Tucumán fue la primera provincia argentina que decidió que las vacunas contra el coronavirus son obligatorias para todos los mayores de 13 años.
Y lo hizo elípticamente, de la noche a la mañana y por decreto.
En forma elíptica, porque en el texto que firmó el gobernador sustituto, Osvaldo Jaldo, si bien no se especifica que todos los tucumanos están obligados a colocarse alguna de las vacunas, sí se les restringe sensiblemente la libertad individual a aquellas personas que no estén vacunadas con las dos dosis, además se les limita determinadas acciones y se les prohíbe el ingreso a numerosos sitios.
Lugares donde haya algún tipo de aglomeración de personas, como bancos, farmacias, sanatorios, hospitales, iglesias, sedes judiciales, reparticiones públicas, comisarías, además de todo tipo de comercios, espectáculos, eventos deportivos, etcétera.
No se mencionó en el decreto a los actos políticos y a los mítines partidarios, como las multitudinarias reuniones que se llevaron a cabo hasta hace dos semanas o como la que se realizó durante el mismo anuncio del decreto, en un repleto Salón Blanco de Casa de Gobierno.
Tampoco fue de la noche a la mañana, fue de la mañana a la mañana, porque Jaldo firmó el decreto el 1 de diciembre para que entrara en vigencia ese mismo día, mientras le acababa de informar sobre la medida a representantes del sector privado de la economía y a los gremios.
Fue de forma intempestiva y compulsiva, desordenada, y sin prever las complicaciones de su aplicación en numerosos ámbitos.
Suponemos que el 12 de diciembre, cuando Atlético Tucumán reciba en su estadio a River Plate, las más de 32.000 personas que seguramente coparán el Monumental José Fierro ingresarán con su pase sanitario en la mano.
También estimamos que el presidente del club y diputado nacional, Mario Leito, garantizará que esta medida sea de cumplimiento efectivo. Muchos estaremos expectantes para ver hasta dónde se cumple el decreto en la, hasta ahora, mayor aglomeración de personas que habrá en la provincia este mes.
Porque la medida que dispuso el gobierno le delegó el poder de Policía a los ciudadanos, un rol que es innato del Estado y es indelegable, según mandato constitucional.
¿Están vacunadas las miles de personas encargadas de exigir el pase sanitario? ¿Están vacunados todos los empleados de comercio, los mozos y encargados, los empleados de los clubes deportivos, los gimnasios, de los boliches, entre otros? ¿Están vacunados todos los empleados públicos que atienden en las distintas reparticiones?
¿Recibieron las vacunas todos los curas, rabinos, imanes, pastores y sus colaboradores religiosos?
Igual con los cajeros de los supermercados, o empleados de cines y teatros. ¿Están vacunados los actores, actrices y músicos que actuarán hasta el 31 de diciembre, muchos de los cuales vienen de otras provincias o países?
Son algunas de las preguntas que nos surgen. Como el interrogante de por qué no se exigirá el pase sanitario para subir a un ómnibus, donde a veces vemos que viajan de pie y amontonados hasta 30 o 40 pasajeros.
¿Cuál fue el argumento de esta excepción? ¿Acaso un guiño para los empresarios del transporte? ¿Por qué? Si hay cien veces más riesgo de contagio en un colectivo que en una cancha de fútbol 5, en un gimnasio o en un evento al aire libre.
Chau Constitución
Y finalmente, decíamos que también se hizo por decreto. Acto que es manifiestamente inconstitucional, ya que los derechos constitucionales sólo pueden modificarse por ley (Poder Legislativo), no por la simple firma de una autoridad ejecutiva.
Sabemos que Argentina en general, no sólo Tucumán, arrastra una controvertida y manoseada historia en torno de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Con la reforma constitucional de 1994, durante la presidencia de Carlos Menem, se creó una institución muy valiosa para limitar el excesivo presidencialismo que rige en el país, que a la vez está agravado por su carácter profundamente unitario.
Se tardaron 12 años en reglamentar la ley 26.122 que ponía límites claros al uso discrecional de los DNU presidenciales, a través de una comisión bicameral, que podía aprobar, rechazar o modificar los decretos.
Fue en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner. El problema es que el kirchnerismo aprovechó la abrumadora mayoría que tenía ese año para modificar la ley, de tal modo que a la postre le terminó concediendo más poder a las arbitrariedades presidenciales.
El resultado fue que Kirchner, en un solo mandato, terminó siendo el presidente que más decretos dictó desde que se empezó a usar este recurso en democracia, durante la gestión de Menem.
Kirchner firmó en cuatro años 236 decretos, y superó a Menem, que había impuesto 195 decretos, pero en diez años.
El resto del ránking del decretómetro se completa así: Eduardo Duhalde, 154 (un año y medio de gestión, aunque en un país implosionado); Alberto Fernández lleva hasta ahora 116 (en menos de dos años); Cristina Fernández, 78 (en ocho años); Mauricio Macri, 70 (cuatro años); Fernando de la Rúa, 59 (dos años); y Adolfo Rodríguez Saá, quien firmó seis decretos en una semana.
Europa, nuestro fiel espejo
Es curioso como durante la pandemia el Gobierno señala a Europa y a Estados Unidos según la conveniencia del momento. “Ah, pero Alemania”; “Ah, pero Francia”, pasaron a ser estos días el “Ah, pero Macri” del coronavirus.
Pasamos del desastre estadounidense a decir ahora que New York es un ejemplo a seguir.
El sofismo maniqueísta de nuestras autoridades no tiene bemoles.
Hoy señalamos a algunos países europeos para justificar el pase sanitario, como si en materia institucional hubiera alguna comparación posible.
No supimos, y eso que los medios europeos son implacables con el poder político, que Ángela Merkel o Emmanuel Macron hayan organizado fiestas en sus residencias de gobierno durante la cuarentena.
O asados, reuniones políticas o actos masivos como en Tucumán y en casi todo el país.
Además los países europeos están actuando, cada cual según su propio criterio, luego de que el Parlamento de la Comunidad Europea aprobara diferentes medidas para todo el continente, entre ellas el pase sanitario, dado que comparten mucho más que una moneda y están muy cerca entre ellos en la mayoría de los casos.
Aquí sale todo por decretazo, como corresponde a nuestra magullada idiosincrasia, como ocurrió con la cuarentena más larga del mundo y cuyas consecuencias fueron nefastas en todos los órdenes de la vida, incluido que somos el décimo país con más muertes por Covid por millón de habitantes, entre 197 naciones -en un momento llegamos a ser el quinto- y también somos el tercero de la región, después de Perú y Brasil.
Existo, luego pienso
Improvisación permanente, en economía, en salud, en seguridad, es el sello de este gobierno nacional/provincial. Hace menos de dos meses el jefe de Gabinete, Juan Manzur, casi decretaba el fin de la pandemia y del uso obligatorio del barbijo.
Ahora se usó a Tucumán como prueba piloto a nivel nacional en materia del pase sanitario.
Apenas 24 horas después de que Jaldo firmó el decreto, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, declaró que en una semana aproximadamente el pase sanitario que se implementó en Tucumán podría hacerse extensivo a todo el país.
Es evidente que la Nación estará monitoreando los resultados del experimento en Tucumán.
¿Sabrá Vizzotti que en Tucumán se venden certificados de vacunación falsos? ¿Y de la vacuna que uno elija? Es probable que esto también ocurra en otros distritos.
Lo que no es probable sino que es seguro, es que a partir de este decreto inconstitucional y autoritario el negocio de la “ilegalidad sanitaria” crecerá de forma exponencial.
Con ello se nos presentan otros interrogantes: ¿Qué harán las personas que por razones de salud o prescripción médica no pueden vacunarse?
También nos preguntamos qué pasará con las protestas, los piquetes y las movilizaciones masivas que a diario ocurren en la provincia.
¿Le exigirán pase sanitario a la gente para amontonarse en las movilizaciones?
Y mejor ni hablar de los potenciales hechos de agresión o violencia que podrían generarse entre ciudadanos, unos haciendo de policías y otros de “civiles”, cuando se produzcan discusiones o actos de rebeldía.
En una sociedad tan crispada las probabilidades son altas.
Incluso en Europa, allá donde nos comparamos tanto, se están produciendo graves incidentes por las limitaciones a la libertad.
Tampoco imaginemos la posible catarata de juicios y demandas que podrían surgir, comenzando por los juicios laborales en el Estado, que obligará a los empleados públicos a inocularse para ir trabajar, con una vacuna que no es obligatoria.
Estamos en un contexto de Estado ausente repleto de privilegios. En lo que el Estado no está nunca ausente es en la recaudación impositiva, esa exprimidora insaciable.
¿Alguien imagina al portero de Tribunales frenando en la puerta a un juez que no tiene pase sanitario? ¿O a un ministro, o a un legislador, o a un intendente? En Tucumán eso no ocurrirá nunca, lo sabemos todos. Y si llegara a pasar sería noticia nacional. “Un guardia le negó el ingreso al presidente de la Corte porque olvidó el certificado”. Ciencia ficción.
El británico William Godwin, considerado uno de los fundadores del anarquismo liberal, hace un par de siglos lo definió de manera muy clara: “El gobierno simula estar a nuestra disposición personal, pero en realidad sólo vigila nuestras transacciones privadas”.