvajes”, ¿cree que los controles democráticos y republicanos han podido perfeccionarse a la altura del avance de las nuevas formas de abuso de la función estatal y del autoritarismo?

-Lamentablemente no. Al contrario, se han debilitado.

-¿Considera que la población es consciente de la fragilidad jurídica de los sistemas en los que vive y de que la vigencia de los derechos es algo que nunca está del todo conquistado?

-La vigencia de los derechos fundamentales depende de las luchas permanentes en su defensa, lo que obviamente presupone tres condiciones: en primer lugar, el conocimiento de estos derechos y, por lo tanto, la plena conciencia de sus lesiones; en segundo lugar, la capacidad de movilización política de quienes sufren y sufren tales lesiones, y, en tercer lugar, una fuerte solidaridad social en apoyo de estas luchas. Estas tres condiciones deben ser aseguradas por los partidos políticos, que hoy lamentablemente se han desprendido de sus bases sociales.

-¿Cómo actuó el poder frente a la pandemia? ¿Hubo, en general, una respuesta salvaje al coronavirus?

-Los aspectos más negativos de esta respuesta fueron la subestimación, especialmente al inicio de la pandemia, y su carácter local, no global. En muchos países se ha ignorado el virus, o, en cualquier caso, se han adoptado medidas inadecuadas o inoportunas, con el resultado de favorecer más oleadas de contagios y de multiplicarse las defunciones. Como consecuencia de la interconexión del mundo, los errores nacionales tienen efectos transnacionales. Nuestro sistema internacional ya cuenta con una Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero esta institución no está ni remotamente a la altura de las funciones de garantía de salud global, debido a la escasez de medios -el presupuesto para 2018-2019, en el momento previo a la pandemia, era de tan sólo U$S 4.400, en su mayoría aportados por particulares- y a la falta de poderes efectivos. Ni siquiera cuenta con los recursos y equipos necesarios para llevar medicamentos “esenciales” o “salvadores” a los países pobres del mundo, que hace más de 40 años estableció que deben ser universalmente accesibles y cuya carencia provoca ocho millones de muertos cada año. Además, en esta ocasión, ha mostrado una ineficacia sensacional.

-¿Qué hay que hacer para modificar esta situación?

-Conviene reformar y reforzar la Organización Mundial de la Salud en términos de financiamiento y de competencias para transformarla en una auténtica institución global de garantía sanitaria capaz en primer lugar de prevenir las pandemias y de detener su contagio de raíz. En segundo lugar, debe responder a las amenazas mundiales para la salud y a todas las demás enfermedades mediante principios rectores generales, y con facultades para encomendar adaptaciones a las diferentes situaciones territoriales. En tercer lugar, la OMS debe llevar la ayuda médica necesaria -desde equipos hasta vacunas y desde otros medicamentos que salvan vidas hasta los hospitales- a los países más pobres y desfavorecidos. Si hubiera habido una gestión multinivel tan unificada y oportuna, coordinada por una institución de garantía global verdaderamente independiente, hoy no lamentaríamos las millones de muertes que hubo.

-¿Fracasó la integración y la cooperación internacionales en el momento en el que esto era más importante que nunca?

-Cada Estado ha adoptado, en diferentes momentos, medidas diferentes y heterogéneas contra el virus, por lo general completamente insuficientes porque estaban condicionadas por el temor a dañar la economía y, en todos los casos, por fuentes de incertidumbre, confusión y conflictos entre los diferentes niveles de decisión. Incluso en Europa, los 27 países miembros de la Unión se han movido sin ningún orden en particular, cada uno mediante la adopción de estrategias diferentes, aunque incluso los tratados constitutivos impusieron una gestión común de la epidemia. El artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, tras afirmar que “la Unión garantiza un alto nivel de protección de la salud humana”, de hecho establece que “los Estados miembros coordinan entre sí y con la Comisión sus respectivas políticas, “y que el Parlamento Europeo y el Consejo también pueden tomar medidas para proteger la salud humana, en particular para combatir los grandes flagelos que se extienden a través de las fronteras”. Además, el artículo 222, titulado “Cláusulas de solidaridad”, establece que “la Unión y los Estados miembros actúan conjuntamente con espíritu de solidaridad si un Estado miembro es víctima de un desastre natural”. La distribución de vacunas ha sido más uniforme en Europa. Pero precisamente en el acceso a las vacunas, a pesar del interés de todos por la vacunación universal y las buenas intenciones repetidamente declaradas, se ha manifestado la enorme y vergonzosa brecha entre países ricos y pobres. La producción de vacunas en 2021 fue asumida casi por completo por los países ricos. En muchos países pobres, especialmente en África, sólo se han recibido algunas vacunas y recién para 2024 se espera que las vacunas estén disponibles en todo el planeta.

-¿Cómo vio el manejo de los estados de alarma, los confinamientos y las restricciones a la circulación?

-Los gobiernos tenían toda la razón: los estados de alarma eran necesarios. En ese contexto, las protestas contra las limitaciones de las libertades son absolutamente inútiles. La libertad consiste, como establece el artículo 4 de la Declaración de Derechos de 1789, en el derecho de todo el mundo de hacer sólo lo que no perjudique a los demás. De ahí la disposición en la mayoría de las constituciones, comenzando por la italiana, de la obligación de los tratamientos sanitarios, como las vacunas, para proteger la salud colectiva. Dado que la no vacunación crea un riesgo de contagio para otros, invocar la libertad de no vacunarse equivale a invocar la libertad de dañar a otros.

-¿Qué consigue, a mediano y largo plazo, un régimen de impunidad de los poderosos como el existente en la Argentina? ¿Cuán cerca estamos de una democracia de mafias y no de ciudadanos?

-Nunca viviremos en un mundo deontológicamente perfecto. Siempre habrá fenómenos de corrupción y crimen organizado. Sin embargo, la solidez de una democracia se mide por dos factores: en primer lugar, por la capacidad de sus instituciones de garantía primaria -salud, educación, trabajo y subsistencia- para reducir al máximo las causas sociales de la delincuencia, y, en segundo lugar, por la capacidad de sus instituciones de garantía secundaria o judicial de aplicar el derecho penal incluso a los poderosos, gracias a su independencia y su sujeción efectiva a la ley.

-En el último tiempo ha defendido la necesidad de establecer una “Constitución de la Tierra”. ¿Puede explicar en qué consiste esa idea y por qué la juzga necesaria?

-La humanidad se enfrenta a emergencias globales que ponen en peligro su propia supervivencia: el calentamiento del clima destinado, si no es detenido, a hacer inhabitables partes crecientes de nuestro planeta; la amenaza nuclear que emana de las miles de ojivas atómicas esparcidas por el globo y dotadas de una capacidad de destrucción total; el aumento de las desigualdades y la miseria, y la muerte de millones de seres humanos cada año por hambre o enfermedades no tratadas; la expansión de regímenes despóticos que violan sistemáticamente las libertades fundamentales, y otros derechos proclamados en muchas cartas constitucionales e internacionales; el desarrollo del crimen organizado y las economías ilegales, que han mostrado una extraordinaria capacidad de contagio y corrupción en la economía legal y, finalmente, la tragedia de cientos de miles de migrantes, cada uno de los cuales huye de alguna o de una combinación de estas tragedias. Ninguna de estas emergencias -la pandemia aún en curso es prueba de esto- puede ser enfrentada por estados nacionales individuales. Sólo una Constitución de la Tierra dotada de la rigidez que es típica de todas las constituciones más avanzadas puede enfrentar estas emergencias mediante la imposición de límites y restricciones a los poderes salvajes de los estados soberanos y de los mercados globales. Sólo una Constitución de la Tierra, que introduce funciones globales adecuadas para garantizar el medio ambiente y los derechos humanos, establece una propiedad estatal planetaria para proteger los bienes vitales de la naturaleza; puede prohibir las fuentes de energía no renovables, los desechos tóxicos y las armas, comenzando por las armas nucleares, e implementar un sistema tributario global capaz de financiar las instituciones de garantía. Esta Constitución de la Tierra es lo que necesitamos para la promoción efectiva del universalismo de los derechos humanos; para garantizar la paz y, sobre todo, para asegura la habitabilidad del planeta y la supervivencia de la humanidad.